Las organizaciones Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Bahía Blanca, HIJOS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresaron su preocupación por el retraso en los juicios de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca. "Hace nueve meses finalizó el último juicio", señalaron.

Según comunicaron los jueces "extraoficialmente dejaron correr información sobre distintas fechas de inicio, hasta llegar a que en el mes de julio de este año iniciarían el próximo. Sin embargo, a esta altura del mes de agosto, no tenemos fecha cierta ni formato de los juicios a realizarse".

Además señalaron que solicitaron en reiteradas oportunidades la unificación de causas "ya que no se puede realizar un juicio de la manera que se vienen haciendo, o sea uno por año, sumado a la dificultad de que las audiencias son insuficientes".

Finalmente en el comunicado remarcaron que los "juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse" y que "instamos a los jueces del TOF que juzga a genocidas en Bahía Blanca a que sigan el camino que nos honra como sociedad y que parecería están abandonando, de Memoria, Verdad y Justicia".

Respecto a el beneficio de prisión domiciliaria, que solicitó por ejemplo el represor Miguel Etchecolatz, las organizaciones de Bahía Blanca indicaron que "son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores de la dictadura circular tranquilamente por las calles".

En este tema que preocupa a los organismos de Derechos Humanos, señalaron que de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos" Y de los represores detenidos sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión".