“Ramona era factor de riesgo, y su familia también”, dice el posteo de La Garganta Poderosa en sus redes sociales de este martes, que recuerda a la referenta de uno de los comedores de la Villa 31 durante la primera ola de covid, un día como hoy hace dos años. 

“Ojalá hubiera sido tan fácil como quedarse en casa, ¡en las villas es imposible! No alcanza”, sigue el texto, que titularon “Ramona murió gritando lo que hoy seguimos denunciando”. En mayo de 2020, la militante había sido la portavoz colectiva de los barrios populares porteños sobre las pésimas condiciones sanitarias y habitacionales para afrontar las consecuencias de un virus entonces desconocido. El reclamo concreto era por agua potable para poder lavarse las manos, que durante diez días no salió de las canillas del sector del Bajo Autopista de la 31.

El responsable de garantizar el servicio tenía nombre y apellido: Diego Fernández. Lo había nombrado en 2016 Horacio Rodríguez Larreta para implementar dos créditos millonarios en dólares -hoy deuda pública de la Ciudad- del BID y el Banco Mundial para dotar de servicios y nuevas viviendas a los vecinos del barrio. Dos años más tarde de la partida de la referenta, Fernández pagó su negligencia dejando el cargo, pero le encontraron uno nuevo: hoy se desempeña como Secretario de Innovación y Transformación Digital porteño, es decir, está a cargo del BOTI que entrega turnos de vacunación y entradas para conciertos, entre otras funciones. 

“No alcanza porque la pandemia arrasó con nuestros barrios: con las sin agua, con los hacinados, con las que no llegamos a fin de mes, con todo. Aunque nos organicemos la responsabilidad de garantizar nuestros derechos la tiene Horacio Rodríguez Larreta, aunque nunca se haga cargo”, denunciaron desde la Poderosa. 

Según una investigación publicada poco después de la muerte de la referenta, Fernández se había patinado unos 560 millones de pesos en obras de infraestructura para dotar de agua potable a la Villa 31. Pero los fondos se los llevaron un puñado de empresas, muchas de las cuales tienen vínculos políticos con el Pro. Entre ellas, “Construcciones, Infraestructura y Servicios (CIS) S.A.”, bajo el contrato para el “mantenimiento de la red de agua potable en el Barrio 31”. CIS es una subsidiaria de Kopar SA, en cuyo directorio figuran supuestos empresarios ligados a Maximiliano Sahonero, legislador porteño de Vamos Juntos.

Ni CIS ni ninguna de las empresas restantes encargadas de garantizar la conexión de agua en la 31 fueron multadas, y el servicio volvió al barrio mucho tiempo después de que Ramona muriera, y gracias a la intervención de Aysa. En esos primeros meses de cuarentena, los barrios populares en la Ciudad y el conurbano fueron los principales focos de Covid y suscitaban el interés de la política. Varios funcionarios nacionales, entre ellos Malena Galmarini y el ex ministro Daniel Arroyo, los visitaban. Luego el foco se corrió, y lo mismo pasó con el interés mediático. 

Ramona también mantenía un litigio con funcionarios del Gobierno porteño por la vivienda que esperaba y no le llegaba. Llevaba dos años reclamando que le hiciesen los arreglos necesarios en una de las viviendas populares construidas por el Estado en el barrio para que pueda ser habitada por uno de sus hijos, que tenía una discapacidad severa. La última vez antes de la pandemia le habían pedido que esperase “seis meses más”. Nunca llegó a mudarse. 

Los arreglos estaban a punto de terminarse cuando Ramona cayó internada con los primeros síntomas del virus. La escritura se firmó esa misma noche, nueves días antes del fallecimiento. 

La propia Ramona escribió una carta abierta durante esos días en la que relata los hechos. “Desde el censo de 2016, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conoce mi situación y hace dos años les vengo implorando una solución habitacional dentro del marco de la urbanización, y no toman como prioridad a las personas con discapacidad. Vimos una de las casas donde la silla de ruedas no pasaba por la puerta, no había rampa, el baño no estaba acondicionado para que entrara la silla, ya que no la podemos bañar parada”. 

“Como si esto fuera poco, me dijeron que los arreglos correrían por mi cuenta y que perdería la garantía de la vivienda en caso de remodelar. Después de que salí en Televisión Pública contando mi situación, me llamaron inmediatamente desde la Secretaría de Integración Social y Urbana para hacerme una nueva oferta, pero al coordinador de las relocalizaciones le expliqué que no cumplía las necesidades de mi hija y comenzó a tratarme mal: «Vos no estás para pensar», «sos una mala madre porque no te interesa, ya que seguís esperando» y lo último que me dijo fue «con vos, histérica, no puedo hablar». Y me cortó”.

“Lo que más nos duele de todo ese proceso es que la trataron como si tuviera un capricho, no un derecho. La trataron de forma inhumana”, dijeron desde La Poderosa.

Tal como contó Diagonales en su momento, Diego Fernández es además poseedor de títulos de deuda pública del país a través del fondo de inversión Blackrock. Pese a todo sigue en el cargo. Su patrimonio se completa con una lancha marca Yamaha valuada en 320 mil pesos; una 4x4 Toyota de un millón; una moto BMW; un yate Travessia de 1,3 millones y una quinta en el Tigre de 450 metros cuadrados, y otra en Uruguay. En su cuenta de Twitter se define como “Espectador activo de #crypto y #blockchain cambiando el mundo”.