Impávido y sin escrúpulos, mientras en las inmediaciones del Congreso realizaban una represión inusitada, el gobierno de Javier Milei ponía todo en condiciones para lanzar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que amplió el presupuesto 2025. De esta forma destinó más de $7000 millones de pesos al área de Inteligencia.

Así quedó ratificado en el Boletín Oficial, donde se justifica la nueva partida presupuestaria ya que "dada la emergencia, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones".

En ese texto, el Poder Ejecutivo dispone el destino de aportes adicionales a áreas como las empresas de energía, y también para el pago de créditos a organismos internacionales o al Poder Legislativo.

Pero lo más llamativo que se incluye es la ampliación de 7366 millones de pesos en los gastos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de los cuales hay 1655 millones que son para gastos reservados sin rendición de cuentas. Es decir, que no se requiere informar en qué se utilizaron.

En detalle, el total que se prevé es de 7.366.286.591, de los cuales 6.344.120.048 corresponden a gastos corrientes y lo restante se destinará a gastos del personal. El ítem más polémico entra en el rubro “gastos reservados”, que aparece en el final del listado de las erogaciones presupuestadas. Allí se llega al oscuro monto de $1.625 millones adicionales.

Esto significa un triunfo para el asesor sin cargo pero todo terreno Santiago Caputo. "El Arquitecto", con influencia decisiva en el área de Inteligencia, que se vio beneficiado por lo que se indica en el anexo 1 del decreto-firmado por el Presidente y la totalidad de sus ministros.

Sergio Neifert, el director de la SIDE, con más recursos para Inteligencia
Sergio Neifert, el director de la SIDE, con más recursos para Inteligencia

Cabe destacar que los aportes adicionales para la SIDE que comanda Sergio Neifert ya habían sido rechazados en agosto del año pasado, en una votación en la que La Libertad Avanza vio cómo los distintos partidos opositores aliados, entre ellos el PRO rechazaban el DNU que asignaba $100.000 millones adicionales al presupuesto de la SIDE, en concepto de gastos reservados.

Fue uno de los golpes más duros para el gobierno "libertario", y significó el primer rechazo a un DNU enviado por el Poder Ejecutivo desde la reforma constitucional de 1994. Los fondos reservados ya habían sido gastados casi en su totalidad entre la publicación del decreto presidencial, el 19 de julio, y su rechazo parlamentario. 

Recién en diciembre, el Gobierno aceptó la decisión del Congreso y devolvió los $88.000 millones que ya habían sido utilizados.