El director general de Aduana, Guillermo Michel, precisó  que se detectó un “primer universo” de operaciones de subfacturación (y sobrefacturación) en operaciones de comercio exterior e irregularidades en las empresas que se sirvieron de medidas cautelares.

En el primer caso, las maniobras significaron una evasión de aproximadamente US$ 1.250 millones. En ese sentido, Michel detalló que Aduana identificó "un primer universo de 13.640 operaciones que involucran a 722 empresas por alrededor de US$ 1.250 millones de valor FOB (incluido costo de transporte y derechos de explotación)".

"Algunas de esas ya las denunciamos a la justicia argentina”, detalló el funcionario en diálogo con El Destape Radio.

El titular del organismo detalló que se tratan de operaciones de importación trianguladas de empresas “donde la mercadería viene de un país y la factura viene de otra jurisdicción pero sobrefacturada, es decir, a un precio superior del valor real de la mercadería”.

“Si no hay un valor agregado o un proceso productivo adicional no hay justificativo, más allá del transporte, para que tenga un valor de sobrefacturación sustancial”, remarcó Michel.

Ayer mismo, Sergio Massa advirtió que se intensificarían los controles sobre este tipo de maniobrar e informó que “se abrirá un registro por 60 días para que las empresas hagan una rectificación”.

El flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura informó que se pondrá en marcha “un sistema de trazabilidad del comercio exterior” para tener "mejor control y transparencia sobre el uso de las divisas, desde la autorización y hasta la liberación de las divisas, habrá plazo fecha y autorización, con prioridad para las cadenas productivas y de salud".

Por otro lado, el titular de Aduana señaló que el organismo también está investigando a 500 empresas que importaron mercadería a valor de dólar oficial por medio de medidas cautelares.

Michael detalló que en esos casos también se identificaron irregularidades. Por ejemplo, algunas empresas cedieron dichas cautelares “a una tercera empresa para que esta se haga de la mercadería”.

“Estamos poniendo en conocimiento del juez en cuestión a través de un escrito en el marco del expediente para que tenga en cuenta esta situación porque, en muchos casos, el juez fue engañado y eso está previsto penalmente como estafa procesal”, señaló.