La Justicia rechazó el pedido de recusación por parte del Gobierno hacia el juez Santiago Martín, el magistrado que puso un freno al proyecto oficial de explotación petrolera off-shore en Mar del Plata. La Cámara Federal de esa ciudad ratificó el lugar de Martín, quien había sido señalado por Nación luego de mostrarse en una foto con el abogado ambientalista José Esain y el constitucionalista Daniel Sabsay.

La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata quedó constatada en una resolución de cinco carillas, que trascendió este miércoles en los medios. Allí figuran las firmas de los jueces Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Giménez, quienes sellaron el rechazo a la solicitud de recusación por parte de Nación.

“Como refiere el magistrado recusado, se trata de una relación meramente académica, propia de sujetos que participan de la actividad docente universitaria y que contribuyen a la doctrina de la especialidad”, expresa el documento emitido por la Cámara Federal en referencia a la foto donde Martín se muestra junto a Sabsay y Esain.

De este modo, se suma un nuevo capítulo a la controversia generada alrededor del proyecto de explotación de hidrocarburos en Mar del Plata, medida que generó fuertes reacciones críticas por parte de la comunidad local, colectivos ambientalistas y sectores de la Justicia. En ese marco, la acción interpuesta por Martín para frenar el proyecto significó un fuerte traspié para el Gobierno, que intentó eludir las críticas y avanzar con el proyecto.

No obstante, a pesar del fallo a favor del rol de Martín, los jueces tazza y Giménez también dejaron una advertencia de cara al avance de la pugna por el proyecto de explotación. Los camaristas sostuvieron que es conveniente “recordar que los magistrados deben actuar con imparcialidad en los procesos puestos a su conocimiento”, en clara alusión a lo que podría ser un presunto vínculo entre Martín y el activismo ambiental.

Cabe recordar que la pelea por este proyecto en Mar del Plata se dio a comienzos de febrero, partir de la autorización por parte del Gobierno hacia la empresa Equinor, que es la principal impulsora de este emprendimiento.