Los dichos del titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Christian Gribaudo -quien confirmó la semana pasada que el gobierno de María Eugenia Vidal “está trabajando” en la reforma de la caja previsional bonaerense- despertaron el malestar generalizado entre estatales y docentes y provocaron que el Ejecutivo decidiera salir a poner paños fríos sobre la situación.

Si bien la “armonización” del IPS con la Anses es una de las exigencias del Pacto Fiscal al que adhirió Buenos Aires y debe estar lista antes de 2019, Vidal decidió retrasar el tratamiento de la medida para focalizar las energías y batallas mediáticas en las negociaciones paritarias.

Desde la Gobernación afirmaron que por orden de Vidal “no se enviará el proyecto en marzo” a la Legislatura. En tanto, desde los gremios el rechazo es absoluto. Ni estatales, ni docentes están dispuestos a resignar cuestiones centrales como la edad jubilatoria y la forma en que se calcula la pasividad del agente que se retira. En estos dos puntos el régimen vigente en Buenos Aires es más beneficioso para los trabajadores que el que ofrece la Anses.

Mientras que en la Provincia un docente accede a la jubilación ordinaria a los 50 años, en el Anses la edad es de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. El mínimo de aportes en la Provincia es 25 años y en Anses de 30. Para el IPS se establece como mejor cargo los tres mejores años consecutivos o cinco alternados de la carrera docente, para Anses los últimos diez años trabajados. Además, la jubilación puede ir del 70 al 85% del sueldo en actividad, mientras que en Anses no más del 52,5% con 35 años de aportes.

También la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip) salió a cuestionar con dureza la reforma. La entidad, que nuclea a jubilados y activos, advirtió sobre la “inconstitucionalidad” de la armonización.

Concretamente entienden que se violaría el artículo 40 de la Constitución bonaerense, que sostiene que la Provincia “ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial” y estipula que “el sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley”.

Desde Adesip, además, denunciaron que el gobierno Vidal “busca continuar con la política de apropiación de los fondos del IPS y para eso pretende seguir recibiendo recursos nacionales aduciendo inexistentes resultados negativos”, ya que el IPS es un organismo superavitario.