En una nueva embestida contra el sector científico y universitario, el Gobierno nacional avanza con un recorte de $1867 millones destinados a 70 programas sociales de investigación. El ajuste implica la eliminación de muchos proyectos, pero el ataque está direccionado y serán las investigaciones vinculadas a las Ciencias Sociales, cambio climático y medioambiente las que serán suspendidas. 

La decisión provocó una fuerte reacción por parte de científicos y docentes universitario que expresaron su “enérgico repudio” y consideraron que la medida significa “un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional”. 

A partir de la Resolución 10/2025, el Gobierno pretender cortar las investigaciones que no estén “al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país”.

“Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”, plantea el texto publicado en el Boletín Oficial. 

Ello implica “dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico” y solo se aceptarán investigaciones que estén desarrolladas en un valor mayor al 30% de ejecución. 

El resto de los proyectos, siempre y cuando no sean tema de interés libertario, entrarán“en revisión” o directamente se cerrará. Todo conocimiento vinculado a cualquier rama de la Ciencias Sociales, al cambio climático o a otras temáticas vinculadas al medio ambiente no son considerados estratégicos.

Para justificar la medida, el Gobierno nacional sostiene que el recorte a los programas de investigación científica es un ajuste a los “piqueteros” por la existencia de convenios firmados con movimientos sociales. Sin embargo, la mayoría de los fondos y acuerdos que ahora están bajo la motosierra son con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones del sector, provincias y otras jurisdicciones.  

Ante este nuevo ataque al sector, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN),elos Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) eexpresaron su rechazo a la medida del Gobierno de Javier Milei. 

En un comunicado conjunto, afirmaron que la Resolución 10/2025 “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional”. 

“Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”, añadieron.

Los científicos advirtieron que este ajuste a la ciencia tiene “graves consecuencias”  que comprometen directamente “la estabilidad laboral y el desarrollo de las carreras profesionales de las trabajadoras y los trabajadores de la investigación y la ciencia argentina”.

Por eso, hicieron un llamado “urgente” al conjunto de la sociedad para “mantenerse alerta y movilizada en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología, pilares esenciales para el progreso y el futuro de nuestra nación y el bienestar del pueblo argentino”.