Javier Milei y el Gobierno nacional se meten de lleno en la contienda geopolítica que en las últimas horas subió en su escala bélica con el ataque con drones y misiles de Irán y la organización Hezbollah sobre Israel.

Inmediatamente después del hecho, el jefe de Estado suspendió su viaje a Dinamarca y voló hacia la Argentina. Milei afirmó que comenzaría a “coordinar” con “otros presidentes de Occidente” las acciones a tomar, poniendo a la Argentina en un nuevo riesgo hacia su seguridad.

Y la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que tomaba partido explícito por el bando Israel- Estados Unidos, con un haz bajo la manga: la determinación de la Cámara Federal de Casación Penal del último jueves que pone a nuestro país en el ojo de la tormenta nuevamente.

La sentencia del polémico juez Carlos Mahiques, junto con Diego Barroetaveña y Angela Ledesma sostiene que el ataque contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán. Además asume que ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah.

El fallo, que sostiene que el atentado en la mutual judía fue un “crimen de lesa humanidad” y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán, fue aplaudido por buena parte del ámbito político y mediático nacional. Pero en nada hace hincapié sobre los responsables del atentado que acabó con la vida de 85 personas por la explosión del coche bomba en Once.  

Los jueces de la máxima instancia penal del país revisaron el veredicto de febrero de 2019 sobre el encubrimiento en la investigación del atentado y los delitos vinculados a la actuación de las partes puestas en el banquillo de acusados, causa conocida como “AMIA II”.

Los magistrados redujeron las condenas de quienes debían indagar las pistas del caso más controversial de nuestra historia reciente. Los condenados también fueron absueltos en la parte que los involucraba por no seguir la “pista Siria”, ubicando solamente en la mira al gobierno iraní.

En detalle, reconsideraron y dejar atrás:

-La condena a 6 años de prisión del ex juez Juan José Galeano por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba.

-La condena a 2 años de prisión en suspenso de los ex fiscales Eamon Gabriel Müllen y Carlos Barbaccia por incumplimiento de los deberes de funcionario público

- La condena a 4 años y 6 meses del ex Secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy por los delitos de peculado y encubrimiento por favorecimiento personal.

- La condena a 3 años de prisión del ex Subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar por encubrimiento por favorecimiento personal y falsedad ideológica.

- La condena a 3 años de prisión del ex comisario Carlos Castañeda por los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal, violación de medios de prueba y falsedad ideológica.

- La condena a 3 años y 6 meses de cárcel del reducidor de autos Carlos Telleldín por el delito de peculado.- La condena a 2 años de prisión en suspenso de Ana María Boragni, ex pareja de Telleldín, por su participación en el delito de peculado.

Además la lista de absueltos tras la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, habían sido el exPresidente de la Nación, Carlos Menem, idolatrado por Milei; el excomisario Jorge “Fino” Palacios; Rubén Beraja (expresidente de la DAIA), Victor Stinfale (abogado de Telleldín en aquel momento) y el exSIDE Patricio Finnen.

Pero lo cierto es que, a pesar de los bombos y platillos oficialistas, en esta causa no se investiga el atentado en sí. Esa causa originaria está a cargo del Juzgado Nº6 de Comodoro Py, que hoy está vacante y con el concurso para ocupar el cargo. La designación sigue trabada en el Consejo de la Magistratura.

Tampoco los jueces de Casación siguen la investigación por el atentado de la Embajada de Israel de 1992, que está en manos de la Corte Suprema de Justicia y sigue sin resolverse.

El juez Mahiques, durante sus rondas de operación posteriores al conocimiento de la sentencia, hizo énfasis en cuestiones políticas que exceden su tarea en los expedientes que debió revisar.

“Es un fallo que tiene que ver con la seguridad nacional”, planteó a la periodista Romina Manguel.  Y continuó: “En el fallo se especifica quiénes fueron los autores y por qué eligieron a la Argentina como blanco". "Es llamativo que nunca se hayan roto relaciones diplomáticas con Irán", aseveró el juez que reiteró su posicionamiento sobre realizar un juicio en ausencia a los imputados iraníes, cosa que la legislación argentina no prevé.

Sin titubear y con una fuerte mensaje explícito, Mahiques también abrió el juego para que se ponga el pie en el acelerador por la denuncia del fallecido fiscal Nisman en la causa del Memorándum de entendimiento con Irán que la Argentina ratificó en el Congreso, pero que las autoridades políticas del país de Medio Oriente nunca avalaron. "Los jueces que intervengan en la causa Memorándum tendrán que seguir este fallo", señaló. "Lo del Memorándum tiene una conexión directa con la consecuencia del atentado y la responsabilidad que le cabría a Irán como Estado gestor de esta sucesión de hechos terribles", completó.

LA HISTORIA SE REPITE

Por lo pronto hay cuestiones que ligan a Milei con Carlos Menem y exceden lo ideológico. Los lazos con Israel, a raíz del atentado a la AMIA, para “coordinar una versión coincidente” de los hechos, es un claro ejemplo.

Como se constata en los documentos y con esta visión de alineamiento desde el minuto cero, al día siguiente del atentado a la AMIA, el gobierno de Israel le pidió a la administración menemista que el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos Dov Schmorak, brazo derecho del primer ministro Isaac Rabin, se entrevistara con funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo nacional.

“Para el gobierno israelí es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado -principalmente por el impacto que tendrá la manera de presentar la cuestión ante opinión pública israelí", se planteaba.

El miramiento del juez Galeano, designado para tomar este fierro caliente, entonces se enfocó en Irán únicamente y ya no en la “pista siria”. Desvió la causa hacia un grupo de policías bonaerenses. No indagó en la posible responsabilidad siria en el atentado porque tocaba de cerca a la familia Menem a través del empresario Kanoore Edul.

Galeano había llegado a la detención de un grupo de la Policía Bonaerense, encabezado por Juan José Ribelli, por la declaración del revendedor de autos y último poseedor de la Traffic presuntamente utilizada para el atentado a la AMIA, Carlos Telleldin. Lo que se constató años después es que Telleldín aceptó 400.000 dólares provenientes de los fondos reservados de la SIDE y dio una versión falsa que hizo que la investigación girara en torno a la responsabilidad de los oficiales bonaerenses.

Esta primera y oscura etapa de la investigación del caso AMIA concluyó en diciembre de 2003 cuando Galeano fue apartado de la causa. En septiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal N 3 declaró nula toda la causa, y los policías fueron absueltos. Se determinó que el Estado actuó para desviar la investigación por el atentado a la AMIA y ordenó investigar a las personas de la lista de arriba en esta nota.

La causa pasó sin ningún avance y con demoras por las manos del fallecido juez Claudio Bonadio, exSubsecretario de Asuntos Legales de Carlos Corach, hombre de la mesa chica de Menem; y, luego, por la de Ariel Lijo, el hoy juez propuesto por La Libertad Avanza para que sea integrante de la Corte Suprema.

Lijo debía continuar la investigación sobre Corach, los empleados de Galeano y otros imputados, pero también fue apartado por la falta de avances en 2016. La investigación quedó a cargo del juez Sebastián Ramos.

La causa AMIA también naufragó por el papel de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA que en 2004 quedó a cargo de Alberto Nisman. Nisman centró su investigación principalmente en la pista iraní. Su apoyatura central fue el Director General de Operaciones del a SIDE, Antonio Horacio “Jaime” Stiuso. La guía de Nisman era clara: los aportes de los servicios de inteligencia argentinos (la SIDE), de Estados Unidos (la CIA) y de Israel (el Mossad).

En sus 10 años de servicio, Nisman presentó dos dictámenes, uno en 2006 y otro en 2009, donde apuntó al Gobierno de Irán. El juez Rodolfo Canicoba Corral pidió las capturas internacionales sobre los ciudadanos iraníes sospechados de haber participado en el atentado, pero las alertas rojas de Interpol nunca fueron emitidas. Nisman no tenía más nada concreto que ofrecer y pesaba sobre él esa responsabilidad de avanzar con una investigación que no prosperaba.

Lo último de Nisman es lo más conocido: su denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otros funcionarios por el Memorándum con Irán. La investigación por la muerte de Nisman duerme en los despachos del juez Julián Ercolini.

Igual que la causa original de la voladura de la AMIA, de la que el jueves pasado nada se avanzó concretamente.