Cómo se mencionó en la primera entrega, ya estaba escrita de antemano la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Cámara Federal de Casación Penal que la condenaría a seis años de prisión y la inhabilitaría a ocupar cargos públicos.

La situación judicial de la expresidenta recorre un sendero contaminado por la política, que puede ser tan largo como maniatado al filo de los intereses y movimientos al de un caliente año electoral como será el 2025.

Tanto el gobierno de Javier Milei como El PRO, impulsor de la ley de “Ficha Limpia” por la que ya no se requeriría esperar a una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, y se inhabilitaría a la expresidenta para ocupar cargos públicos ya contemplando la ratificación de la condena de la Cámara de Casación Penal, suman aliados en la Cámara de Diputados para alcanzar los 129 votos y garantizar la media sanción.

Aunque luego restará el camino más sinuoso para las fuerzas antikirchneristas en el Parlamento, aprobar la iniciativa en el Senado, se trata de un paso más para esterilizar y restar importancia a la deriva judicial de la causa, que ahora recae en el máximo tribunal del país. Una Corte Suprema de Justicia que atraviesa su propia diatriba política.

CÓMO ESTARÁ CONFORMADA LA CORTE Y CUÁNDO RESOLVERÁ

Luego de conocida la sentencia en Casación, las defensas y la fiscalía tienen 10 días hábiles judiciales para apelar y presentar su recurso extraordinario en una nueva fase del proceso. Si esta cámara penal accede, todo se definirá en la Corte Suprema de Justicia para establecer la constitucionalidad del fallo.  

Y aquí comienzan las incógnitas sobre cómo será su resolución y, fundamentalmente, cuando se producirá ya que la Corte no tiene plazo para emitir su resolución. De esta última instancia depende si CFK irá presa o no, y eso se sabría incluso después de las elecciones legislativas del año que viene.

Ni siquiera se sabe cómo estará conformado el máximo tribunal. El 29 de diciembre se jubilará Juan Carlos Maqueda, pero “ya “abrió el paraguas” para lo que deberá resolver la Corte sin él. “Se presenta un recurso extraordinario ante la misma Cámara, hay que ver si lo acepta la misma Cámara de Casación, y si no van con un recurso de queja a la Corte”, planteó en una cadena televisiva cordobesa. Anticipó que el fallo “llevará tiempo”.

Los tres jueces restantes se miran con resquemores: se dividen el titular de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz, por un lado, y el ex presidente Ricardo Lorenzetti, por el otro.

Para cualquier definición al respecto, se necesitará que los tres votos vayan en el mismo sentido. Una unanimidad que lejos de circunscribirse en el debido proceso, se dirime en el juego de intereses en la Corte.

La otra posibilidad es que el presidente Milei y sus dos miembros del “triángulo de hierro” vayan por todo y el mandatario emita un DNU por el que colocará al juez de Comodoro Py Ariel Lijo y al académico Manuel García- Mansilla, en una nueva conformación de cinco miembros.

Los antecedentes de los tiempos en los que la Corte tomó casos de similar envergadura son de largo aliento: no se pronunció por una condena que pesaba sobre el expresidente y admirado por Milei, Carlos Menem, por pagos de sobresueldos.

Desde el kirchnerismo recuerdan, sin embargo, que en la causa por la que fue condenado el exvicepresidente Amado Boudou, se resolvió rápidamente. Solo se tomaron un año y medio para ratificar la condena de Casación en la causa Ciccone, en la que se dejó firme un fallo que lo condenaba a 5 años y 10 meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

¿Y SI ES CANDIDATA?

La Cámara Nacional Electoral sentó jurisprudencia y estipuló que un candidato con condena en primera instancia no tiene la “idoneidad” para postularse a un cargo público. Sin embargo, como ocurrió en el caso de Menem, la Corte Suprema se pronunció en contra de esta resolución de la CNE y equiparó la situación penal de una persona con su condición de candidato para los comicios populares. Luz verde para CFK por el “principio de inocencia” que, sin condena ratificada en la Corte, podría ser candidata en 2025.

Si la expresidenta se postulara como cabeza de su espacio político en las próximas elecciones legislativas y accediera a una banca en el Congreso, podría conseguir los fueros para evitar la prisión. Solo podrían desaforarla sus pares en el Poder Legislativo si alcanzaran los dos tercios, como ocurrió con De Vido.

CANCHA INCLINADA

Del otro lado del tablero político, todo es algarabía. Desde el PRO, principales aliados del Gobierno, son los impulsores de la ley de “Ficha Limpia” en el Congreso, por la que ya no se contemplaría una sentencia firme ratificada por la Corte Suprema de Justicia para inhabilitar a CFK a ocupar cargos públicos.

Precisamente la disputa entre las fuerzas de derecha es quien capitalizará la iniciativa parlamentaria, que es de la autoría de la miembro de la bancada amarilla Silvia Lospennato. En medio del debate del Presupuesto 2025, fue habilitada una sesión especial para este miércoles convocada por el PRO y LLA, en la que discutirá la modificación de la Ley de Partidos Políticos. Fuentes parlamentarias anuncian un “debate complicado”.

Mauricio Macri lo ve de afuera, lejos del barro del debate en las Cámaras. Con su influencia en la Justicia, y el sesgo que se aseguró en todo estos años, ya está más que satisfecho. No pesan sobre él llamados a declaración indagatoria, imputación ni llamado a declaración testimonial. La doble vara queda expuesta.

La causa latente que más lo inquieta de su gestión tiene que ver con un espurio arreglo de la deuda familiar, por el grupo SOCMA, con el Estado Nacional por casi US $300 en la causa “Correos”.

Se lo acusa por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. La condonación de pagos, de acuerdo a lo citado por la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DUJADECO), implicaba una quita de más del 90 por ciento.

Este tema fue motivo de interés para el exmandatario cuando en julio tuvo una reunión de cuatro horas en Olivos con Milei. Además del recurrente tema de cómo llevar la relación entre ambos espacios de la derecha nacional, se coló el pedido de Macri para acordar la deuda del Correo y dar por terminado el proceso judicial.

Se trata del litigio con el que la gestión “libertaria” y las milicias digitales a cargo de Santiago Caputo atacan al socio del presidente cada vez que las aguas se agitan entre socios.  

En la investigación que se encuentra en el juzgado de Ariel Lijo, uno de los aspirantes a cortesano del máximo tribunal, se busca determinar la participación y responsabilidad penal del exministro de Comunicaciones Oscar Aguad; del exdirector de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Mocoroa; del titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y del abogado de Correo Argentino S.A Jaime Kleidermacher en el polémico arreglo del año 2016.

Existen otras causas que tuvieron a Macri en la mira. Pero ninguna prosperó. En mayo de este año Macri, su exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor y operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y otros exfuncionarios fueron sobreseídos por las acusaciones de presión a magistrados y fiscales que pesaban sobre ellos.  

Una de las causas que había crispado los nervios del titular del PRO fue la que lo involucra con el espionaje de los familiares del ARA San Juan.

Fue procesado en diciembre de 2021 por supuestamente haber ordenado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, siguieran y se infiltraran en un grupo de familiares de los tripulantes del Ara San Juan, que se organizaban para reclamar al expresidente por la desaparición del submarino y su tripulación.  

Además de Macri, habían sido procesados los entonces jefes de la AFI, que se excusaron planteando que con la vigilancia a los familiares de los marinos se buscaba resguardar la seguridad presidencial, y otros 9 exagentes del organismo que fue reemplazado por la nueva/vieja SIDE. Finalmente, la Sala II de la Cámara de Casación Penal sobreseyó a todos los involucrados a finales de noviembre del año pasado.

Menor relieve tuvieron otras causas en las que Macri fue investigado pero salió airoso casi sin despeinarse: el supuesto contrabando de municiones a Bolivia en el marco del derrocamiento del expresidente Evo Morales, la querella criminal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018 o las supuestas amenazas al empresario Cristóbal López.

Mientras el Gobierno ve en la resolución de la Cámara de Casación la oportunidad para poder negociar con el kirchnerismo, obstáculo infranqueable en la Cámara de senadores los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, hacia el afuera se golpea el pecho en su mensaje “anticasta”.

Y Macri, con un panorama judicial despejado, no pudo evitar hablar cuando quizás lo mejor era dejar correr el agua: “Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro”, planteó inmutable.