Apartaron al juez Casanello de la causa que investiga a Cambiemos por los "aportantes truchos"
La Cámara Federal porteña removió al magistrado que investigaba al partido oficialista por delitos de falsificación de documentos públicos y lavado de dinero durante las campañas electorales de 2015 y 2017
La Cámara Federal porteña apartó al juez Sebastián Casanello de la causa que investiga los posibles delitos por parte de Cambiemos de falsificación de documentos públicos y lavado de dinero durante las campañas electorales de 2015 y 2017, también conocida como "aportantes truchos".
A la denuncia del periodista Juan Amorín en julio, que comprobó más de 800 casos de “falsos aportantes” en la campaña 2017 a partir de la utilización de datos personales de beneficiarios de los programas “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja”; se sumó la investigación exclusiva de Diagonales que destapó la olla de estafas en el interior de la provincia de Buenos Aires en la campaña del 2015.
A raíz de las mismas, la titular del GEN, Margarita Stolbizer hizo la denuncia correspondiente para investigar a las empresas contratistas del Estado que habían aportado a la campaña de Cambiemos 2015 - 2017.
Casanello era quien llevaba adelante la investigación pero por el modo de hacerlo, la Cámara Federal de Capital Federal consideró que es "errática" y decidió apartarlo del caso. Ahora deberá sortearse nuevamente para saber quién continuará con el caso.
Mientras Casanello llevaba adelante la investigación, declararon muchos testigos, entre ellos "falsos aportantes" que, en su mayoría, confirmaron ser beneficiarios de planes sociales y se corroboró que estaban afiliados al PRO de la provincia que conduce, María Eugenia Vidal.
Los testigos aseguraron que nunca se afiliaron al partido que lidera el presidente, Mauricio Macri, y el magistrado ordenó enviar a peritar las firmas por expertos de la Corte Suprema de Justicia. De ese modo se comprobó que casi la totalidad de las fichas de afiliación fueron falsificadas. En ese sentido, el juez consideró la importancia de investigar una posible falsedad ideológica y falsificación de documento público.
También se investigan delitos federales ya que algunos de los damnificados son empleados de empresas privadas proveedoras del Estado, en especial de la Ciudad de Buenos Aires.