Si bien el propio intendente de Cambiemos, Hernán Bertellys y el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, negaron el cierre de Fanazul durante la campaña legislativa de 2017, el diario local El Tiempo afirmó que la decisión del Ministerio de Defensa de la Nación de cerrar la planta de Fabricaciones Militares de Azul “estaba tomada mucho antes de las elecciones”.

El cierre de la planta dejó a más de 200 familias en la calle, por lo que hoy la comunidad azuleña continuará con las medidas de fuerza para evitar los despidos y cortará totalmente la Ruta 3, además de realizar cortes parciales en la Ruta 60 y en la Ruta Provincial 51 y 226.

El viernes pasado, el juez Federal de Necochea, Bernardo Bibel –que había iniciado una investigación “de oficio” para garantizar la seguridad de la comunidad ante el abrupto cierre del predio que cuenta con reactores y explosivos- intimó a Fabricaciones Militares y a la Dirección de la fábrica para que en 24 horas se cubran los puestos clave, en todos los turnos, con personal idóneo.

El magistrado detalló que con la documentación que obraba en su poder, “amerita, por precaución, tomar medidas urgentes”. La causa en la Justicia Federal comenzó el 31 de diciembre pasado, cuando la secretaria General de la Asociación de Trabajadores del Estado de Azul, Vanina Zurita, radicó una denuncia en el fuero federal. Lo hizo luego de que no se les permitiera el acceso a los trabajadores contratados especializados en el manejo y control de los polvorines y de las plantas de explosivos, haciendo especial hincapié en los riesgos que esto podría acarrear.

En conferencia de prensa, Zurita destacó la importancia de que toda la comunidad azuleña acompañe la protesta y consideró: “Más allá de la situación particular de FANAZUL, donde no se le renovaron los contratos a más de 200 trabajadores, el gobierno nacional golpea a la clase trabajadora en su conjunto, no sólo en el ámbito estatal sino también privado”.