Las negociaciones con los acreedores de la provincia de Buenos Aires no encuentran su cauce. Tras varios meses, el gobierno de Axel Kicillof oficializó una nueva extensión del plazo de negociación para que los bonistas extranjeros evalúen y eventualmente, acepten la oferta del Ejecutivo que todavía no puede reestructurar su deuda.

De esta forma, la administración provincial prorrogó por novena vez el plazo que vencerá el 4 de diciembre. “Esta extensión se materializa luego de conocerse que el Comité de bonistas ha reemplazado a las firmas que los asesoran en materia legal y financiera. Ante ello, Buenos Aires convoca a los acreedores que aún no han aceptado la propuesta y a sus asesores a retomar las conversaciones de buena fe que permitan arribar a una solución constructiva al problema de insostenibilidad de la deuda con privados bajo legislación extranjera”, explicó un comunicado el ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerenses que conduce Pablo López.

Lo cierto es que a diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, la Provincia se enfrenta a una situación más compleja. Hace algunos días, se conoció que el comité Ad Hoc de tenedores de deuda había contratado una firma de abogados para evaluar “todas las opciones disponibles para avanzar en la reestructuración”. Este grupo de acreedores representa a más de 40 instituciones que son poseedoras de casi el 50% de los títulos bonaerenses.

Este comité expresó que la decisión de recurrir al asesoramiento legal se debía “a la falta de compromiso constructivo por parte de la Provincia”. Por su parte,  desde el gobierno de Kicillof señalaron que “resulta oportuno reiterar la voluntad de la Provincia de enmendar la oferta formal ya realizada, siempre procurando que la deuda resultante sea sostenible en el mediano y largo plazo”.

Además, en el comunicado en el que oficializaron la nueva extensión del plazo de negociación aseguraron que la gestión se encuentra comprometida “con una administración responsable de la deuda pública, que tome en cuenta tanto las necesidades internas, así como las implicancias del contexto macroeconómico y la disponibilidad de divisas como condicionantes para evaluar las posibilidades de pago de los servicios implicados en la refinanciación.”

“La Provincia espera que, del trabajo conjunto en este nuevo período, sea posible alcanzar en las próximas semanas un consenso respecto a las modificaciones necesarias sobre la propuesta original que permita un acuerdo compatible con el marco de sustentabilidad de la deuda pública provincial y maximice la participación de los tenedores”, concluye el texto.