“Los despidos recién comienzan” alertan las PyMES: ya suman 20 mil y proyectan 150 mil para este año

La peor fase del plan de la motosierra y el ajuste de Milei está comenzando. A la caída del poder adquisitivo de los salarios y el desplome del consumo le sigue, como cada vez que en la historia argentina se aplicaron las recetas que hoy refrita el Gobierno nacional, una fuerte recesión que termina en olas de despidos. A los miles de empleos públicos que se van perdiendo mes a mes en el achicamiento brutal del Estado nacional, se le empieza a sumar cada vez con más fuerza un correlato en el sector privado.

Los últimos datos disponibles Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA-AFIP), difundidos por la Secretaría de Trabajo, señalan que sólo entre diciembre y enero se perdieron alrededor de 40.000 empleos en el sector privado registrado. La devaluación impuesta por el oficialismo sumada a la desregulación de la economía y la disparada inflacionaria generaron el caldo de cultivo para que muchas empresas acomoden su situación con los despidos como variable de ajuste. El freno total a la obra pública empujó este número con fuerza, con una importante caída en el sector de la construcción, lo cual llevó  a la Cámara Argentina de la Construcción a declarar un estado de emergencia en todo el país.

En este panorama, un actor social determinante en la historia y la estructura económica del país se encuentra entre los principales afectados. Las pequeñas y medianas empresas, generadoras tanto del mayor volumen de empleo privado a nivel nacional como de la producción que se destina mayormente al mercado interno, comienzan a alertar de un estado de situación dramático que se irá profundizando con el paso de los meses. Las causas se identifican en el plan económico del Gobierno nacional, con especial énfasis en la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que propone un modelo económico que favorece la importación de bienes terminados y amenaza con liquidar el entramado productivo nacional.

El alerta lo viene lanzando en las últimas semanas IPA, una asociación de pequeños y medianos empresarios de la industria nacional que se definen como “unidos en la vocación de desarrollar, proteger y estimular la industria pyme como motor del desarrollo económico argentino”. En el último informe de su observatorio IPA señaló que “entre noviembre y febrero el empleo en las PyMEs cayó -1,4%: se perdieron 16.870 puestos de trabajo. En marzo y abril cada vez más empresas están empezando a despedir personal, ante la perspectiva de que la crisis económica se extienda en el tiempo”. El número total de despidos ya supera en las estimaciones de los últimos meses los 20.000.

Los industriales PyME indicaron que la caída en el nivel de actividad empezó a impactar “de manera terminal” en el mercado del trabajo, y que el sector privado registró despidos durante las últimas semanas en empresas electromecánicas, automotrices, textiles, alimenticias y de comercio. Los aumentos en los costos, las caídas de las ventas y la apertura indiscriminada de importaciones fueron generando un panorama que, desde la perspectiva de los industriales, sólo tenderá a empeorar.

Daniel Rosato, presidente de IPA, indicó que unas 7.500 PyMEs industriales, un 15% del total de 50.000 que existen en el país, están actualmente en un estado de crisis. Lejos de ver una reactivación económica o el famoso rebote en V que el Gobierno vende como proyección, las perspectivas a corto y mediano plazo de los industriales PyME son trágicas: sus estimaciones señalan que hasta 150.000 trabajadores del sector podrían perder su empleo en lo que queda del año.

“En los primeros meses del nuevo gobierno pocas han sido las políticas dirigidas al sector productivo. Más han sido las políticas macroeconómicas que afectan la demanda interna y, como consecuencia, el nivel de actividad; además de los programas previos de apoyo a la producción –algunos con probado éxito- que dejaron de ejecutarse. Aquí también tiene un fuerte impacto la caída de la inversión pública (que cayó más de 80%), que tiene un efecto multiplicador muy elevado en el resto del nivel de actividad” indicaron desde IPA como causales del momento crítico que atraviesa el sector.

A su vez, desde la asociación de industriales criticaron con dureza el RIGI que aprobó Diputados esta semana y que quedó a un paso de ser instituido por el Senado. El régimen “indica la orientación de la política económica del gobierno actual, sesgada hacia las empresas de mayor tamaño y también hacia la inversión extranjera. [...] El Gobierno parecía ignorar la importancia de las inversiones PyME a lo largo de nuestra historia” caracterizaron desde IPA.

Los industriales argumentan, con un estudio que recorre las distintas épocas de aplicación de políticas económicas de apertura indiscriminada a las importaciones, que “la evidencia muestra que el abaratamiento de los productos importados (vía reducción de aranceles en este caso, pero también la apreciación cambiaria) no garantiza la generación de procesos de modernización tecnológica. Es decir, que la competencia, más que funcionar como incentivo para el desarrollo innovativo, puede directamente atentar contra la supervivencia de las empresas”. Citan para esto el ejemplo de la convertibilidad, período durante el cual “un sesgo hacia la comercialización de bienes finales importados en lugar de hacia la compra de bienes de capital” decantó en la pérdida de muchas empresas y, como consecuencia, con el aumento del desempleo por encima del 20% de la población.

En esa línea de políticas económicas inscriben los industriales de IPA la orientación que el Gobierno busca darle a la economía nacional con la Ley Bases. Sin eufemismos, sentencian en su último informe que la ley “plantea las condiciones para poner en marcha el plan productivo del gobierno. La relevancia que se le otorga al RIGI indica claramente la orientación estratégica: hacia una transformación en la matriz productiva que atenta contra el gran porcentaje de empresas que hoy la conforman, PyMEs y de capital nacional”.

En ese sentido, alertan también sobre un “efecto de retroalimentación”, en el que la caída de la demanda interna producto de la caída de los salarios impacta con fuerza en el nivel de actividad, y la caída de la actividad influye directamente en los salarios y despidos. “Mientras que para el corto plazo proyectamos que se profundicen los despidos, no esperamos que en el mediano plazo haya una recuperación en la demanda de consumo interno ni el nivel de actividad que puedan generar a posteriori una mejora en el mercado de trabajo” sintetizan en su informe a la par de lanzar un alerta preocupante: “Los despidos recién comienzan”.

A raíz de esta situación, distintos grupos de industriales como los nucleados en IPA decidieron acompañar la manifestación de la CGT este miércoles 1º de mayo. El presidente IPA denunció que “el Gobierno no habla con las pymes”, y que el minsitro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ignoró sistemáticamente los pedidos de reunión y de medidas específicas para el sector.

El drama de las PyMES es el drama de la estructura económica argentina y del entramado social del país. Columna vertebral de un país productivo y con un sistema de empleo registrado, las pequeñas y medianas empresas son también la fuente de abastecimiento del mercado interno. IPA señala que “el actual camino de la economía argentina apunta a consolidar una configuración del mercado de trabajo con una mayor representación relativa del empleo informal y cuentapropismo, y menor del empleo asalariado formal”. En definitiva, el Gobierno nacional efectivamente vino a transformar las bases de la estructuración nacional. Lamentablemente, para mal.