En Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Chubut, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros muchos rincones de la extensa República Argentina, se oyó este miércoles el reclamo por la defensa de la educación pública. En su epicentro frente al Congreso de la Nación, la Marcha Federal Universitaria cerró con todos los cañones contra el veto al aumento presupuestario que el presidente Javier Milei anunciará en las próximas horas: “Es un grito de auxilio por esa ley”.

Mediante un documento titulado “la universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia”, la titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA) Piera Fernández de Piccoli se encargó del cierre de la potente movilización que tuvo ecos en todo el país y congregó a más de un millón de manifestantes tal como lo hizo la primera edición de la convocatoria el 23 de abril pasado. Pero, advierten, la situación de la educación superior es hoy “aún más crítica que a comienzos de año”.

“La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada, con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de pobreza, cuando no de la indigencia. La reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario”, expresó la dirigente.

A ello se le suma “la crisis económica y social que afecta particularmente a estudiantes de todo el país”; así como el desmantelamiento y desfinanciamiento del sistema científico, que “será terminal si no se consideran medidas urgentes”; y las “más de 100 obras de infraestructura paralizadas” en las universidades. Ante ello aparece la Ley de Financiamiento Universitario y que el Gobierno Nacional pretende vetar, aunque existen dudas sobre si conseguirá el tercio necesario en el Congreso para mantener la derogación vigente.

En ese marco, Fernández sostuvo: “El Presidente tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema, ¡promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!”. Y remarcó: “Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI) para su implementación”. Los ojos, ahora, se giran a la Casa Rosada.