Luego de varias idas y venidas, la Justicia decidió levantar el amparo interpuesto contra las compañías petroleras y habilitó la explotación offshore en la costa de Mar del Plata. Fue la Cámara Federal de Apelaciones marplatense la que decidió dar vía libre al proyecto “Argerich”, aunque interpuso “condiciones especiales” para la actividad que generó fuertes polémicas en la comunidad local.

Cabe recordar que el amparo había sido impulsado por organizaciones ambientalistas y el intendente local Guillermo Montenegro, pero ahora el nuevo fallo firmado por Walter Pelle, Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez puso fin a la medida y abrió las puertas al avance de la exploración de hidrocarburos en el mar argentino.

Cabe recordar que el mentado proyecto “Argerich” había sido presentado hace un año por el gobierno de la Nación, planteado como una “oportunidad histórica” en materia de exploración petrolera, aunque fue el puntapié inicial para una larga batalla de la comunidad local que entró en alerta por el posible impacto ambiental de esas actividades.

En ese marco, se inició una seguidilla de instancias judiciales donde organizaciones y asociaciones civiles empezaron a dar la pelea contra la empresa Equinor que, en conjunto con YPF, es la responsable de llevar adelante las actividades offshore. Asimismo, el proyecto generó varias movilizaciones multitudinarias en Mar del Plata en rechazo del proyecto.

No obstante, este nuevo fallo deja el camino despejado para que las firmas comiencen con las actividades, aunque la medida judicial incluye “condiciones especiales”. Según indica la decisión de los jueces, el equipo interministerial Pampa Azul deberá ser incluido como observador permanente para “velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca” y “por la tutela del Agujero Azul”.

Por otro lado, las actividades de prospección sísmica “no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a 50 kilómetros de la zona denominada Agujero Azul”. Asimismo, las tareas deberán “suspenderse inmediatamente” cuando se verifique “cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente”. Por último, los jueces instaron a las autoridades a “que propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control sobre las actividades del proyecto”.