El fantasma del espionaje vuelve a sobrevolar al PRO, en este caso con una denuncia penal contra Horacio Rodríguez Larreta por la utilización de datos biométricos “sin justificación racional”. Se trata de una causa por “violación de secretos” ante la utilización de datos del Renaper por parte del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien el último jueves resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de “acción pública previsto en el artículo 157” del Código Penal.

En este caso, se trata de acciones que habrían sido llevadas a cabo en 2019 entre el Registro Nacional de las Personas, entonces conducido por Juan José D’Amico, y el ministerio de Seguridad de CABA, en aquel momento bajo el mando de Diego Santilli, actual diputado de Juntos por el Cambio y ahora posicionado como precandidato a gobernador bonaerense.

En ese entonces, mediante un convenio entre ambas entidades estatales, se acordó que el Renaper habilitaría el acceso a “información disponible en sus sistemas informáticos” para “identificar y/o verificar la identidad de las personas humanas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”.

En ese sentido, el fiscal Rodríguez advirtió que las búsquedas y accesos por parte del gobierno de CABA a la base de datos mencionada “parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales”. Cabe destacar que la pena puede prever hasta dos años de cárcel e inhabilitación a cargos en la función pública a quien “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

Entre las personas por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois. 

No obstante, según destacó el propio fiscal a cargo, la mayor cantidad de datos solicitados recayó sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como también sobre el presidente Alberto Fernández y sobre Arshak Karhanyan, policía de la fuerza Metropolitana desaparecido hace cuatro años.