Cooperativas: $2085 millones que complicarían judicialmente a Garro si pierde las elecciones

“En boca cerrada no entran moscas” versa un conocido refrán, que bien podría explicar la meticulosa actitud durante años del actual oficialismo platense frente a un tema escabroso, un silencio planificado que le ha permitido sortear hasta ahora gravísimas y fundamentadas acusaciones en su contra. Desde los albores de su primer mandato, la gestión de Julio Garro fue señalada y denunciada en sucesivas oportunidades por irregularidades en el manejo de cuantiosos fondos destinados a cooperativas, y su respuesta fue siempre el silencio. Ni los numerosos pedidos de informes que en el Concejo Deliberante presentaron ediles de la oposición y de su propia coalición de gobierno, ni las múltiples investigaciones periodísticas, ni siquiera las causas que se cursan en la Justicia lograron extraerle respuestas públicas a los acusados.

Por eso, y justamente en un año electoral, llama la atención que Garro haya abierto la boca en este tema, agitando un enjambre de moscas que hoy se le está volviendo incontrolable. Con el anuncio en la apertura de sesiones ordinarias de este año, en el que informó el pase a planta municipal de trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, Garro puso en agenda un conflicto político que hasta ahora había resuelto bastante bien a su favor jugando a las escondidas. Desde ese momento afloraron nuevas denuncias y pedidos de informes en el Concejo, los portales se llenaron del tema, y hasta se vivió una semana completa de protestas por parte de cooperativistas, con cortes de calles y acampes frente al Palacio Municipal que derivaron en nuevas denuncias en la Justicia.

La pregunta que surge entonces es por qué, a meses de las elecciones, el oficialismo decidió abrir esa caja de Pandora, teniendo ya suficientes problemas en la gestión de la pandemia y la situación social del municipio. Y quizás la respuesta se encuentre justamente ahí: frente a un escenario electoral posiblemente adverso, producto una gestión a las claras muy pobre en sus resultados, quizás el foco esté puesto en limpiar lo más posible el frente judicial más complejo que enfrenta el oficialismo y que, claro está, más complicado será cuanto más decaiga su poder político.

En concreto, una causa judicial por el desvío de más de $2085 millones en el pago a cooperativas espera en la Justicia los tiempos de la política para avanzar, y sin el paraguas del poder, varios funcionarios de la actual gestión podrían verse muy complicados, sin que pueda descartarse una escalada hasta el propio Intendente.

DE LAS PROMESAS “CAMBIEMOS” A LA PROFUNDIZACIÓN DEL PROBLEMA

El tema cooperativas viene de largo arrastre, y el actual oficialismo lo tomó desde su llegada al poder como un caballito de batalla de los supuestos cambios que traería al municipio. A escasos once días de haber asumido la intendencia, el 21 de diciembre de 2015, Garro denunció en declaraciones periodísticas que el municipio haría una presentación judicial para investigar la contratación de cooperativas de la gestión anterior, a raíz de haber detectado una importante sobre facturación. “Hay diferencias abismales entre lo que se le pagaba a cada trabajador y lo que percibía a cambio cada cooperativa”, expresó en ese momento el jefe comunal, agregando que el municipio había registrado unas 5000 personas inscriptas en el Registro de Cooperativas, con un sueldo promedio de $3.500 cada una, lo que debería significar un gasto total mensual total de $18 millones para el municipio. “Sin embargo, los intermediarios reclaman 55 millones. ¿Dónde iban a parar los más de 30 millones de pesos que no llegaban a los bolsillos de los trabajadores?” fue su argumentación en ese momento para plantear una investigación judicial.

Sin embargo, la poco sana costumbre macrista de prometer cambios para mejor y terminar empeorando todo aquello sobre lo que prometían, volvió a materializarse rápidamente en esta cuestión. “Los primeros pagos de esta gestión a esos cooperativistas se realizaron en forma completamente irregular” le recordó a Diagonales el Concejal por el FDT Guillermo “Nano” Cara, uno de los principales impulsores de las investigaciones en este tema. “Por Ley, los movimientos de caudales públicos deben ser registrados en el sistema RAFAM, pero en esa ocasión la gestión entrante movió toda esa guita en bolsos hasta el Estadio Único, donde se le pagó en efectivo en mano a un número de personas que no se aclaró, como tampoco se especificó quién y cómo armó los listados para esos cobros. No hay ningún acto administrativo de ese movimiento de caudales públicos, ni ningún registro de los pagos que se hicieron. No hay un solo papel, no se sabe cuánta guita llevaron al estadio, quién la llevó, cuánto pagaron y cuánto volvió a las arcas del municipio. Fue algo totalmente inaceptable” completó el Edil.

LA CAUSA

Aquel sería el primer movimiento turbio de un conjunto aún no esclarecido en su totalidad de desmanejos legales y administrativos en relación a las cooperativas, que se fue profundizando y agravando con el tiempo. Quien sistematizó y denunció penalmente esos hecho fue, llamativamente, una integrante de ese momento de la coalición Cambiemos, la ex Concejala por el Radicalismo, Florencia Rollié. “El Concejal es un representante de los vecinos, no del Intendente, aunque ellos no lo entiendan. Yo no creo en lo que solo denuncia la corrupción ajena”, le dijo a Diagonales la ex Concejala, hoy alejada del espacio político por obvias razones. Rollié presentó una primera denuncia  en marzo de 2019, que luego amplió dos veces en abril y junio del mismo año, en las que fue planteando las diferencias entre el monto que el municipio debería haber abonado en concepto de pagos a cooperativistas en 2016, 2017 y 2018, y lo que efectivamente pagó según las rendiciones de cuentas oficiales de cada uno de esos ejercicios. Las diferencias aumentaron año tras año, llegando a sumar el total de $2085,2 millones que fueron abonados por el municipio pero no llegaron a ser percibidos por cooperativistas. La denuncia le valió a Rollié una fuerte presión por parte del oficialismo: “le bajaron el sueldo a quienes eran mis empleados en el Concejo, que ya cobraban el mínimo. Me lo comunicó Ileana Cid (entonces Presidenta del Concejo) en su despacho. Me dijo: ¿por qué las denuncias? No cayó bien el tema de las cooperativas. Tengo que re categorizar a la baja los contratos de tu personal. Tuve que pagarles de mi propio sueldo para compensar” cuenta hoy la ex Concejala.

En la rendición de cuentas presentada en 2017 sobre los gastos municipales durante el ejercicio 2016, el Ejecutivo informó de manera oficial haber abonado a las cooperativas un total de $583.258.368. Pero de acuerdo a la información provista por el propio municipio, la planta de trabajadores se mantuvo en las 5000 personas que Garro había declarado a finales de 2015, con una retribución promedio de $4000. En la reconstrucción de la denuncia de Rollié se establecen dos cálculos: por un lado, los cuatro mil pesos mensuales multiplicados por los cinco mil cooperativistas, arrojando un costo mensual de $20 millones, que debería ser lo que el municipio abonara a los trabajadores. Por otro, los $583.258.368 finales abonados durante todo 2016 en concepto cooperativas, divididos por los doce meses del año, cuenta que resulta en un total de $48.604.864 mensuales, que fue lo que el municipio realmente abonó. La diferencia, entonces, terminó siendo de más de $28,6 millones mensuales, completando un total de más de $343,2 millones ese año que el municipio pagó pero que no llegaron a manos de los cooperativistas. “¿Dónde fueron a parar los más de 28,6 millones de pesos mensuales que no tendrían como destino los bolsillos de los trabajadores?” se pregunta en la presentación judicial Rollié. Los números son contundentes: esos $343,2 millones representan casi un 59% del gasto total de $583,2 millones del año abonados a las cooperativas. Dicho en otras palabras, cincuenta y nueve pesos de cada cien que se pagaron ese año por ese concepto no llegaron a los cooperativistas y se perdieron por el camino.

Para el ejercicio 2017 se denunció la misma secuencia: la rendición de cuentas presentada a principios de 2018 arrojó un total de $1.180 millones abonado a las cooperativas, mientras el número de trabajadores en un comunicado oficial publicado en ese momento en medios locales se establecía en 5.148, con salarios que iban desde los $4.100 hasta los $8.800 para los supervisores. Aplicando el mismo razonamiento que para 2016, la denuncia plantea entonces “¿Dónde fueron a parar los más de 70,8 millones de pesos mensuales que no tendrían como destino los bolsillos de los trabajadores? Se solicita entonces el destino de 850 millones de pesos que (...) surge como diferencia entre el total abonado por el Municipio y el dinero recibido por los cooperativistas”. En un año en que la inflación rondó el 25%, el monto desviado casi que se triplicó, dejando a las claras que ese agujero negro de las cuentas municipales crecía a ritmo desmedido, sin relación con ningún indicador de la economía.

El total en esos dos primeros años ya ascendía a los $1193,2 millones perdidos por el camino entre los pagos efectuados por el municipio y lo que efectivamente llegaba a los trabajadores de las cooperativas. Ese número seguiría creciendo en 2018. Según informó el Ejecutivo en la rendición de cuentas presentada el 29 de marzo de 2019, en 2018 se destinaron $1.425.059.022 al pago de cooperativas. Por otro lado, los trabajadores registrados para ese momento eran unos 5500, según confirmó el propio municipio en declaraciones periodísticas donde se afirmó que los mismos recibirían un aumento que iría en una escala de entre el 12% y el 22% según cada caso. Para este ejercicio la denuncia plantea una diferencia entre lo percibido por esos trabajadores y lo efectivamente abonado por el municipio de $74,3 millones mensuales, totalizando $892 millones en el año.

“Es decir que durante 2016, 2017 y ahora también sumando 2018, surgen sin explicación alguna un total de 2.085,2 millones de pesos que fueron abonados por el Municipio, pero que no llegaron a ser percibidos por los cooperativistas” concluye la presentación judicial.

LOS MECANISMOS DE DESVÍO Y LOS FUNCIONARIOS IMPLICADOS

El derrotero de esta causa puede explicar también la preocupación actual que debe sobrevolar en el oficialismo platense a raíz de este tema. Después de dar un par de vueltas por el siempre poco expeditivo Poder Judicial, el resultado es que las pruebas se fueron incrementando y complicando a gente con nombre y apellido.

La primera parada de la denuncia N° 10.686/19, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público, y posible asociación ilícita, fue la UFI Nº 6 del fiscal Marcelo Romero, quién luego la envió a la unidad de delitos económicos de la Provincia. Allí se solicitó un informe que fue efectuado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y publicado el 4 de abril de 2019. A partir de las irregularidades que ese informe reveló en materia de contratación de cooperativas,  Rollié amplió su denuncia agregando los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación o alteración de un documento privado.

El informe se centra en el ejercicio 2017 y plantea una serie de graves irregularidades: En principio, que todos los pagos a cooperativistas registrados se realizaron en efectivo, incumpliendo distintas normativas que establecen la obligación de pagos con cheques o acreditaciones a cuentas bancarias. Además, afirma que los listados que la Dirección de Cooperativas de la Municipalidad de La Plata le entregaba al Ente Municipal para que realizara los pagos carecían de firma de funcionario municipal o autoridad de la cooperativa competente, es decir, nadie certificaba oficialmente quién estaba autorizado a cobrar.

Por otro lado, el recuento realizado por el informe de los pagos registrados a cooperativas durante ese ejercicio arroja un total de $415.652.545,58, menos de la mitad de los $1.180 millones que el Ejecutivo informó oficialmente en la rendición de cuentas correspondiente. Esta diferencia entre los pagos informados por el municipio y los efectivamente constatados por el Tribunal de Cuentas Provincial “confirma la existencia de una operatoria adicional con otras formas de pago, las que podrían perfectamente explicar que dicha diferencia tendría seguramente otro destino absolutamente distinto del pago a los cooperativistas”, tal como expresa la denuncia de Rollié.

A su vez, el informe arroja que de esos más de $415 millones registrados como pagos, el 93,9% quedaron en manos de tan solo nueve cooperativas, “resultando por demás llamativo que dos Cooperativas (INSUCOOP y El Futuro) concentren más del 25% de ese total y superen individualmente los 50 millones cada una” denunció la ex Concejala.

El caso de INSUCOOP resulta llamativo como botón de muestra de cómo funcionaba la operatoria. En el informe del Tribunal se establece que la cooperativa recibió pagos registrados por $50.041.544,96. Pero parte de ese dinero era redirigido por las propias autoridades de la cooperativa hacia otras entidades o terceros particulares, a los que se les abonaba por diferentes conceptos de deuda. Y, según se constató en el informe y se agregó en la ampliación de la denuncia de Rollié, las autoridades designadas de INSUCOOP estaban flojas de papeles, por lo tanto la autorización de esos pagos no resultaban válidas.

No solo eso, como apoderado de la cooperativa y autorizante de esos movimientos de dinero, aparece Mauro Nicolás Petrone, quien a la fecha era Responsable de la Dirección del Casco Urbano de la Municipalidad de La Plata, entre cuyas funciones tenía a su cargo la diagramación, coordinación y control de las cooperativas que se encargaban del barrido, la recolección de residuos no habituales en avenidas, diagonales y calles internas, y la planificación y control de las cooperativas y cuadrillas encargadas del corte de pasto de diagonales, plazoletas e instituciones públicas. De lo cual se desprende que Petrone estaba de los dos lados del mostrador, controlando por un lado y cobrando por el otro, en una clara incompatibilidad como funcionario público.

Petrone es, además, pareja de Julieta Quintero, quien en ese momento era Secretaria personal de Julio Garro, y en diciembre de 2017 asumió como Concejala por Cambiemos. Por otro lado, Rollié afirma en su denuncia que en su declaración jurada Mauro Nicolás Petrone “manifiesta no poseer activos de ningún tipo y no declara ni siquiera su cuenta bancaria sueldo”.

Además de INSUCOOP, Petrone figura también como apoderado de otra de las cooperativas bajo la lupa, El Retiro Limitada. Como en el caso anterior, su designación como apoderado, así como la de otras autoridades de la cooperativa, fue objetada por irregular por Tribunal de Cuentas. Y aquí aparece otro engranaje de la maquinaria, el notario Spiro Matías Úngaro, el escribano que firmó los poderes en favor de Petrone como apoderado de las cooperativas, cargo desde el cual podía disponer de los fondos de las mismas. Úngaro, profesor de Derecho en la UNLP, se presentaba hasta el año pasado en sus redes sociales como “coordinador general de equipos técnicos profesionales PRO del actual intendente electro Dr. Julio Cesar Garro”, y tiene una larga lista de fotos con ex funcionarios macristas como Marcos Peña o Patricia Bullrich.

La operatoria entonces consistía en autorizar desde el Ente Municipal pagos a cooperativas incluidas en un listado de la Dirección Municipal de Cooperativas, que no llevaba firma de ningún funcionario, para que luego esas cooperativas derivaran esos pagos hacia terceros a partir de las decisiones de sus autoridades, irregularmente nombradas y en algunos casos con incompatibilidad para esas decisiones por formar parte de la administración municipal. Además de Petrone, están bajo la lupa Nelson Marino, ex Secretario de Gobierno de quien dependía la Dirección de Cooperativas, la Concejala Liliana Lucha, de quien dependerían otras cooperativas señaladas como “truchas”, y María Julieta Casajús, a cargo del Ente Municipal que autorizara esos desvíos de dinero sin el debido control ni la documentación respaldatoria, entre otros.

E fiscal Romero volvió a pedir la causa en 2019, con las elecciones acercándose y la necesidad de que no explotara ninguna bomba, pero luego se declaró incompetente a partir de la relevancia que fue tomando el caso. A partir de allí, el expediente recaló en la UFI Nº 11 de Álvaro Garganta, donde fuentes cercanas al caso le dijeron a Diagonales que algo se está moviendo, pandemia y lentitud habitual de la Justicia mediante.

SILENCIO OFICIAL, POLÉMICA ACTUAL Y UNA NUEVA DENUNCIA

Como se mencionó más arriba, fueron muchas las instancias en las que se generaron pedidos de informe sobre estos manejos, nunca respondidos por parte del oficialismo. La propia Rollié presentó seis pedidos entre febrero de 2017 y marzo de 2019. También lo hizo el FDT por parte de sus distintos Ediles, y las convocatorias a declarar frente al Concejo que enviaron a los funcionarios implicados. “Nelson Marino terminó teniendo que abandonar la presidencia de la Comisión de Legislación porque no podía ni ir al Concejo” le expresó a este medio el Concejal Guillermo “nano” Cara, que sigue de cerca el avance de la causa y afirma hasta haber recibido amenazas por ello. “Nosotros vamos a ir a fondo para esclarecer todas estas irregularidades, y lo que pedimos es que todo esto tenga cobertura por parte de los medios, porque es un respaldo necesario frente a esta gente que no sabemos de qué puede ser capaz” remató. Recientemente se han elevado pedidos informes también solicitando información sobre cómo sería ese pase a planta de cooperativistas que Garro anunció a principios del mes pasado, y del que no hay comunicaciones oficiales más allá de los trascendidos sobre las negociaciones entre la intendencia y las cooperativas.

De ello se pudo saber que el municipio pretende contratar trimestralmente a los trabajadores, reduciendo aún más el tiempo de los contratos, que eran de un año cuando asumió Garro, quien los bajó a seis meses y ahora pretende reducirlos a tres. Los sueldos serían de $12.000 y los trabajadores perderían la opción de contar con otras coberturas sociales, como las asignaciones, lo cual resultaría de facto en una reducción de sus ingresos que les haría imposible garantizarse las mínimas condiciones materiales de subsistencia. “Se trata de salarios de hambre, por debajo de la línea de la indigencia, que no dan ni para sobrevivir” enfatizó Cara, resaltando otro eje central en esta discusión: la necesidad de garantizar trabajo digno y derechos sociales a los trabajadores de las cooperativas.

A raíz de esos movimientos del municipio, se generaron a fin de mes pasado importantes protestas de los trabajadores, que acamparon durante una semana afuera de la Municipalidad intentando visibilizar el conflicto y su problemática. El domingo pasado, algunos de esos cooperativistas le llevaron un huevo de pascuas a Garro a Grand Bell, el exclusivo y ostentoso barrio cerrado donde vive. No fueron recibidos, pero según pudo averiguar Diagonales el martes pasado se efectuó una primera reunión de mesa técnica entre el municipio y las organizaciones que venían llevando adelante el reclamo, para empezar a discutir las particularidades de los casos de trabajadores que se quedaron sin su puesto.

Sin embargo, y más allá de esa primera aproximación, la semana de protestas dejó como saldo denuncias cruzadas entre Garro y los cooperativistas. El jefe comunal denunció penalmente a los manifestantes por “entorpecimiento terrestre y daños”, mientras que los trabajadores de las cooperativas respondieron con otra denuncia contra Garro por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". Virginia Bravo, titular de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de La Plata, dio cauce a esta última denuncia contra el mandatario municipal el 28 de marzo, y solicitó a la Secretaría Legal y Técnica del municipio un informe sobre las medidas adoptadas en relación al pase a planta temporal de integrantes de cooperativas, las disposiciones y ordenanzas que sustentan la medida, y los expedientes que se hubieran iniciado en ese proceso. Un nuevo dolor de cabeza para Garro y sus funcionarios, en un tema que persigue a esta gestión desde el inicio de su mandato y que podría transformarse en un serio problema para varios funcionarios sin el paraguas de detentar el poder político. Quizás por allí haya que buscar las respuestas a esta jugada del municipio, que nadie esperaba ni nadie sabe hasta dónde llegará.