Bases de un país más concentrado, desigual y para afuera

La poderosa mayoría que consiguió el oficialismo esta semana para la media sanción de la Ley Bases no generó el alerta suficiente que debería haber provocado en el conjunto de la sociedad argentina. Casi como un episodio más del caótico momento que atraviesa el país, la votación pasó como una de las tantas discusiones que hoy marean en la conversación pública, impidiendo la toma de dimensión de lo que puede significar la sanción efectiva del cuerpo normativo y su capítulo fiscal.

El Gobierno dio un paso trascendental en su objetivo de plantar la columna vertebral de un nuevo país, con una matriz productiva reprimarizada, extranjerizada, hegemonizada por grandes jugadores y con perspectivas exportadoras que ni reparen en el mercado interno. Para ese proceso de concentración de riquezas, determina la eliminación de derechos laborales, una violenta transferencia de recursos de sectores medios y populares hacia los ricos, y una serie de beneficios para que los grandes capitales se instalen en el país y saquen sus ganancias al exterior.

LA FANTASÍA DE LA RACIONALIDAD EMPRESARIA

En el mejor de los casos, el que supone que Javier Milei no es un agente directo del poder económico concentrado para garantizar sus privilegios, sino que realmente cree que este rumbo económico generará un crecimiento del país, se equivoca. Su error parte de suponer una racionalidad empresaria en la que los beneficios ofrecidos por la desregulación de la economía redundarán en una lluvia de inversiones productivas, generando miles de puesto de trabajo, crecimiento y derrame hacia los salarios de los trabajadores. Milei, que critica violenta y permanentemente cualquier gesto de conciencia y auto preservación de los trabajadores, imagina una conciencia  y actitudes empresarias que no se verifican en ningún momento de la historia argentina.

Al contrario de lo que su mirada desde la escuela austríaca lo empuja a imaginar, el presidente haría bien en revisar los procesos históricos nacionales. Cada vez que el Estado se contrajo, eliminó regulaciones, suprimió derechos laborales y ofreció todo tipo de beneficios y libertades a los grandes capitales para entraran, se movieran libremente por el país y salieran como quisieran, siempre bajo la promesa de que eso inundaría de inversiones productivas el país, el resultado fue el opuesto.

Los momentos de menores regulaciones, lejos de incentivar la competencia, asfixiaron a los pequeños productores y destruyeron la diversificación del aparato productivo. Los momentos represivos y de menores derechos laborales, lejos de generar puestos de trabajo, llevaron el desempleo a niveles récord. Los momentos de mayores libertades arancelarias en el comercio exterior, lejos de llenar las arcas del Banco Central con divisas, impulsaron la fuga de capitales que afecta como un cáncer al país. Hacia eso vuelve a dirigirse la Argentina, en una nueva vuelta del péndulo que la caracteriza.

UN PAÍS MÁS CONCENTRADO

La Ley Bases y el Régimen Integral de Grandes Inversiones (RIGI) tienden a una concentración de la riqueza por dos vías: la transferencia de recursos desde sectores medios y populares hacia los más ricos, y los beneficios para los grandes capitales en detrimentos de las pequeñas y medianas empresas del país.

El primer aspecto tiene múltiples vectores en todo el instrumento legislativo, pero hay uno que resulta particularmente obsceno. Mientras a los 125.000 mayores contribuyentes del país se les reduce brutalmente el impuesto a los bienes personales y se les permite un nuevo blanqueo de capitales, más de un millón de asalariados volverán a pagar el impuesto a las ganancias al mismo tiempo que los monotributistas sufrirán aumentos entre el 200% y el 300% en su cuota mensual. A su vez, la eliminación de las moratorias implicará que muchos trabajadores que no cuentan con todos los años de aportes necesarios pasarán a cobrar una jubilación aún más baja que la mínima actual. Esto impacta de lleno en sectores populares y trabajadores informales, que dejarán de percibir esos recursos como consecuencia de que los más ricos paguen cada vez menos por sus fortunas.

El mínimo no imponible de Bienes Personales pasará de $11 a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 a $350 millones, lo cual implica a su vez una reducción de los contribuyentes alcanzados. Al mismo tiempo, se reducirán progresivamente las alícuotas, pasando de un máximo del 1,5% para el ejercicio 2023 al 0,25% en 2027. Por el contrario, los salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y $2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos volverán a pagar Ganancias. Menos carga tributaria para los ricos, más impuestos para los sectores asalariados.

El RIGI, por su parte, establece condiciones de desigualdad profundas en la competencia de mercado a favor de los grandes capitales y en detrimento de las PyMEs argentinas. Toda inversión superior a los 200 millones de dólares pasará a no pagar ningún impuesto por derecho de importación ni de exportación por un período de 30 años, planteando una inaceptable asimetría con las empresas ya instaladas y con inversiones realizadas en el país.

La ecuación es simple. Si una empresa multinacional ingresa al RIGI podrá importar bienes de capital, repuestos y componentes con cero impuestos, mientras que una PyME industrial deberá pagar más cara la misma máquina o el mismo repuesto por no estar contemplada en los beneficios. Inevitablemente esta competencia desigual y desleal llevará al quiebre a muchas empresas del país, que serán posteriormente absorbidas por los grandes jugadores del mercado, que concentrarán aún más riqueza como sucede en cada crisis.

Con un condimento extra: el RIGI permite a esos grandes capitales disponer libremente de las divisas que generan sus exportaciones en un 20% al cabo del primer año, un 40% al cabo del segundo y el 100% a partir del tercero. Esto significa que los capitales extranjeros que se instalen en la Argentina podrán estar girando la totalidad de sus ganancias a sus casas matrices en sólo tres años, sin ningún tipo de obligación por reinvertir en el país, configurando unas condiciones inigualables para el saqueo.

UN PAÍS MÁS DESIGUAL

Otro brutal beneficio para el empresariado tiene que ver con la flexibilización laboral incluida en la ley. La eliminación de las penalidades por contrataciones en negro, la ampliación de los períodos de prueba de 3 a 6 meses y hasta 1 año, la instauración del fondo de cese y la pérdida del carácter disuasorio de la indemnización suponen un empoderamiento doble para los empresarios en detrimento de los trabajadores: a partir de la sanción de la ley tendrán más libertad para contratar en condiciones ilegales y para despedir sin motivo alguno.

La argumentación detrás de la reforma es la misma con la que se justifican los beneficios a las grandes inversiones por sobre las PyMEs. En la fantasía del Presidente, estas condiciones de mayor flexibilidad y menos derechos laborales llevarán a que el empresariado contrate más, genere más trabajo, producción y crecimiento. La misma mirada ingenua (o cómplice) a la hora de referirse a un actor social enormemente responsable de muchos de los problemas estructurales del país y al que pocos le cuentan las costillas.

En realidad, lo que sucederá es todo lo contrario a lo que vende Milei. Ante la opción de contratar en blanco por la posibilidad de despedir sin causa o seguir contratando en negro por no tener consecuencias legales, el empresariado argentino se inclinará indudablemente por la segunda opción. Lejos de combatir la informalidad, la nueva normativa laboral la cristalizará y la institucionalizará. Esto se verá agravado, a su vez, por la alta rotación en los empleos que generarán los despidos sin restricciones y la ampliación de los períodos de prueba. Si el mercado del trabajo argentino ya viene marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, la reforma laboral sólo profundizará esa situación.

Estas conclusiones no son propias de quien escribe estas líneas, sino que tienen arraigo en la historia nacional y en importantes análisis de legislaciones laborales en el mundo. En el año 2015, la OIT analizó reformas que eliminaban derechos, restricciones a los despidos y que flexibilizaban mercados laborales en 63 países del mundo, siempre bajo el argumento de una supuesta “modernización” que adaptara los mercados para generar más empleo. El análisis concluyó que en ningún caso se verificó una mejora de los niveles de empleo ni en las condiciones laborales, sino todo lo contrario.

“Sin embargo, el análisis incluido en el informe sobre la relación entre la regulación laboral y los indicadores clave del mercado de trabajo – como, por ejemplo, el desempleo – sugiere que la reducción de la protección de los trabajadores no conlleva una reducción del desempleo. De hecho, los resultados que presenta el informe indican que, cuando los cambios introducidos están mal diseñados y debilitan la legislación sobre protección al empleo, su aplicación será con toda probabilidad contraproducente para el empleo y la participación en el mercado laboral, tanto a corto como a largo plazo” sentencia el estudio de la OIT.

En la Argentina, la experiencia reciente ratifica esa mirada. La década menemista de desregulación económica y flexibilización laboral llevó una desocupación que en promedio había sido del 4,5% entre 1974 y 1990, a un promedio del 12,8% para el período 1991-2001, con picos por encima del 20%. Tras la salida de la convertibilidad y con el cambio de orientación política del kirchnerismo en materia de derechos laborales, que incluyó, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo y las paritarias libres, el desempleo terminó en el 2015 por debajo del 6%.

La falacia de que a mayor libertad empresaria para contratar y despedir le corresponderá un crecimiento del empleo esconde otra verdad. La reforma de Milei cristalizará las desigualdades del mercado laboral, profundizando la distancia entre trabajadores con ciertos derechos y trabajadores sin ningún derecho, profundizando la informalidad y la inestabilidad de los empleos.

UN PAÍS MÁS CHICO Y PARA AFUERA

Basta mirar la situación económica actual para entender el país que Milei y su Ley Bases proponen. La brutal caída de la actividad económica se refleja tanto en la inversión como en el consumo. La consultora de Orlando Ferreres midió una caída de la inversión productiva privada del 13% en el primer bimestre del año. El consumo en supermercados y mayoristas, que había caído hasta 11,4% en febrero, volvió a marcar una baja del 7,3% en marzo. Sin embargo, este proceso no impide que actividades económicas como la pesca, la minería o la explotación hidrocarburífera estén arrojando números positivos y crecimiento en sus ganancias.

Esto se ve reflejado en la ley y el RIGI. La permisividad para las exportaciones sin límites de recursos naturales, y las exenciones impositivas para las grandes compañías que se dedican a esas actividades, contrastan de lleno con los costos que se les disparan a las PyMEs en un contexto donde, a la par, se les desploman las ventas en un mercado interno deprimido hasta suelo por la caída de los salarios.

En última instancia, el país que Milei y los suyos persiguen no es un país necesariamente marcado por el crecimiento y su derrame. Mientras la macroeconomía esté ordenada, ingresen divisas por exportaciones primarias y puedan ser giradas al exterior, poco importa que se vaya cayendo a pedazos de a poco el entramado productivo interno, el que alimenta tanto el consumo como las fuentes de trabajo de los ciudadanos argentinos. El festejo de un superávit fiscal en plena recesión económica, con caída de la producción y del consumo, son el fiel reflejo de qué es lo que está mirando el presidente y qué considerará un éxito de su gestión.

Un país más chico, con menos empresas, menor producto, menor porcentaje de la población empleada y con un mercado interno deprimido, pero con más exportaciones, números macro en positivo y libre disponibilidad de divisas para que aquellos que alcancen a comprarlas puedan sacarlas sin problemas del circuito económico nacional. Para ese país se empezaron a sentar las Bases esta semana en la Cámara Baja. Las resistencias desarticuladas de sectores de la oposición política, del sindicalismo, de parte del empresariado nacional, y de algunos segmentos de la sociedad, por ahora no prefiguran un horizonte esperanzador en el que la presión social incline la balanza en el Senado en el sentido contrario al que lo hizo Diputados. La historia tomará nota de los responsables de volver a arrojar al país al rumbo que lo llevó, dos décadas atrás, a la peor crisis de la que tenga memoria.