Alrededor de las 22 horas del lunes, y luego de un pésimo día en los mercados y con una nueva fuerte caída de las reservas por la intervención del Gobierno para mantener el dólar planchado, se conoció el Decreto de Necesidad y Urgencia que autoriza al Ejecutivo a suscribir un nuevo acuerdo con el FMI. Entre gallos y medias noches Milei decidió violar la ley, pisotear al Congreso y dar una nueva muestra de su concepción autoritaria y personalista del ejercicio del gobierno.

El 179/2025 establece un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el FMI pero no informó ningún detalle del mismo, ni el monto que recibiría la Argentina, ni el esquema y plazos de devolución, ni los intereses, etc. La razón es tan sencilla como tragicómica: el acuerdo aún no está firmado y aún se ultiman detalles. En síntesis, Milei se auto generó un cheque en blanco para volver a endeudar al país con el organismo financiero responsable de las peores crisis de su historia.

El Gobierno mintió a través de la Oficina del Presidente cuando expresó que se solicitaría un pedido de autorización para la nueva toma de deuda. En concreto, con la entrada en vigencia del DNU ya se estableció la “aprobación de la operación de crédito” con el Fondo, y la única forma en que dicha operación no se efectúe es que el Congreso rechace el decreto.

Allí está otra de las trampas del oficialismo, que directamente consiste en una violación de la ley vigente. En febrero de 2021, el gobierno del Frente de Todos logró la aprobación de la que se conoció como “Ley Guzmán”, en referencia al ex ministro de Economía.  La norma planteó que, a partir de ese momento, cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público acordado con el FMI debía ser autorizado por ley del Congreso. El objetivo era evitar lo que sucedió durante el gobierno de Macri: que el Ejecutivo pudiera en menos de cinco minutos anunciar un endeudamiento externo con un organismo internacional históricamente ligado a las intervenciones sobre la política y la economía del país.

Dicha ley aún está vigente, por lo que la movida de Milei de aprobar un crédito por DNU es directamente ilegal. El engaño del oficialismo pasa por hacer creer que el envío de un DNU al Congreso es equiparable a respetar la norma. Como ya se vio durante todo el año pasado y en temas centrales como la fórmula de movilidad jubilatoria o el financiamiento universitario, el Ejecutivo puede sostener un decreto con tan sólo un tercio de una sola cámara del Congreso. Dicho de otra manera, Milei no respetó la ley vigente y anunció una nueva toma de deuda vía un decreto que para ser volteado necesitaría más de dos tercios en ambas cámaras.

El tipo de acuerdo establecido en el DNU, uno de “Facilidades Extendidas”, es el mismo que firmó Macri en 2018 y establece la incorporación de reformas estructurales en el país. Esta puede ser la carta con la que el Gobierno juegue una reforma laboral o una jubilatoria.

Lo poco que se especificó sobre el acuerdo en sí es que tendrá un período de gracia de cuatro años y seis meses, por lo que los vencimientos empezarían a correr en 2029, y que el plazo total será de 10 años a partir de ese momento. Sin embargo, no se publicó un cronograma de devoluciones ya que tampoco se conocen los montos ni los intereses. 

A su vez, lo que sí quedó claro en el decreto es que los fondos que ingresen al país del FMI podrán tener sólo dos destinos: repago de deuda con el propio Fondo, o cancelar letras intransferibles en dólares en poder del BCRA. Es decir, la Argentina toma deuda en dólares con el prestamista en última instancia del sistema financiero internacional para cancelar deuda interna, en pesas y con bajísimos intereses. El peor negocio de la historia.

Por otro lado, de lo anterior se deduce que nada de los recursos que entren del Fondo serán destinados ni a la educación, ni a la salud, ni a la infraestructura del país, por mencionar sólo algunos ejes estructurales de la vida nacional que requieren una inversión mucho mayor a la que hoy tienen. La apuesta oficialista es que, con un Banco Central más “saneado” en su deuda, esas inversiones llegarán desde el ámbito privado. Una película que se contó muchas veces en la Argentina y que siempre terminó en tragedias sociales.

El propio Gobierno reconoce en los considerandos del DNU la gravedad de la situación económica y financiera que motivó un movimiento tan desesperado por parte del Ejecutivo. “La volatilidad de las variables económicas generadas por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización económica, que impacta de manera directa en la disminución de la inflación y la reducción de la pobreza”, expresa el texto del decreto. Lisa y llanamente, el Gobierno acepta y asume que su plan económico resulta totalmente inconsistente sin un auxilio urgente por parte del FMI, al punto tal que ni siquiera puede respetarse el órden institucional del país y el oficialismo se ve “obligado” a esquivar una ley vigente y autorizar vía DNU algo tan estructural como un endeudamiento externo con el Fondo.

En otro pasaje de los considerandos, el Gobierno expone: “Que la gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar la deuda con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL a los efectos de garantizar el orden público económico configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida”. Literalmente, el oficialismo está reconociendo un estado de situación de tal fragilidad en el que depende del auxilio del Fondo para “garantizar el órden público económico”. 

¿El mejor gobierno de la historia está diciendo abiertamente que el orden público podría verse interrumpido si no llegan dólares del FMI? ¿El “experto en crecimiento con o sin dinero” y el “mejor ministro de Economía de la historia” están reconociendo que su programa de reducción de la inflación no se sostiene, a sólo un año de implementado, sin más dólares del exterior para mantener pisado artificialmente el tipo de cambio? 

La respuesta es un sí contundente. A 14 meses de iniciado su Gobierno, Milei y Caputo ya dilapidaron los dólares que entraron por el blanqueo más cuantioso de las últimas décadas y un año de superávit comercial provocado por el ajuste, la recesión y el freno a las importaciones. Este lunes el oficialismo tuvo que utilizar 224 millones de dólares para intervenir en el mercado de cambios y evitar una disparada de los financieros. El viernes pasado fueron 260 millones. A ese ritmo de timba financiera, ¿cuánto durarán los 8, 10 o 15 mil millones de dólares que pueda volver a prestarle el Fondo?

Mientras tanto, las reservas siguen cayendo y ayer perforaron el piso de los 28.000 millones de dólares. Con lo destinado a sostener pisado el dólar entre el viernes y el lunes prácticamente podrían haberse cubierto los 400.000 millones de pesos que el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, estimó como monto necesario para la reconstrucción de la ciudad tras la catástrofe climática. Las prioridades del Gobierno quedan más que claras. Sus métodos de ejercicio del poder sin respetar en lo más mínimo el orden institucional del país, también. Y, lo peor de todo, también queda claro cuál será el resultado de todo esto: un país aún más endeudado, entregado por décadas y décadas a los mandatos del FMI, y con los dólares que lleguen rápidamente yéndose a alimentar la fuga de capitales. Milei prometió ser algo distinto, pero repite de la peor manera los peores errores de la historia económica del país.