Las críticas de las organizaciones sociales y el FDT platense al nuevo código de Garro

La mayoría automática oficialista de la gestión de Julio Garro en el Concejo Deliberante aprobó esta tarde un nuevo Código de Convivencia Ciudadana para la ciudad de La Plata, con el rechazo popular en las calles aledañas al palacio municipal y la oposición del Frente de Todos planteando una fuerte discusión al interior del recinto. La prisa electoralista del Intendente llevó a tratar el proyecto, que venía siendo discutido desde el año pasado, justo en la última sesión del HCD antes de las elecciones del 14-N. Por si eso era poco, el inicio de la sesión se adelantó a las 10 de la mañana, cuando hace años que las mismas comienzan después del mediodía, y fue a puertas  cerradas, no se permitió el ingreso a nadie más allá de los ediles, otro rasgo inusual y que marca la poca vocación de convivencia que tuvo la creación y la sanción de este nuevo código.

Como fuere, Garro ya tiene su título mediático y el caballito de batalla con el que buscará revalidar su victoria electoral en 11 días. No alcanzaron ni las miles de personas que las organizaciones dicen haber movilizado afuera de la municipalidad ni los múltiples argumentos de la oposición del FdT para prorrogar el tratamiento del tema y dar espacio a las críticas que se plantean desde distintos sectores. Lo concreto es que en 180 días el nuevo código entrará en vigencia y, tal como fue aprobado, se chocará de bruces con una realidad del distrito que no fue contemplada entre sus páginas. Las protestas sociales seguirán acrecentándose mientras no se resuelvan sus causas; la venta ambulante y callejera seguirá siendo el método de subsistencia para miles de platenses mientras no haya otras alternativas económicas; la acumulación de residuos en los barrios seguirá mientras no mejore el sistema de recolección; y la lista de etcéteras podría seguir y seguir.

Lejos del consenso social necesario para la aprobación de un proyecto tan relevante y abarcador como un código de convivencia ciudadana, el oficialismo envalentonado por el resultado de las PASO apuró la aprobación de un proyecto que, durante su tratamiento en comisiones, no escuchó a muchos de los sectores que pretende regular. Por eso, las organizaciones ya avisan que resistirán su implementación con los métodos que sean necesarios, incluso la judicialización, para la que ya se piensan amparos en defensa de los derechos que se consideran cercenados. Si el objetivo del oficialismo era sentar las bases para una mejor convivencia en la ciudad, nada hace pensar que lo de hoy haya sido un paso en esa dirección, más bien todo lo contrario.

LAS CRÍTICAS DESDE POLÍTICA

El Frente de Todos, desde sus referentes dentro y fuera del HCD, planteó diversos cuestionamientos al proyecto que generaron algunos cambios pero no pudieron con el centro de la cuestión, que expresa con claridad la Concejala Yanina Lamberti: “el actual código de convivencia, si bien ha tenido modificaciones desde que la primera versión fue presentada, sigue teniendo un problema fundamental,  y es la profundización de la segregación socioespacial, cascocentrista y la acentuación de las desigualdades. Es un código que de alguna manera va en contra de derechos fundamentales: el derecho al trabajo, derecho al esparcimiento, derecho a la protesta”. En su planteo, la Edil argumenta que la ciudad ha crecido en complejidades y en su pluralidad en los últimos años, “embargo, el imaginario que se desprende del articulado parece desconocer o invisibilizar esta situación, con una clara perspectiva casco céntrica, soslayando realidades periféricas muy diversas y con problemáticas particulares y, al invisibilizar esas diferencias y desigualdades, las reproduce”. Tratar a todos los ciudadanos de la misma manera, lejos de ser un paso hacia a la igualdad, se constituye en una negación de las particularidades, las desigualdades, y un deslinde por parte del Estado de su responsabilidad en atender esas desigualdades.

Lamberti da algunos ejemplos para pensar esa situación: “¿cómo resolver el encuentro contradictorio de quienes consideran que el uso de animales para poder garantizar su supervivencia es legítimo frente a las sociedades protectoras de animales? O, más claro aún, entre quienes manifiestan que pagando la tasa necesaria pueden hacer uso de la vereda para colocar mesas y sillas de sus bares, frente a los manteros quienes no pueden pagar ese acceso porque justamente no tienen el margen de dinero suficiente: si al primero se lo acepta y al segundo no, claramente está actuando una valoración comercial del espacio público: puede usarlo para la venta de productos aquel que puede “comprar” una porción del espacio público, pero no el que no puede hacerlo”.

Otro aspecto que reafirma esta mirada tiene que ver con las diferentes penalizaciones justamente de esas dos situaciones. Un comerciante que ocupe la vía pública sin autorización con sillas o mesas destinadas a la explotación comercial, puede recibir una multa que va de los $3.500 a los $175.000, mientras que un vendedor ambulante que ocupe la misma porción de una vereda con su actividad es pasible de recibir multas entre $7.000 y $700.000. Además, el nuevo código no determina cómo se establecen los montos en cada caso dentro de ese amplísimo margen, dejando cada situación librada a la arbitrariedad del juez de faltas interviniente.

Guillermo Nano Cara, Concejal por el FDT, también estuvo presente en la sesión en la cual toda la oposición coincide en que faltó una discusión más profunda, en la que prácticamente no se dio lugar a interrupciones para enriquecer un debate que dejó sabor a muy poco. “La sensación que tenemos es que se ha perdido una oportunidad histórica de lograr una articulación entre la ciudadanía y la definición de un complejo normativo como es un código, donde se regule ese equilibrio social a través de la mediación, que es un concepto que debería teñir todo el sistema de ordenanzas que se están planteando” le expresó Cara a Diagonales haciendo referencia al apuro y la cerrazón oficialista para tratar el tema. “Se nota que a 11 días de las elecciones lo que se estaba buscando era un título periodístico y no verdaderamente construir un código de convivencia donde la riqueza espiritual, cultural y social de la ciudad de La Plata se vea expresada y representada, y la solución a los conflictos se lleve adelante. Porque no se trata de perseguir al conflicto con el temor a pagar una multa, sino de resolverlos”.

Entre esos conflictos el Edil del FDT menciona, por ejemplo, los que se suceden entre los propios vecinos y con el Estado en “una enorme cantidad de barrios que van emergiendo donde los vecinos van tomando decisiones sobre los espacios públicos, muchas veces sin la asistencia del Estado”, o frente a la venta ambulante ante las cuales las medidas punitivas no han aportado soluciones ni han servido para “inhibir a una población que necesita trabajar para poder subsistir”. La mirada punitiva en lugar de un rol mediador por parte del Estado es la crítica central de ese planteo.

Cara también recuerda que “Garro, siendo abogado, nos mandó hace seis meses un expediente como código de convivencia retrotrayendo la historia del derecho más de 200 años”. La referencia es a una primera versión del código, en la que los jueces de faltas podían determinar el arresto de los ciudadanos que se negaran a pagar las multas, algo que está por fuera de sus facultades constitucionales. El oficialismo tuvo que borrar ese aspecto del proyecto, y el Concejal del FDT considera que fue “una vergüenza que vuelve a exponer esta voluntad o vocación de sacar un código de convivencia con una visión proselitista y muy alejado de una visión estratégica de convivencia ciudadana, comunal, armónica, como debería ser un verdadero código”

La candidata a Diputada nacional Victoria Tolosa Paz habló del proyecto esta mañana desde el palacio municipal. “Es un código que ni tiene los niveles que debería tener, y nos preocupa el apuro de sancionarlo en pleno proceso electoral sin importarle ni siquiera la construcción de un consenso con los 24 representantes del HCD, imagínense el poco consenso que ha tenido por fuera”. Focalizó además que el eje del nuevo código está puesto en las multas como medio de castigo, y que “la mediación está ausente como un mecanismo de construcción de mayores niveles de ciudadanía”.

Ariel Archanco, también Concejal por el FDT y candidato a Diputado provincial, calificó el tratamiento y aprobación del código como “un show mediático de Garro, no una solución real”. Haciendo énfasis en lo difícil que será implementar el articulado de la norma tal cual está expresado, considerando la problemáticas sociales que afectan hoy a la ciudad, expresó que “tenemos que avanzar en una norma real que nos reconcilie con los vecinos, porque nos van a exigir que este código se cumpla y es de muy difícil aplicación. Desde nuestro bloque, cuando rechazamos este código, no estamos dándole la espalda a los intereses de los vecinos, muy por el contrario, estamos dando una muestra de honestidad de que queremos avanzar con los pies sobre la tierra, con soluciones que sean palpables para los vecinos y vecinas. Votar este código, es venderle algo a la ciudadanía que después no se va a poder cumplir, porque son temas muy delicados”.

Quien también se refirió al tema fue la Diputada provincial Florencia Saintout, quien señaló que el código “sólo aportará más confusión, exclusión y complicaciones a la vida cotidiana de los platenses” porque “no ha salido de un consenso de los sectores que representan a la ciudad, ni siquiera se ha dado a conocer a los platenses y mucho menos debatido entre la otra fuerza mayoritaria de la ciudad, como es el Frente de Todos”. La ex candidata a Intendenta lamentó que el municipio decidiera votar una iniciativa semejante a espaldas de los vecinos y a través de su “mayoría automática en el Concejo” y agregó que “no puede haber convivencia si lo que se busca es poner en práctica un código que no contempla las demandas de nuestros vecinos y concejales, que una y otra vez fueron desatendidas por el oficialismo local”. “Es inevitable pensar que el Ejecutivo se mueve con fines electoralistas” disparó.

LAS CRÍTICAS DESDE LOS BARRIOS

Las organizaciones sociales poblaron desde la mañana los alrededores del palacio municipal, y algunas de ellas cuantifican en 20.000 el número de asistentes. Natalia López es referente de Somos Barrios de Pie, y le expresó a Diagonales que “este código lo que hace es armar una pequeña Capital Federal en el casco urbano que se vea ordenada y limpia para los sectores que reniegan de los pobres, y que el espacio público quede en manos de quienes hacen un uso privado de ese espacio público”. La referencia es la misma que la planteada por los Ediles opositores, mientras comercios formales copan las veredas desde los nuevos protocolos por la pandemia, como sucede por ejemplo en la calle 44 o la diagonal 74, el comercio ambulante es criminalizado por el mismo uso del espacio público. “Se sanciona la venta ambulante pero no tiene problema en que un emprendimiento gastronómico ocupe toda una vereda impidiendo el paso de personas con discapacidad” dice López, quien también recuerda que muchas de las manteras desplazadas por el nuevo criterio son madres de hijos que han sido víctimas de violencia de género, y cuando tuvieron que recurrir al municipio en busca de ayuda “encontraron las puertas cerradas, como nos tiene acostumbradas esta gestión”.

López agrega que el cercenamiento al derecho constitucional que implica tener que pedir permiso para ejercer la protesta social es además un despropósito, porque “este Gobierno inhumano que gobierna para muy pocos le ha dado la espalda a nuestro pueblo durante los últimos 6 años, particularmente durante la pandemia”, y eso hace inevitable que existan protestas. Algo similar a lo que sucede con el tratamiento  desigual entre los barrios de la periferia y el casco urbano. “Se busca responsabilizar al los vecinos de las condiciones en las que están sus barrios, por ejemplo multando la acumulación o quema de residuos en zonas donde la recolección pasa una vez por semana, cuando se trata de una responsabilidad del municipio”. La referente de Somos Barrios de Pie califica el código como “injusto, inhumano, con falta comprensión del territorio” y agrega que “busca gentrificar el casco urbano, cada vez más exclusivo, excluyente y alejado de las mayorías populares. Aleja a esas mayorías del corazón político y administrativo de nuestra ciudad”.

Paula de Rose, responsable del Movimiento Evita en La Plata y miembro de UTEP, centró sus críticas en el carácter persecutorio del nuevo código para con los trabajadores de la economía informal como vendedores ambulantes, feriantes, trabajadores de la cultura, artistas callejeros, trapitos, lava autos, “compañeros y compañeras que todos los días salen a trabajar, a buscar el mango de la forma que pudieron o que el sistema les permitió, entonces en vez de avanzar en la pelea que estamos dando por tener derechos en los laburos que ya nos inventamos nosotros mismos, en cambio recibimos persecución y eliminación de espacios donde los podamos realizar, judicialización, etc”. El sector de la economía informal fue el más castigado por la pandemia y por la gestión de Julio Garro durante la misma, por ejemplo con la subejecución de los presupuestos destinados a Desarrollo a la Comunidad o asistencia alimentaria. Hoy la respuesta municipal hacia ese sector sigue siendo la falta de reconocimiento y la exclusión.

De Rose también ejemplifica la doble vara con la problemática de los residuos. “Hablan de multas por acumulación o quema de residuos pero no dicen que los countries tiran su mierda en el río donde los compañeros viven; habla de la tracción a sangre, pero no diferencia las zonas rurales donde se trabaja la tierra con los animales”. Y remata “el código va en la dirección de privatizar la ciudad para el beneficio de unos pocos, nada nos sorprende pero seguiremos acá, lo vamos a judicializar, prepararemos los amparos que haya que preparar, se presentarán una vez que se oficialice en el boletín, y seguiremos construyendo la unidad de trabajadores y ciudadanos de La Plata para intentar que se dé marcha atrás o al menos se dejen sin efecto los puntos que afectan a nuestros derechos”.

Ramiro Verdesegar es referente de la Corriente Clasista y Combativa, y en diálogo con Diagonales afirmó que “un código que debería ser de consenso termina siendo un intento autoritario por borrar la pobreza del casco urbano de La Plata. Lo construyeron de espaldas a la gente y de frente a los negocios inmobiliarios”. Utiliza una imagen para ejemplificarlo: “hablan, por ejemplo, de reubicar a los vendedores ambulantes, pero los manteros ponen la manta donde pasa la gente, no en cualquier lado, además que el espacio que proponen alcanza para los feriantes de una plaza”.

Verdesegar concuerda con que “el código es un instrumento de campaña para un sector de la población, pero no se va a poder cumplir porque gente va a salir a ganarse la vida igual porque no tiene otra alternativa. Lo único que se propone es castigar a esa gente, sin proponer una sola política pública para resolver las causas de sus situaciones. Eso sólo va a llevar a que se profundice n las luchas”.

Todas las organizaciones coincidieron en destacar la movilización de hoy como amplia, plural y muy unitaria. Ninguna dice haber sido convocada a ninguna instancia en la que hayan podido ser parte de la discusión del proyecto, y por eso afirman que resistirán su implementación al sentirlo una imposición por parte del ejecutivo municipal. El supuesto intento de Garro de una mejor convivencia parece solo conducir a mayor conflictividad.