El Gobierno se enfila hacia un “combo letal” energético
Con una oferta que se mantendrá por debajo de la demanda energética por las altas temperaturas previstas para el comienzo del 2025, el Poder Ejecutivo nacional se debate postergar el proyecto de extensión de vida de la central nuclear Atucha I. Mientras tanto, se avanza con la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas.
El Gobierno tiene una bomba entre sus manos. Preocupa el tema energético. Y es motivo de atención que en los próximos meses, al ritmo de un consumo que se verá incrementado fuertemente por la entrada de un verano que promete no dar respiro, seguirán los aumentos en las boletas.
Las subas del 4 por ciento en promedio, programadas a partir de septiembre, se mantendrán en línea con los duros incrementos del primer semestre de este año, en el que se produjo una quita de subsidios y se redujeron los topes de consumo con asistencia. Pero este golpe a los bolsillos no se traduce en una recuperación de la producción que pueda surtir toda la demanda que se avecina.
PROBLEMA NUCLEAR
Este combo resulta explosivo para el presidente Javier Milei y el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, que ahora, de acuerdo a la información que suministró el portal especializado en la materia EconoJournal, evalúan retrasar el proyecto de extensión de vida de la planta de energía nuclear Atucha I que se encuentra en Zárate.
Milei hizo ademanes de confianza en su red social Twitter X e intentó despejar los rumores de la preocupación oficial cuando compartió, en las últimas horas, un posteo de la secretaría que marcaba el crecimiento de la producción en materia de energía nuclear, alcanzando los 1.174.116 megawatt (MW)
El porcentaje del total de potencia instalada por fuente que representaba este suministro de energía, en 2023, solo alcanzaba el 4 por ciento. Por lo que los festejos parecerían precipitados, ya que la Argentina depende mayoritariamente (en un 58 por ciento) de las centrales termoeléctricas, que utilizan como fuente de energía el calor que que proviene de los combustibles fósiles (carbón, gas natural y derivados del petróleo).
Le sigue la potencia instalada de las represas hidroeléctricas que explican el 25 por ciento del total de la energía producida, y las fuentes de energía renovables con el 13 por ciento. La energía nuclear, en el cuarto puesto con el 4 por ciento.
De este último porcentaje, Atucha I representa solo un punto. Y ese 1 por ciento marca un punto bisagra para saber si las viviendas particulares podrán resguardarse de las sofocantes olas de calor que se asoman para el próximo verano y si la capacidad industrial instalada podrá operar normalmente. Así de desesperante es el cuadro.
Los números no mienten. De acuerdo a un informe que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), que se encarga de administrar el mercado eléctrico mayorista, el consumo de energía podría llegar a los 30.700 MW, es decir, más de 1.000 MW por encima del récord histórico registrado en febrero de este año, como difundió el periodista Roberto Bellato. “Será necesario importar la máxima capacidad (2.500 MW) y reducir reservas operativas”, se plantea en este alarmante reporte técnico.
Frente a este escenario, el Gobierno busca reaccionar para intentar robustecer el parque de generación y el sistema de transmisión de energía. Sabe que la paciencia de buena parte de la población, golpeada por la crisis económica, pende de un hilo y que se puede cortar con cualquier disparador. El próximo verano podrían haber problemas, no solo los usuales en la distribución de energía, sino también en la cadena de generación.
Es por eso que, a pesar de los rumores sobre una potencial privatización de Atucha I, el Gobierno debe intervenir en la central. A finales de septiembre debía dejar de funcionar la planta, para comenzar con el proceso de extensión de su vida útil. Ahora la intención de la administración “libertaria” es que ese proyecto sea aplazado para después del primer trimestre de 2025. Buscan disponer de los 362 MW de esta central nuclear para reforzar el escuálido sistema.
PROBLEMA HIDROELÉCTRICO
Al mismo tiempo que se producen los manotazos de ahogado en un área de la generación de energía no fósil, el Gobierno de LLA se choca con los escollos autoinducidos por su plan económico en la otra punta.
Lejos de plantear la construcción de nuevas represas hidroeléctricas, intensificar las obras que se encuentran en curso, o renegociar con su socio Paraguay en la Central Hidroeléctrica Yacyretá los porcentajes de utilización de la fuente energética para cada país, Milei y Chirillo planean vender las empresas nacionales.
El gobierno nacional planea avanzar con la reprivatización en los próximos seis meses, de cuatro represas hidroeléctricas. En este prmer paquete de concesiones de Milei se encuentran las represas de Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Estas firmas actualmente están concesionadas y son operadas con prórrogas transitorias. Esta disposición figura en el decreto 718/204 que se publicó en el Boletín Oficial, tan solo una semana después de la reglamentación del capítulo de privatizaciones de la Ley Bases.
Dicha norma también plantea que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas indicadas.
Aunque se estipula que habrá un plazo de "un año como máximo para todo el proceso: realizar el concurso (plazo de 180 días a partir de puesta en vigencia del presente Decreto) y Licitar las nuevas Concesiones por 30 años”, Chirillo dispondrá ahora de la venta del paquete accionario de estas represas.
En la normativa se informa que las empresas Energía Argentina S.A (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), votadas dentro de la Ley Bases para su privatización, deberán transferir a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalizar el proceso.