Tres días se sostuvo el embargo por ocho millones de pesos sobre los bienes del intendente de Vicente López, Jorge Macri, en la causa por presunto lavado de dinero en la que está imputado desde hace dos años. La medida había sido ordenada el miércoles 25 de octubre de 2017 por la jueza federal de San Martín Sandra Arroyo Salgado, en cuyo juzgado recayó la investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre el primo del Presidente por la compra de un inmueble en Miami valuado de 365 mil dólares, que nunca declaró. El viernes 28, con apuro indisimulado, los jueces de Cámara Alberto Agustín Lugones y Hugo Daniel Gurruchaga revocaron la decisión de la jueza.

Aquello fue lo más cercano a un rasguño judicial que sufrió el primo del Presidente, pese a que su nombre aparece vinculado en varios expedientes y denuncias a empresas offshore, narcotráfico y negocios con el Estado. Y confirma una paradoja que describen con cierta impotencia desde la oposición en el municipio: las denuncias no le han generado por ahora casi ningún costo político ante un electorado que tiene un nivel económico superior al resto del conurbano y que por ende, se supone tiene una mayor tendencia a enfocarse en la agenda institucional.

Aquella investigación de la Procelac, en base a informes de la AFIP y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), estableció que Jorge Macri adquirió en 2012 un departamento en Brickell Avenue 485, Miami, a nombre de la offshore “Icon Unit 1704 LLC”, por 365 mil dólares. Pero aparecieron otros dos a su nombre en la ciudad de las palmeras. Uno de ellos, según una investigación de la revista Noticias, ubicado en la calle Washington Court al 2155, para el cual pidió un préstamo al BAC Florida Bank de 273.000 dólares, ese mismo año. El tercero, revelado por el sitio El Disenso, en el complejo “St Tropez On The Bay II Condo” por un valor 720.000 dolares, en 2013.

Pese a todo, los camaristas Lugones y Gurruchaga sostuvieron en su fallo que no existían fundamentos para sostener la “verosimilitud” de la denuncia. Desde entonces, no hubo avances en la investigación.

El único coletazo, en esos meses, le llegó desde adentro de Cambiemos: fue la propia Elisa Carrió quien en 2017 dijo que no permitiría “delincuentes” en las listas del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, en referencia directa al intendente de Vicente López (también es el presidente del PRO en el distrito), cuando sonaba como uno de los candidatos a encabezar en las elecciones de medio término.

“A Jorge Macri le va a costar mucho esta campaña si el Gobierno decide hacer eje en la corrupción. Todavía debe dar muchas explicaciones no sólo por las empresas offshore, sino por las excepciones injustificadas al código urbano para los grandes negocios inmobiliarios y hasta con la recolección de basura”, señaló a Diagonales el concejal del FpV, Joaquín Noya.

Narcos, capítulo Vicente López

En su libro “Radiografía de la corrupción PRO”, Julián Maradeo y Ignacio Damiani revelaron que el municipio de Vicente López firmó un acuerdo comercial con una empresa relacionada a los carteles de la droga en Colombia: International Trade an COmerce SA (ITC). Más precisamente, un comodato firmado por el primo del Presidente y un tal Carlos Yorelmy Duarte Díaz, presidente de ITC y prófugo de la causa llamada “Narco Arroz”, y un préstamo con fecha de julio de 2013.   

La causa lleva ese curioso nombre porque el cartel narco colombiano Los Urabeños, instalado en el país desde 2012, sacaban cocaína escondida en bolsas de arroz.

El dato del libro llamó la atención el fiscal federal Federico Delgado –quien anunció que se retira de Comodoro Py– que le pidió al juez Torres investigar. El intendente fue borrado del expediente, pese a que todo fue comprobado.

Un aportante trucho limpia las calles

Adán Chocano es un ciudadano español radicado en el país desde hace años. Por sus vínculos con el clan Macri, le va muy bien haciendo negocios. Uno de ellos es la recolección de basura. Chocano es el titular de Transportes Olivos SA, que maneja no sólo la recolección sino también el barrido y limpieza de Vicente López, que se lleva el 10 por ciento del presupuesto. Lo mismo hace en algunas comunas de la Ciudad de Buenos Aires (a través de su gemela Urbaser), y también en la ciudad de La Plata. Todos distritos gobernados por el Pro.

Los favores se devuelven: Chocano figura como aportante de la Fundación Suma, que manejaba Gabriela Michetti y que aún no pudo justificar sus ingresos ante la justicia, en la causa en la que se investigan lo dólares en efectivos que la vicepresidenta tenía en su casa la noche que fue robada. Una fundación trucha, que servía para lavar fondos de empresarios que aportaban a la campaña.

A través de una UTE de nombre Zona Verde, Chocano siguió adjudicándose obras sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, desde la limpieza de plazas, la poda de árboles y hasta el drenado de arroyos en el marco del saneamiento del riachuelo, pese a que su director ya había sido identificado como donante trucho a la vicepresidenta. Nada de eso impidió que siga prestando el servicio en Vicente López.

No iba a faltar un contrato de Horacio Rodríguez Larreta para un viejo conocido de Jorge. Quienes conocen cómo funciona el municipio, destacan que se parece cada vez más y demasiado a la Ciudad de Buenos Aires. También en cuanto a los negociados PRO: según una investigación reciente del diario Tiempo Argentino, en la Ciudad contrataron por 600 mil pesos a cambio de una “asesoría” al arquitecto que comparte la dirección de la firma offshore del primo del Presidente. Amigos son los amigos.