Consumado el acuerdo entre el massismo y Juntos por el Cambio, este martes comenzará el debate en Diputados por la nueva ley de alquileres, que promete ser acalorado. El primer acto será en la Comisión de Legislación General, epicentro consensuado para definir el contenido del proyecto y cuya conformación quedará oficializada con la presidencia de Cecilia Moreau por el Frente de Todos y la vicepresidencia de Ana Carla Carrizo como representante de la oposición. 

El contenido del proyecto, según pudo averiguar Diagonales, también está a grandes rasgos consensuado entre ambos espacios: se buscará reducir de dos a tres años la duración de los contratos, retrotraer el plazo de actualización un año a seis meses y reemplazar la fórmula actual que fija la actualización de los contratos por uno nuevo. El objetivo que persigue esa idea es devolverle “seguridad jurídica” a los propietarios y rentabilidad a las Cámaras Inmobiliarias para fomentar la oferta, que desde hace meses comenzó un espiral de retracción. “Si logramos devolverle la confianza al mercado, vamos a beneficiar por igual a propietarios e inquilinos”, dijeron a este medio desde uno de los equipos de asesores legales que ya desde el año pasado diseña los lineamientos generales del nuevo texto.

El propio Sergio Massa condujo la negociación con los jefes de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del Pro, Cristian Ritondo, quienes la semana pasada amagaron con utilizar el peso de la oposición en el recinto para convocar a una sesión extraordinaria a fin de directamente voltear la ley vigente. El presidente de la Cámara baja no quería ceder la iniciativa y encontró en la convocatoria a un debate abierto de 30 días hábiles (45 de corrido) una salida posible. Hubo acuerdo y la redacción de una nueva norma se debatirá sin que actual pierda vigencia, algo que según consideraban en el massismo “hubiera dejado sin marco normativo a quienes firmaron contratos de locación dentro de la vigencia de la ley actual". 

La mayoría de los legisladores y las legisladoras que este martes serán confirmados y confirmadas como miembros de la comisión de Legislación General acompañarán en principio el proyecto ya consensuado, por lo que se cree que el plazo fijado por Massa se cumplirá, según especulaban fuentes parlamentarias. Los votos positivos de los 16 alfiles de Juntos por el Cambio están garantizados; la incógnita es qué sucederá con algunos de los 18 que debería aporte el Frente de Todos, que según pudo saber este medio o no tienen una posición tomada aún o tienen una relación construída con las agrupaciones de inquilinos, por lo que no está claro que acompañen a libro cerrado la nueva norma. 

Es que el verdadero debate surgirá cuando las agrupaciones de inquilinos comiencen a defender la ley vigente, en el palacio o en la calle. La consideran un piso de derechos conquistados y ya dejaron en claro que no comparten el diagnóstico de Massa, la oposición y el propio presidente Alberto Fernández de que haya “fracasado”. Es más, proponen abiertamente que el Estado “profundice la regulación” del mercado y se mostraron a favor de la iniciativa de gravar con un impuesto a la vivienda ociosa. 

“Todos los proyectos presentados por Juntos por el Cambio y la posición del massismo son a favor del mercado inmobiliario”, dijo Sebastián Artola, referente de la Federación Nacional de Inquilinos en la provincia de Santa Fe. “Quieren contratos más cortos (de dos años o, incluso, hay algunos que plantean un año de duración), aumentos semestrales o cada tres meses, y que los ajustes los defina de manera unilateral las inmobiliarias y propietarios. El resultado no va a ser otro que más aumentos en los alquileres, más imposibilidad de pagar, más inquilinos en la calle y más crisis habitacional”, agregó.

Esa posición había quedado clara durante los dos encuentros convocados a fines de febrero y principios de marzo por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien además se había mostrado a favor de una mayor regulación estatal del mercado de alquileres y del impuesto a la vivienda ociosa. Ese espíritu había sido plasmado por el diputado sanjuanino José Luis Gioja, cuyo proyecto fue ninguneado por el massismo.

Este lunes, después de un largo silencio al respecto, el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, afirmó que estar de acuerdo con “las conquistas de los inquilinos en cuanto al plazo (tres años) y el ajuste anual”, lo que da cuenta de las diferencias al interior del Gobierno respecto del tema. Si bien hay consenso en torno a que la ley debe ser modificada, no pasa lo mismo respecto a cómo, ni en qué dirección. 

No sucede lo mismo en la oposición, que juega fuerte en el sector inmobiliario. La presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), Marta Liotto, es una importante dirigenta del radicalismo porteño, cercana al senador Martín Lousteau, quien según su propia declaración jurada tiene varias propiedades en alquiler en las zonas más caras de Buenos Aires. Tanto la CPI como la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI) dejaron claro en un documento que circuló este lunes que todas la ley vigente es “nociva” para el mercado. Por ahora, tienen las de ganar. Habrá que ver qué pasa una vez que el proyecto llegue al recinto, donde el Frente de Todos, al menos por ahora, no votaría unificado, tal como sucedió con el acuerdo con el FMI.