Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un pedido ante la Cámara Federal de Casación Penal para confirmar la decisión de cerrar la causa “Hotesur-Los Sauces”. En el documento, la defensa sostiene que no hay delito y que por ende, no debe haber juicio oral. 

A través de esta presentación, los letrados solicitaron que se rechace el recurso de apelación de la fiscalía y que se ratifique la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a todos los imputados en la causa. 

Los Sauces y Hotesur son dos empresas de la familia Kirchner. La fiscalía sostiene que a través de ellas se llevaban adelante presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita mediante el alquiler de hoteles y propiedades a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación asegura que se trató de una devolución de favores por las obras y licitaciones públicas que obtuvieron los empresarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Sin embargo, nada de ello pudo ser comprobado. Por eso, los abogados de Cristina Fernández consideraron que “las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal". 

"Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado”, señalaron en el escrito que presentaron este martes antes del inicio de la segunda y última audiencia en la cual los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa escucharán a las partes que pidieron exponer de manera oral, antes de tomar una decisión.

"Concretamente, nos referimos a la ampliación del estudio pericial que se llevó a cabo en el marco de la causa ‘Los Sauces’, en el cual los expertos intervinientes afirmaron en forma unánime y categórica que todos los pagos realizados por Valle Mitre S.A., Inversora M&S S.A. y Alcalis de la Patagonia SAIC en favor de Los Sauces S.A.-sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias", remarcaron.

Y añadieron: “Si se tiene en cuenta que todo el dinero aplicado a los contratos de locación investigados siempre se movió dentro del circuito financiero e institucional, que dichos fondos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional y, además, que se tributaron todos los impuestos pertinentes, es jurídicamente insostenible la hipótesis de lavado de activos”.