Un escándalo se desató en la ciudad de Buenos Aires, luego de que saliera a la luz que el Ministerio de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta buscó información biométrica de más de 7,5 millones de personas de manera ilegal. 

Las maniobras se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos, a partir de un convenio con el ReNaPer firmado en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, el acuerdo habilitaba a la Policía de la Ciudad al acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas sobre un universo de apenas poco más de 40.000 personas. 

Tras conocerse que el Ministerio de Seguridad porteño utilizó datos biométricos de más de 7 millones de personas, el CELS reclamó a la Justicia que suspendiera el uso del mecanismo y ordenara una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia dado que, a partir del acuerdo firmado con el ReNaPer, los datos biométricos son incorporados a un software de reconocimiento que puede ser utilizado en las 9.500 cámaras que están en Ciudad y cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo Urbano. 

El convenio autoriza al gobierno de la Ciudad para cruzar la base de datos de ese organismo con el listado de personas con orden de captura judicial para localizarlas a través de cámaras de seguridad equipadas con software de reconocimiento facial. "Pero ese universo de personas buscadas contiene un número mucho menor, apenas por encima de los 40.000 hombres y mujeres", explicaron desde el CELS. 

"Por eso entendemos que el gobierno porteño debe explicar cuáles son las razones por las cuales decidió consultar todos esos datos vulnerando el derecho a la intimidad de millones de personas", remarcó el organismo en un comunicado. 

La ley de la Ciudad y la resolución que implementa el mecanismo de reconocimiento facial le permite al Ministerio de Justicia y Seguridad cruzar datos solamente de quienes integran la lista de prófugos (CONARC) y de aquellas personas sobre las que autoridades judiciales de la Ciudad, de la Justicia Nacional o de poderes judiciales provinciales le solicitan tareas de investigación y prevención. 

Entre abril de 2019 y marzo de 2022, la Ciudad excedió ampliamente el universo autorizado por ley. "Obtuvo así de manera ilegítima información sobre los datos registrados en el ReNaPeR equivalentes a la mitad de la población total del AMBA", expresaron desde el CELS.

"Por la cantidad de búsquedas es imposible que puedan estar vinculadas con el registro de prófugos o a requerimientos de la Justicia, ya que fueron solicitados datos de más de 6.000 personas por día en promedio. Por esas razones resulta urgente y necesario determinar y conocer cuál fue el uso y destino de los datos biométricos utilizados en todas aquellas búsquedas, y es indispensable también una explicación de los motivos detrás de todo este proceso", destacaron. 

Esta operatoria del gobierno porteño salió a la luz a partir de la investigación  judicial a partir de una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), de la que el CELS es parte. En 2020, ODIA inició un amparo para discutir la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que implementaron el sistema de reconocimiento facial en la CABA. La presentación señalaba que ese sistema funciona con programas que realizan una comparación de características biométricas de dos rostros y que la mayoría de ellos “presentan sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia”. 

En el marco del proceso judicial iniciado a partir de dicha presentación, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Andrés Gallardo, realizó una constatación en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona el sistema, y solicitó a la CONARC el listado de personas buscadas. Luego, solicitó al ReNaPeR la lista de personas, con nombre, apellido y DNI, cuyos datos biométricos hubieran migrado desde ese Registro hacia el Gobierno de la Ciudad.

Allí, se constató que la Policía de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas. A partir de este descubrimiento, el juez Gallardo allanó el Centro de Monitoreo Urbano y la sede del Ministerio de Seguridad porteño en Barracas. Además, ordenó periciar los equipos que se utilizaron para procesar la información proveniente del ReNaPer.