El fiscal federal Carlos Stornelli acaba de batir un récord: no hay en la historia del Poder Judicial argentino un funcionario de la casa que en cinco oportunidades se haya negado a ponerse a derecho. Imputado en el expediente por el escándalo de la red de espionaje y extorsión, Stornelli sigue firme en su rebeldía y, como lo había anunciado, volvió a faltar a la cita para prestar declaración indagatoria en los tribunales de Dolores. Mientras crece la indiferencia de la propia familia judicial, el fiscal se sostiene en la inmunidad que aún le brindan sus fueros y en el respaldo político del gobierno de Mauricio Macri, que nunca como en estos días se hizo tan explícito. Por si quedaban dudas sobre el apoyo del oficialismo, el miércoles Stornelli visitó el Colegio Militar, durante el acto por el Día del Ejército. Sonriente, charló con integrantes de Cambiemos, como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el de Seguridad, Eugenio Burzaco; y se sentó, metáforas aparte, a poco metros de la silla que ocupó el presidente Macri.

Esa imagen también resignificó uno de los testimonios de la causa que maneja el juez federal Alejo Ramos Padilla: el del piloto peruano-estadounidense Jorge Christian Castanon, exmarido de la actual pareja de Stornelli y una de las posibles víctimas de las operaciones de espionaje que coordinaba el abogado trucho Marcelo D’Alessio. El pasado 29 de abril, en sede judicial, Castanon relató que se había enterado por la prensa de que su nombre figuraba en los mensajes de WhatsApp que el fiscal intercambiaba con el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien le había sugerido formas de perjudicarlo, incluida una maniobra para “plantarle” drogas. En una posterior charla con su expareja, Florencia Antonini Modet, ella le pidió que no acudiera a la justicia, sino que lo hablara con Stornelli –a quien Castanon conocía de antes– porque el propio presidente le había garantizado que Ramos Padilla tenía las horas contadas.

“Ella me comenzó a decir varias cosas vinculadas a la causa –detalló el piloto–, tales como que no venga a declarar acá, que arregle las cosas con Carlos directamente, que todas estas cosas eran temas familiares, que Carlos ya había hablado con Mauricio y que ese jueves (que sería el 21 de marzo) iban a destituir al juez de esta causa”. Un día después de esa charla descripta por Castanon, el Gobierno presentó el pedido de juicio político contra Ramos Padilla. Lo instrumentó Juan Bautista Mahíques, funcionario del Ministerio de Justicia y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, quien poco después fue premiado con el puesto de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

Fiscal de mesa

Como tantas otras figuras y sectores anudados al esquema de relaciones de Cambiemos, Stornelli también parece haberlo apostado todo a lo que suceda en las elecciones de octubre. Una muestra de eso está en las fojas mismas del expediente que tramita en Dolores, donde la defensa del fiscal se limitó a pedir la salida de Ramos Padilla, con argumentos de naturaleza política antes que judicial, más aún cuando sus planteos fueron una y otra vez rechazados por las instancias superiores.

Días antes de su presencia en la celebración castrense, su abogado, Roberto Ribas, había anunciado que no asistiría al quinto llamado a indagatoria, a pesar de que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata ya había ratificado la declaración de rebeldía de Stornelli y le había solicitado al juez instrumentar los medios necesarios para llevarlo a declarar, incluido el pedido de juicio político ante el procurador general interior, Eduardo Casal.

Ribas justificó el nuevo faltazo de su defendido en un episodio de claro corte político: la filtración mediática de escuchas entre el dirigente peronista Eduardo Valdés, de activa participación en esta causa, y exfuncionarios kirchneristas presos. Stornelli tomó ese material –de dudosa legalidad, poco claro en su contenido y bautizado “Operación puf”– como sustento para repetir que todo lo investigado en Dolores está amañado y carece de sustento. No importó que Ramos Padilla reiterara que el fiscal no es el centro del expediente, cuyo horizonte va mucho más allá de una persona en particular, y que las intrigas de la “Operación puf” nada tienen que ver con el rumbo de su pesquisa.

Que Stornelli, sólo igualado tal vez por el juez Claudio Bonadio, es una pieza central en la estrategia político-judicial de Cambiemos, es hace rato una obviedad. Sin embargo, hasta este momento, la Casa Rosada se había ocupado de mantener una mínima pátina de formalismo en su tarea de blindaje. Por ejemplo, cuando avanzó sobre el magistrado en el Consejo de la Magistratura, lo hizo con la excusa de un supuesto exceso en sus atribuciones por haber expuesto en el Congreso. Más adelante, al presionar a la Cámara marplatense para llevar la causa a Comodoro Py, los llamados se hicieron pero de forma solapada.

En cambio, acorde a las urgencias del trance preelectoral, ya nadie disimula lo que está en juego y el color de las fichas en el tablero. Stornelli se mezcla entre los funcionarios del Gabinete presidencial y también cruza los dedos para que las urnas le sean favorables.