Una de cal y una de arena. El Gobierno oficializó esta semana la creación de un nuevo bono de emergencia destinado a combatir la indigencia y, a la vez, recortó de un plumazo más de 40 mil planes sociales. Ambas medidas fueron tomadas casi en simultáneo, con apenas unas pocas horas de diferencia entre sí, y generaron cada una tanto la aprobación como el rechazo de distintos movimientos sociales.

El bono para personas por debajo de la línea de indigencia fue formalizado este lunes dentro del decreto que lleva la firma del ministro de Economía, Sergio Massa, que establece un tipo de cambio de 200 pesos para el dólar soja. Los artículos 9 y 10 del DNU fijan “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.

Si bien todavía no están claras los plazos ni los montos, trascendió que la ANSES será el organismo encargado de implementarlo, en tres pagos únicos, al estilo IFE y tal como preveía el proyecto que en ese mismo sentido había presentado hace un mes la senadora Juliana Di Tullio, cercana a Cristina Kirchner. El programa se financiará con lo que se recaude a partir de la liquidación de exportaciones que se busca con el decreto marco.

Los primeros en festejar la medida fueron los integrantes del Frente Patria Grande, que conduce Juan Grabois, uno de los sectores que al interior del Gobierno empujaba por la implementación de un Salario Básico Universal. Patria Grande estuvo al borde de la ruptura parlamentaria con el Frente de Todos (cuenta con tres diputados nacionales, Natalia Zaracho, Itai Hagman y Federico Fagioli), pero la medida fue uno de los motivos por los que este domingo revirtieron esa decisión en un plenario de la fuerza.

"Estamos contentos de haberla logrado pero tenemos que reafirmar el compromiso de seguir peleando por políticas redistributivas para resolver todas las deudas internas y que se deje de concentrar la riqueza en manos de unos pocos", dijo Fagioli respecto de la medida.

El diputado agregó que fue la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “quien intercedió para que esto suceda, directamente planteando hacia dentro del Gobierno la necesidad de que los anuncios estén conteniendo al reclamo que veníamos haciendo". Según contó Grabois, la negociación con Massa para incluir el programa se produjo horas antes de que Cristina sufriera el intento de magnicidio en las inmediaciones de su departamento de Recoleta.

"Nuestro plenario de ayer iba a evaluar la ruptura del bloque del Frente de Todos a raíz de la intervención de Cristina para abrir una vía de solución. La posición mayoritaria de la conducción era permanecer en el bloque ya que había un resultado concreto -insuficiente pero significativo- en relación a nuestro principal reclamo. Desde luego, el intento de magnicidio de Cristina lo cambió todo y en ese contexto aún sin aquel compromiso hubiéramos suspendido el tratamiento de la moción de ruptura", dijo Grabois en un texto publicado en sus redes sociales.

EL AJUSTE EN EL POTENCIAR TRABAJO

El Mst Teresa Vive, Libres del Sur y el Polo Obrero se movilizaron este miércoles a la sede porteña de la ANSES. La movilización fue en rechazo al recorte de unos 40 mil planes sociales del programa Potenciar Trabajo, que afectó sobre todo a jóvenes de bajos recursos, ya que el ajuste se realizó vía incompatibilidad con el programa Progresar del ministerio de Educación.

Según denunciaron las organizaciones, no hubo anuncio del recorte: miles de beneficiarios se enteraron que tenían las cuentas del Banco Nación del Potenciar Trabajo vacías este fin de semana, y que la medida fue comunicada a las organizaciones que comenzaron a elevar los reclamos.

"El castigo recae ahora en aquellos y aquellas que con mucho esfuerzo trabajan y estudian. El mensaje es nefasto", dijo la referenta de Libres del Sur, Silvia Saravia.

La explicación oficial de la cartera que conduce Juanchi Zabaleta fue que el ajuste está relacionado con la primera etapa de auditorías sobre el Potenciar Trabajo que vienen realizando las universidades, que detectaron una “compatibilidad ya existente” con el Progresar, y que de ahora más los beneficiarios “tendrán que elegir entre uno u otro”.

“Desde diciembre del año pasado se inició un proceso de ordenamiento del programa Potenciar Trabajo, que comenzó con la habilitación de un mecanismo para que las personas puedan solicitar el cambio de Unidad de Gestión. En agosto, se empezó a trabajar en un proceso de auditorías y relevamiento de información de las personas que tienen Potenciar Trabajo, que incluye una articulación  con las universidades nacionales. En ese proceso de ordenar los programas, se observó que existía una incompatibilidad entre el programa Progresar y el Potenciar Trabajo, y se suspendió a quienes presentaban esa incompatibilidad”, explicaron.

"Parece que están dispuestos a que el ajuste se haga sobre los más pobres. El FMI manda, y el gobierno ejecuta su plan de equilibrio fiscal a cualquier costo", fulminó Saravia.