El pasado martes, el intendente macrista de Pinamar, Martín Yeza, compartió un tweet en el que se jactó de estar “deteniendo trapitos a full”. La publicación generó una fuerte polémica que lejos de quedarse en redes sociales se trasladó al terreno judicial. En las últimas horas, el abogado y ex fiscal Javier Ignacio Baños denunció al jefe comunal por la “posible comisión de delito de acción pública”. 

“Seguimos deteniendo trapitos a full, entre ayer y hoy detuvimos cerca de 15. Se agradece si nos ayudan avisándonos vía Ojos en Alerta", había escrito en mandatario local en sus redes sociales donde compartió la página web en la que se pueden radicar las denuncias y una foto en la que se ve personal policial deteniendo a un hombre en la calle. 

Para Baños, con esa publicación, el intendente “podría estar incitando a la ciudadanía a la violencia colectiva contra el grupo de personas que él denomina en forma discriminatoria ‘trapitos’” además de otros delitos. 

“El jefe del poder ejecutivo del municipio de Pinamar podría estar cometiendo múltiples delitos, amén de faltas éticas e irregularidades administrativas que rompen con el principio de división de poderes y constituyen un grave atentado contra el orden público constitucional de este estado, en franca violación de la Constitución Nacional, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y de los múltiples instrumentos internacionales a los que ha adherido nuestra República en materia de Derechos Humanos”, exclamó el letrado. 

La denuncia sostiene además que Yeza “se estaría rogando facultades judiciales que no posee”, tales como la capacidad de detener personas. "Es obvio que la única persona autorizada a detener a un ciudadano de acuerdo con las previsiones del Código de Procedimiento Penal de esta provincia es el Juez de Garantías y sólo puede hacerlo a pedido del Agente Fiscal interviniente”, argumentó el abogado. 

También cuestionó el hecho de referirse a las personas “de una manera harto despectiva y discriminatoria que exigiría los pedidos de explicación e investigaciones pertinentes en los ámbitos naturales que exceden el marco de la jurisdicción”.

Finalmente, solicitó que se remitan los testimonios de personas detenidas “al Concejo Deliberante del lugar en el que el imputado se desempeña como jefe comunal, a efectos de substanciar los trámites correspondientes y así determinar su responsabilidad frente a eventuales faltas éticas y a la propia axiología inherente al acto gubernativo en todo lo relativo a los DD.HH y a la discriminación de personas”.