A través de la Resolución 187/2025, la Agencia Nacional de Discapacidad definió las revisiones y repartos de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad. Para ello, el Gobierno habilitó el uso de términos descalificativos y aberrantes que se dejaron de utilizar décadas atrás. 

Para entregar las asignaciones, la administración libertaria catalogó a las personas con discapacidad como "imbécil", "idiota" o "débil mental" según su coeficiente intelectual.

La clasificación es arcaica y, además de peyorativa ya no tiene aval en el mundo científico. Sin embargo, en el anexo de la resolución gubernamental, hay un subtítulo llamado “retardados mentales”, en el cual el organismo a cargo de Diego Spagnuolo cataloga a las personas con discapacidad con expresiones discriminadoras. 

Según el texto, una personas con un coeficiente intelectual de 0-30 es “idiota”; de 30-50, “imbécil”; de 50-60, débil mental profundo; de 60-70, “débil mental moderado”; y de 70-90, “débil mental leve”

La utilización de estos términos atentan contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, al que Argentina está adherido. En un documento de 1997, con rango constitucional en el país, se aclaró que la discapacidad no impide trabajar pero que las personas con discapacidad enfrentan una multiplicidad de barreras y que por ello son necesarias las asignaciones. 

El abogado Eduardo Quiroga, miembro del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló a La Nación que estas expresiones “refuerzan la discriminación” y resaltó que se trata de términos obsoletos. 

Por su parte, la presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Gabriela Troiano, calificó el uso de estos términos como “un acto de violencia institucional sin precedentes”.