Aunque parece haber pasado mucho tiempo, transcurrieron apenas tres meses desde que las nuevas autoridades provinciales dieron el primer paso en la renegociación de su deuda pública. Tras varios intentos fallidos para postergar el pago del BP21 (bono en dólares regido bajo ley Nueva York), y habiendo transcurrido el tiempo límite para su entrada en default, el gobierno provincial decidió hacer frente a la obligación mediante un pago cash. Hoy la deuda de la provincia vuelve a entrar en la agenda pública y se debe a que la semana pasada se oficializó la oferta de canje de todos los títulos emitidos bajo legislación extranjera. La pregunta que nos surge entonces es ¿cuál será el desenlace esta vez?

Para comenzar, conviene hacer un repaso de los números de la deuda pública provincial. Al 29 de febrero, la misma ascendía a USD 10.420 millones. De ese total, el 17% correspondía a deuda contraída con el Gobierno Nacional y ANSES, y otro 8% con Organismos Multilaterales de Crédito y Bilaterales. Los restantes USD 7.854 millones, son títulos públicos en manos del sector privado, mientras que lo que lo que está en juego en esta primera instancia de negociación es una suma de USD 7.148 millones, la porción de esos títulos emitidos en moneda y legislación extranjera, la porción más urgente y difícil renegociar de todas.

Un punto importante para destacar es que el mayor problema no reside en el tamaño de la deuda. Las dificultades para enfrentar a estos compromisos recaen sobre dos aspectos: el acceso al mercado voluntario de crédito se encuentra completamente cerrado y, en paralelo, los vencimientos se concentran en el muy corto plazo. En relación con este último punto, en lo que queda del año restan vencer casi USD 1.000 millones (lo que representa entre el 10/15% de lo que recauda anualmente la provincia) y en los tres los años siguientes USD 4.000 millones adicionales.

¿En qué consiste la propuesta? En el canje de 11 títulos actuales por otros 6 títulos nuevos, cuyos vencimientos se extienden entre 2032 y 2040, incluye un período de gracia de tres años (es decir, sin pagar nada entre hasta 2023), quita de intereses del 55% y del 7% de capital, que en conjunto redundan en un ahorro de USD 5.000 millones en los próximos años. De esta forma, la quita va en línea con la propuesta por la Nación.

¿Puede la provincia llegar a un acuerdo exitoso? ¿Cuánto tiempo tiene para hacerlo?

Si bien aún se encuentra dentro de los límites legales, no cumplió en el pago de intereses del BP28 por USD 19 millones previsto para el 18 de abril de este año. Tiene tiempo hasta el 18 de mayo para cancelar esa obligación y no caer en default. Sin embargo, ese no es el único vencimiento que apremia: el 1 de mayo vencen otros dos bonos por un total de USD 116 millones, y que según indican los prospectos, deberán pagarse dentro de los 10 días corridos. En consecuencia, el plazo para sellar el acuerdo, pagar o defaultear se adelanta al 11 de mayo.

Dejando de lado el tema de los plazos, lo cierto es que su éxito/fracaso se encuentra completamente supeditado al de la reestructuración de la deuda nacional. En este sentido, la cartera que conduce Guzmán ya jugó la primera carta mostrando su propia oferta de canje. Si bien ésta resultó menos agresiva de lo esperado, aún parece lejos de convencer al porcentaje necesario de bonistas. De todas maneras, la jugada debe interpretarse como el primer paso de una negociación que puede extenderse más allá del tiempo límite contemplado en la propuesta (8 de mayo). Incluso podría ir más allá del 22 de mayo, cuando expira el plazo para el pago de cupón de los tres Globales que aún están pendientes si el Gobierno decide realizar el pago. En suma, podría involucrar varias idas y vueltas de propuestas y contrapropuestas intentando acercar posiciones entre las partes en la búsqueda de cerrar un acuerdo.

*Economista @Ecolatina_Arg. Twitter: @Luciapezza