Desde que el escándalo Stornelli-D’Alessio se hizo público y salpicó de lodo a sectores encumbrados del poder político, la justicia y la prensa, los principales sospechosos se enfocaron en quitar del medio al juez Alejo Ramos Padilla y llevar el caso a Comodoro Py, hogar mismo de la familia judicial. Esa fue y es la estrategia central de los imputados, los procesados y los rebeldes, que en los últimos días multiplicaron la presión para que la causa –en su mayoría o en su totalidad– deje de tramitarse en Dolores y sea descuartizada en los tribunales de Retiro. Así lo desean el fiscal Carlos Stornelli y su contacto de WhatsApp, el falso abogado Marcelo D’Alessio, pero también es el objetivo urgente de Cambiemos y sus operadores judiciales.

La Casa Rosada quiere que este tema, que nació como una molestia inesperada y se convirtió en una amenaza real, se desactive de forma terminante y sin demoras. Por eso, el oficialismo se aseguró de que el mensaje le llegue fuerte y claro a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, un tribunal que ha venido respaldando a Ramos Padilla pero que ahora debe decidir, en concreto, sobre la cuestión de la competencia. Es decir, si la investigación sigue en Dolores, donde avanza a paso firme y, para muchos, preocupante, o si pasa a la Ciudad de Buenos Aires, con un futuro que sin dudas será bien distinto.

Mientras los “salpicados” apuestan todo a esta maniobra, cada día se acumulan más elementos que comprometen a Stornelli y D’Alessio, como ocurrió con la declaración testimonial de Jorge Christian Castanon, exesposo de Florencia Antonini Modet, la pareja actual del fiscal caído en desgracia. Piloto de avión de origen peruano y nacionalidad estadounidense, Castanon aparece en un intercambio de mensajes donde Stornelli le consultó a D’Alessio si podía investigarlo y perjudicarlo en su actividad, a lo que el espía le sugirió la alternativa de plantarle drogas. Castanon relató que, luego de que este hecho se difundiera, Antonini Modet le pidió que no acudiera a la justicia: “Ella me comenzó a decir varias cosas vinculadas a la causa, tales como que no venga a declarar acá, que arregle las cosas con Carlos directamente, que todas estas cosas eran temas familiares, que Carlos ya había hablado con Mauricio y que ese jueves iban a destituir al juez”. Castanon fechó esa conversación días antes de que Juan Bautista Mahíques, funcionario del Ministerio de Justicia y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, presentara el pedido de juicio político contra el magistrado.

Ramos Padilla también recibió la presentación espontánea del exjuez Carlos Rozanski, quien pidió ser querellante y denunció por extorsión al ministro de Justicia, Germán Garavano, y al exmagistrado y consejero de la Magistratura Luis María Cabral. Rozanski aseguró que en octubre de 2016 mantuvo una reunión donde Garavano y Cabral lo presionaron para que renunciara. Se refirió a una fuerte campaña mediática en su contra, por la cual señaló a varios periodistas, y planteó que la avanzada fue parte de un acuerdo entre el gobierno y Leonardo Fariña, en cuyo testimonio el oficialismo centraba grandes expectativas y a quien por entonces Rozanski investigaba en una causa por “evasión agravada”. El exjuez federal de La Plata hizo esta acusación luego de que la abogada Giselle Robles, quien fue defensora de Fariña, y el procesado y detenido Hugo Rolando Barreiro, exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia, aseguraran que hubo contactos entre Garavano y el “valijero” para “guionar” su declaración y direccionarla contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En los últimos días, además, se sumó un nuevo nombre de peso a los posibles espiados por la asociación ilícita que persigue Ramos Padilla: en el entorno de Ricardo Lorenzetti están convencidos de que el ministro de la Corte Suprema fue otro de los objetivos, al igual que pudo haber pasado con sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. “Son ellos. Estamos seguros. Lo sé porque los investigamos”, consignó el diario Página/12, atribuyendo estas palabras a una fuente del máximo tribunal.

El estallido del caso Stornelli-D’Alessio coincidió con un momento de franco deterioro en la relación de la Corte y la Rosada. No es por eso extraño que un sector de los “supremos” esté en desacuerdo con que la investigación por la red de espionaje pierda a su juez natural y se mude a Comodoro Py para su subdivisión. El dato no es menor si se tiene en cuenta que, eventualmente, la Corte puede tener que expedirse al respecto, si es que se agotan las instancias de apelación y la puja por la competencia llega hasta sus manos.

La versión de la salida de Ramos Padilla y el desguace del expediente ganó fuerza después de que Juan Manuel Pettigiani, fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones marplatense, respaldara la solicitud de su par de Dolores, Juan Pablo Curi, y dictaminara que el magistrado actual es incompetente. Incluso, Pettigiani adelantó que si no tiene éxito en su pedido, acudirá a la Casación Penal.

A su vez, en este juego interminable de desautorizaciones, el propio fiscal de cámara ya fue acusado de parcialidad: el abogado Maximiliano Rusconi, querellante en la causa, pidió que lo apartaran por supuestos vínculos con el oficialismo. Le endilgó una “total pérdida de objetividad” y se refirió a relaciones de Pettigiani con el Partido de la Fe, aliado del PRO y fundado por Gerónimo “Momo” Venegas, el fallecido líder de Uatre. “Existen declaraciones púbicas, fotografías, que ubican al Sr. Fiscal relacionado directamente con sectores de la política electoral asociados al hoy Poder Ejecutivo Nacional, dirigido por el Frente Cambiemos”, denunció Rusconi, quien también aseguró que Pettigiani mantiene contactos con Roberto Ribas, abogado defensor de Stornelli.

Con todas estas complejidades, en los próximos días los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Giménez deberán tomar una determinación: Dolores o Retiro. Una vez conocida la decisión del tribunal de Mar del Plata, el gobierno sabrá si finalmente se quitó esta preocupación de encima o si, por el contrario, será otro problema sin solución con el que lidiar en plena campaña electoral.