La anteúltima vez que entró en un alquiler, a Marianela le exigieron que pagara el mes de depósito en dólares. El PH que había conseguido para ella y su hija en Villa Ortúzar era soñado. Dudó, pero al fin juntó la plata y firmó el contrato. Cuando empezaba a sentirse en casa, se tuvo que ir: la pandemia y un aumento sorpresivo del 40 por ciento hicieron imposible la renovación. La peor parte, de todos modos, vino después: cuando fue a reclamarle a la inmobiliaria la devolución del reaseguro la respuesta fue negativa. Muestra en el teléfono la captura con la demanda, contra Grinberg & Machado, por 38 mil pesos. Estuvo varios meses consultando a escribanos, abogados, mandó carta documento, pero nada: “Me la tuve que comer doblada, me recontra cagaron”, dice. Así fue que se contactó con Inquilinos Agrupados, en busca de asesoramiento. Y encontró a varios desconocidos que como ella atravesaron trastornos del estilo y comenzaron a organizarse. Con algunos de ellos llegó este miércoles al Congreso, convocada para un “Valijazo” en defensa de la ley de alquileres vigente. 

“Ahora tengo un contrato de tres años, me respetaron la ley en el contrato. Al menos tengo esa tranquilidad”, le dice Marianela a Diagonales, antes de ponerse una máscara con la cara de Don Ramón, el eterno inquilino del Chavo del 8, y sumarse para la foto colectiva sobre la esquina de Callao y Rivadavia, adonde también llevaron valijas impresas con consignas como “Quiero alquilar, pero también vivir”. Luego de la foto, llegó el turno de los discursos. 

“Hace poco más de cien años, a pocas cuadras de acá, en Barracas, un grupo de mujeres protagonizaron la primera marcha de inquilinas de la historia, conocida como la marcha de las escobas. Estaban hartas de los abusos y los aumentos indiscriminados. Y consiguieron que el gobierno de Yrigoyen congelara los precios”, arengó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. “La última dictadura no sólo dolarizó los inmuebles, sino que también liberó los precios de los alquileres. Y con los mismos argumentos que la derecha usa hoy: que así se incrementaba la oferta y se favorecía al mercado”, dijo. 

La marcha fue convocada en respuesta al dictamen de minoría unificado que firmó el miércoles pasado la oposición, luego de un acuerdo entre Juntos por el Cambio y los bloques Argentina Federal y Libertad Avanza. El proyecto reduce de tres a dos años la duración de los contratos e introduce la posibilidad de actualizar el valor del alquiler cada tres meses, una idea mucho más audaz que el dictamen opositor original. La idea era llevar el texto al recinto en las próximas semanas, pero a última hora surgieron dudas en algunos legisladores del interior, que no están convencidos de acompañar una norma mucho más regresiva que la original, por lo que la discusión está, por ahora, trabada en los pasillos de Diputados.   

“Yo estoy pagando relativamente poco, 26 mil pesos por un dos ambientes en pleno Palermo. Pero no logré que me hagan el contrato según la ley, tengo dos años de contrato. Ahora me está por venir el aumento, por suerte tengo laburo en blanco y garantía y puedo alquilar. Llegué al lugar después de una separación, es mi tercer alquiler y contando. Me enteré por la radio de la convocatoria y como trabajo cerca me vine. Creo que todos los inquilinos deberíamos estar acá, y además hacer cumplir la ley, que es muy buena, cuando vamos a renovar o entrar a algún lugar. Si pienso a futuro, no creo que pueda comprarme una casa, asi que no queda otra que juntarnos entre nosotros y hacer cumplir nuestros derechos. Yo sola no pude”, dice Florencia, otra de las movilizadas. 

La ley vigente, apodada “Ley Lipovetzsky”, fue sancionada por el Senado a mediados de 2020, pero comenzó a implementarse recién a principios del año pasado. Fue la primera norma de la democracia que reguló el mercado de alquileres y tuvo el impulso y el apoyo de las organizaciones de inquilinos. Amplió a tres años la duración de los contratos e implementó aumentos anuales, fijados a partir de un índice objetivo, que toma un promedio entre la inflación del INDEC y el aumento de los salarios según el Ministerio de Trabajo. Lo actualiza todos los meses el Banco Central. 

Las inmobiliarias acusan al texto de su pérdida de rentabilidad y de la escasez de inmuebles disponibles, lo que supuestamente está detrás de la disparada de los valores. De todos modos, durante el debate en Legislación General entre abril y mayo fueron varios los especialistas que señalaron que la crisis del sector antecede ampliamente a la ley y que fue aplicada, además, en un porcentaje mínimo de casos, por lo que al menos es demasiado pronto para sacar conclusiones. Concluido el debate, el Frente de Todos llegó a un dictamen de mayoría que sostiene el espíritu de la norma vigente e incorpora incentivos para que los propietarios vuelquen sus viviendas al mercado. 

Ramiro y Javier cuentan que están hartos, que tienen bronca. Por primera vez consiguieron un departamento en Floresta para vivir juntos. Pagan 40 mil por mes. El departamento es cómodo y está bien conectado. Habían firmado fuera de la ley vigente, por dos años. No les quisieron blanquear el contrato. A los tres meses recibieron un llamado de la inmobiliaria: el dueño cambió de opinión y lo puso en venta. Deben recibir a los interesados y de no mediar el asesoramiento de amigos y de las agrupaciones, los hubieran echado. “El tema es que sabemos que pronto ya tenemos que volver a irnos. Hay cosas que todavía están guardadas en cajas, que no logramos desenvolver y que ahí quedarán, porque ya estamos buscando donde mudarnos”, cuentan. 

Historias como esas abundan: según un informe del CELS y el Instituto IDAES de la UNSAM basado en encuestas a inquilinos, más de la mitad de los hogares que alquilan en el AMBA lo hacen sin contrato. Uno de cada tres está endeudado y debe por lo menos un mes de alquiler. 

“Costó muchísimo tener esta ley, así que vamos a pelear para que se aplique. No vamos a retroceder ni un cachito ante los que buscan la rentabilidad de unos pocos sobre los derechos de todos”, cerró Muñoz.