Son horas en las que se dirime quién tendrá más fuerza en la calle. El gobierno nacional, que se jacta de que en los quince meses de la presidencia de Javier Milei ha controlado y reducido las protestas por las medidas de gestión, tendrá una fuerte prueba este miércoles en la habitual ronda de jubilados y jubiladas que se concentran frente al Congreso, para exigir mejores haberes.

Es que además de la veintena de hinchas de clubes del fútbol argentino que se autoconvocaron para evitar que se les vuelva a pegar y gasear a los adultos mayores, también más tarde que temprano, se sumó la Confederación General de Trabajadores (CGT), por lo que la convocatoria promete ser masiva.

La conducción de la central obrera definió "acompañar el reclamo de los trabajadores jubilados" y así se suma a lo dispuesto por las dos CTA y los movimientos sociales, que ya habían confirmado que serían de la partida. Ya habían anunciado los gremios agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, como La Fraternidad, que estarían presentes.

Los reclamos de lo que será la manifestación en el Congreso incluyen un aumento de los haberes previsionales (que en marzo fueron de $279.121, sumado al bono congelado de $70.000), junto con la continuidad de la moratoria previsional que vence a fin de este mes, y el acceso a los medicamentos sin cargo, entre las principales cuestiones a atender.  

Lejos de parecer preocuparle el origen de las exigencias que se desplegarán en la marcha de jubilados, el Gobierno tiene otras prioridades, como infundir miedo, alentar la desmovilización y encasillar a los asistentes como simples "barras bravas" o de "militantes políticos" del kirchnerismo y de la izquierda.

Buscará pegarle a las hinchadas de fútbol donde más podría doler, en la admisión a las canchas, a partir de supuestos delitos que se cometiesen en manifestaciones públicas. Así quedó ratificado con la disposición con la que buscarán amedrentar a los autoconvocados. 

La cartera de Seguridad que comanda Patricia Bullrich emitió un comunicado donde señaló que en la manifestación del miércoles “no se tolerarán hechos de violencia”, "desmanes" o "disturbios".

Por otra parte, se indicó que se “aplicará estrictamente” el artículo 194 del Código Penal que establece la pena de hasta dos años de prisión para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento del transporte”.

En la Resolución 321/2025  que se publicó en el Boletín Oficial, se habilita al Ministerio de Seguridad a "restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que puede generar un riesgo para la seguridad pública".

Bajo esta rúbrica, se podrá prohibir el ingreso a los estadios a toda persona que se encuentre "imputada, procesada o condenada" por delitos que hayan sido cometidos en el marco de la Ley N° 23.184 y sus modificatorias.

Además quedarán afectados los "procesados o condenados por delitos dolosos con pena de reclusión o prisión y que la Autoridad de Aplicación entienda que razonablemente pueda crear un riesgo concreto en el espectáculo futbolístico".