La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció este miércoles que tiene en carpeta desvincular el valor y los aumentos del programa Potenciar Trabajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, con el objetivo de reducir su costo fiscal. Antes incluso de que la medida entre en vigencia, ya generó un fuerte contrapunto con las organizaciones sociales, especialmente con la UTEP y el Movimiento Evita, uno de los aliados de mayor peso que tuvo el presidente Alberto Fernández durante casi todo lo que va de su mandato. La relación está a punto de quebrarse y la decisión de la Rosada de recortar el principal plan de ayuda social con que cuenta el Estado podría ser el detonante definitivo, que incluso podría derivar en una salida masiva de funcionarios de los movimientos del propio Ejecutivo.

“No vamos a resignar derechos, ni a ser cómplices del ajuste. Si tenemos que elegir entre el Gobierno de Alberto Fernández y de Tolosa Paz y nuestros compañeros, elegimos a nuestros compañeros. Eso pone en discusión incluso si tenemos que seguir siendo parte del Ejecutivo o no”, le dijo a Diagonales el secretario gremial de UTEP, Gildo Onortao.

De concretarse lo anunciado por la ministra, se desvincularía la movilidad del Salario Mínimo con el Potenciar, que equivale exactamente a la mitad de ese monto, unos 27 mil pesos a diciembre. La intención de la ministra es que el valor del programa pasa a discutirse en una mesa bautizada “Consejo de la Economía Popular y el Salario Complementario”, creada por el decreto presidencial 728/22, el mismo que fijó un tope a la incorporación de nuevos beneficiarios y le otorgó el 30 por ciento de la obra pública del Estado a las organizaciones.

Las organizaciones rechazan esa medida no tanto por su costado burocrático sino por el impacto que tendrá en el valor del Potenciar, algo que la propia ministra reconoció. “En lo concreto es un ajuste, porque desengancharía la movilidad del programa”, explicó Onorato, quien además consideró que la medida “sería un ataque a un derecho conquistado durante el macrismo, que se logró con la unidad y con el objetivo de que el sector informal de los trabajadores esté atado a las conquistas del sector formal”.

“Entre el Gobierno y nuestros compañeros, elegimos a nuestros compañeros”

Otras voces dentro de las organizaciones advierten que el “ajuste” no se queda ahí: de fondo está también la amenaza de un recorte masivo de beneficiarios, que podría alcanzar a los 200 mil, según advierten fuentes extraoficiales del propio Ministerio de Desarrollo Social.

Para Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán y secretaria gremial de UTEP, la medida “llegaría en un momento muy complicado, por la inflación, para los compañeros y las compañeras de la Economía Popular, que vienen remando hace años, primero con el ajuste de Macri, después por la pandemia y ahora por las decisiones de este Gobierno”.

Sánchez también tuvo palabras muy duras para el Presidente. “Dijo que iba a empezar por los últimos, pero eso no está pasando”, advirtió. “Nos duele que a esta campaña de la derecha contra los movimientos sociales se haya sumado el Gobierno”, aseguró.

Tolosa Paz se había hecho cargo, en un principio, del polémico informe de la AFIP sobre el Potenciar, que tal como contó este medio, contaba con grandes desajustes metodológicos que luego fueron utilizados por la oposición y la justicia para realizar una operación contra el programa. Al ajuste de la movilidad anunciado esta semana, se le agrega que se levantaría, además, el secreto bancario sobre sus titulares.

“¿Por qué no lo levantan sobre todos los que se la fugaron durante el gobierno de Macri o que contrajeron los 45 mil millones de deuda externa?”, contragolpeó Sánchez.

La medida coincidiría temporalmente con el acercamiento del Evita y de la UTEP hacia Cristina Kirchner, que se concretó en un encuentro privado entre la vice, Emilio Pérsico y varios referentes del espacio.

“Siempre hemos tenido miradas distintas sobre el gobierno, pero la realidad es que cuando creamos la UTEP nos comprometimos a  estar del lado de nuestros compañeros, para representar su voz. Se viene un año electoral y la política se está matando. Me parece muy cruel que las riñas políticas tengan que incidir en el futuro de la Economía Popular. Siempre nos pusimos a disposición, incluso en los peores momentos de la pandemia, no nos dimos el lujo un solo dia de cerrar nuestros comedores y espacios comunitarios y de trabajo”, apuntó la referente del Santillán.

Así las cosas, las organizaciones realizarán mañana en el Puente Pueyrredón una asamblea para definir medidas de lucha. No se descarta una sentada en Desarrollo Social para la semana próxima, a espejo de las que realiza el bloque de Unidad Piquetera y cortes a nivel nacional.