El exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se presentó ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de la causa que lo investiga por la renegociación de concesiones viales, y negó todos los cargos en su contra.

El ex funcionario fue llamado a indagatoria en un trámite que se realizó de manera virtual, vía teleconferencia. Durante la misma, presentó un escrito ante la Justicia, en el que rechazó haber cometido delitos en la renegociación de contratos de peaje.

Además, el ex funcionario de Mauricio Macri brindó detalles técnicos sobre cómo fue la renegociación de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste, entre 2016 y 2018. Sin embargo, se negó a contestar preguntas y volcó toda la información en el texto presentado.

El juez Canicoba Corral investiga una denuncia presentada por los diputados del oficialismo Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. Los legisladores mencionan presuntas maniobras fraudulentas en la concesión de los peajes entre la coorporación Abertis y el Grupo Macri.

Según consta en la denuncia, el 7 de diciembre de 2015 esta compañía presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI). Acorde a lo que plantearon los diputados, dicha demanda posteriormente fue utilizada como argumento para renegociar la concesión, por parte del gobierno nacional.

El juez sospecha que esos actos fueron llevados a cabo “en violación a la ley vigente” por “funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron” y “resultaron gravemente lesivos para las arcas del Estado”. En ese marco, el lunes también está citado a indagatoria el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Además, en el expediente judicial ya están procesados el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

En ambos casos, el magistrado que lleva adelante la investigación consideró que las pruebas colectadas “resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes- públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso".

"A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigentes y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados", expresó el juez.

“Los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo”, agregó.

En ese marco, el funcionario judicial calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA. El Estado "terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas", concluyó el magistrado.