Con las jubilaciones y salarios por el piso, cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones de guerra

Este martes el ministro de Defensa, Luis Petri, firmó con su par danés, Troels Lund Poulsen, una carta de intención para la compra de 24 jets de guerra F-16 de origen estadounidense. El anuncio se da en medio de un relato de austeridad y motosierra al gasto público por parte del oficialismo que contrasta brutalmente con la inversión, a priori innecesaria y de poca urgencia, en aviones de combate por parte de un país sin ninguna hipótesis de conflicto.

La noticia fue presentada como un fortalecimiento de las capacidades armamentísticas argentinas, en la misma semana en la que se oficializó una fórmula jubilatoria que, según estimaciones del CEPA, dejará los haberes de los adultos mayores en promedio más de 30% por debajo en términos reales del primer trimestre del año pasado, y en días en los que el Gobierno celebra 70 mil despidos en el Estado como parte de su plan de ajuste. El relato de “no hay plata” se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EEUU en busca de financiamiento para su aventura dolarizadora.

Justamente, fue el país norteamericano quien terminó de aprobar la operación, y no sólo eso. Además, la administración de Joe Biden donará, una vez que se concrete la operación, un equipamiento para los F-16 por 40 millones de dólares. De fondo se recorta la disputa geopolítica de EEUU con China y el rol estratégico de Argentina y América Latina esa situación, particularmente a partir de los minerales y recursos naturales en los tanto el país como la región sin ricos.

A pesar del fuerte alineamiento del Gobierno de Milei con la Casa Blanca, lo cierto es que las gestiones por esta operación datan del año pasado. En octubre el país del norte ya había autorizado al entonces gobierno de UP a avanzar en la compra a Dinamarca, ya que China también ofrecía unos 34 aviones de guerra F-17 a un precio muy inferior a su valor de mercado. En un país sin hipótesis de conflicto y alejado de las zonas calientes del mundo, la llegada de tecnología militar por parte de una potencia significa, en el fondo, una jugada geopolítica en ese país.

En las negociaciones que el gobierno de UP mantenía con ambos frentes, las notificaciones que envió el Departamento de Estado al Congreso en junio del año pasado ubicaban el costo aproximado de la operación comercial con Dinamarca en unos US$338.695.634. Aún no se conoció si esas estimaciones variaron desde entonces, pero difícilmente el Estado argentino pueda adquirir los 24 aviones de guerra sin desembolsar una suma similar a esa. Suma que, hoy por hoy, sería mucho mejor aprovechada por los jubilados, que representaron un total del 43% del recorte del gasto público en el primer bimestre, por los docentes si se reinstalara el fondo de incentivo, por los comedores populares que no reciben alimentos desde el cambio de gestión.

Otro dato agranda el escándalo. La Argentina no realiza una adquisición de estas características desde la guerra de Malvinas. Pesa desde entonces sobre el país una restricción impuesta por el Reino Unido de Gran Bretaña para incorporar tecnología militar. La gestiones de la Casa Blanca con la Foreign Office británica habrían destrabado esta cuestión, en una demostración más de la nula preocupación por parte de los británicos en relación a que la Argentina pueda impulsar la disputa de soberanía por las Islas Malvinas bajo el Gobierno de Milei y Diana Mondino.

Luis Petri viajaría a Dinamarca en abril para concretar la operación, y los jets de guerra norteamericanos llegarían al país hacia fin de año. Mientras tanto, la economía argentina se desangra en la recesión impulsada por el oficialismo, los salarios y jubilaciones se arrastran a mínimos históricos, crecen los despidos en el sector público y también en el privado, y el Gobierno nacional se ocupa más de su “batalla cultural” contra el comunismo que del bienestar de los millones que lo votaron y los millones que no.