Con la seguridad como eje de campaña, el gobierno de María Eugenia Vidal puso en marcha un polémico protocolo de "identificación y cacheo" en colectivos de línea del Conurbano bonaerense. Los controles, que se pusieron en marcha durante las últimas semanas en Quilmes, La Plata y Ensenada, recibieron fuertes críticas por violar la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

Diagonales accedió en exclusiva al documento que recibió la Jefatura Departamental de Quilmes en el que se precisa "Tendrán que adoctrinar al personal que en cada control deberán proceder accediendo al interior de la unidad sin requerirle datos al chofer (& ) y consecuentemente identificar de manera correcta a los pasajeros debiendo proceder al cacheo respectivo en búsqueda de elementos prohibidos y/o que revistan peligrosidad para todos".

Lo cierto es que en la razzia realizada en Quilmes, los efectivos de la fuerza a cargo de los operativos, cachearon sólo a los pasajeros hombres y llevaron detenidos a una persona por no poseer consigo su DNI, y otro por tenencia simple de marihuana.

"En nombre de la seguridad no se puede seguir violando los derechos de las personas. Estos procedimientos no pasan el test de constitucionalidad", afirmó a este medio el integrante de Abogados por la Justicia Social (AJUS), Emanuel Lovelli. Y explicó que las personas "tenemos una libertad ambulatoria que está consagrada en la Constitución Nacional y, respecto al cacheo de las pertenencias, existe una inviolabilidad con respecto a la intimidad de las cosas que poseemos, sin que hubiera un pedido judicial, por más que haya una normativa interna del Poder Ejecutivo".

En concreto, los artículos 18 y 19 de la Constitución establecen que "nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente" y que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunciaron las razzias como inconstitucionales, mientras que los profesionales de AJUS  presentaron un hábeas corpus colectivo exigiendo al gobierno de Vidal "el cese de las conductas amenazantes y lesivas de la libertad". 

Lovelli  consideró además que las razzias no pueden ser utilizadas como mecanismos de prevención ya que consideró que "en aras de la seguridad no se puede seguir violando los derechos de las personas". Y agregó además que el Ejecutivo provincial "puede buscar medidas alternativas". 

"Sabemos que hay taxis con botones antipánico, existen colectivos que tienen cabinas para los choferes que no tienen contacto con los pasajeros, hay otras formas de brindar seguridad", concluyó.

La seguridad es la campaña Vidal impulsa las razzias en colectivos como "política de prevención"