En el marco del debate por la toma de terrenos en Guernica y los dichos del gobernador Axel Kicillof sobre los barrios privados, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, se refirió al conflicto habitacional en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra sectores de la oposición, a quienes acusó de hacer una “campaña política perversa”.

“Estamos trabajando desde diciembre para poner en orden el uso de la tierra en la Provincia”, aseguró la funcionaria y advirtió sobre “la intencionalidad política de instalar la idea del riesgo que corre la propiedad privada” en el territorio bonaerense. En ese sentido, señaló a “algunos sectores políticos, del Pro más duro” como los interesados en difundir dicha idea que “de ninguna manera se ajusta a las acciones que está llevando a cabo la Provincia para ordenar y regularizar el uso del suelo”, aclaró.

Es que después de las palabras del gobernador sobre la intención de regularizar la situación de los barrios privados, llovieron las críticas desde algunos sectores y se desató la polémica. Por su parte, García indicó que desde diciembre tiene “la indicación del Gobernador Kicillof para que la Dirección de Ordenamiento Urbano, que regula el uso del suelo en la Provincia, trabaje para poner en norma los barrios privados, clubes de campo, clubes de chacra y también a aquellas viejas extensiones de venta de lotes que dejó a la gente en una situación precaria, porque aún no han podido escriturar”.

“Hay barrios que tienen más de 10 años y los propietarios quedaron en una situación muy compleja porque no tienen escritura”, explicó y agregó que “desde enero estamos trabajando para poner en norma, regularizar la situación respecto del uso de suelo y agilizar el trámite, ese es uno de los objetivos de la Unidad de Coordinación de Tierra y Vivienda que ha creado el Gobernador Kicillof”.

En la Provincia hay aproximadamente 1.200 barrios  cerrados, según la información recolectada por el gobierno bonaerense a través de relevamientos satelitales y certificaciones. De ese total, “350 están convalidadas porque los propietarios ya tienen escrituras; luego hay 97 urbanizaciones que a partir de la convocatoria que hicimos, se presentaron para poder regularizar y tenemos 600 fuera de norma a quienes estamos convocando”, precisó.

En ese orden, García destacó que “esta situación además de afectar a los propietarios afecta al fisco provincial porque implica una pérdida de al menos 1.500 millones”.

Por otro lado, García señaló que “la provincia de Buenos Aires tiene otro problema y es que desde hace muchísimos años hay personas que sin pagar el canon, han hecho uso y abuso de la tierra fiscal que es de todos los bonaerenses”.

“Una expresión de esto es el Delta donde tenemos más de 40 mil hectáreas en emprendimientos productivos y forestales, en uso de la tierra fiscal y donde hace más de 20 años que no se paga el canon de uso”, detalló.

Por ello, remarcó que “a partir de la creación de la Unidad de Coordinación logramos agilizar todos los procedimientos para que estas situaciones puedan ponerse en norma; cuando el barrio esté en norma, inmediatamente sus propietarios tengan derecho a la escritura y paguen los impuestos que corresponden”.

En este contexto, García advirtió que “hay una intencionalidad hace ya un tiempo por parte de algunos sectores políticos, del Pro más duro, de instalar la idea del riesgo que corre la propiedad privada en nuestro país" pero  aclaró que "de ninguna manera se ajusta a las acciones que está llevando a cabo la Provincia para ordenar y regularizar el uso del suelo”.