Devaluar o cómo no devaluar, esa es la cuestión

La economía argentina transita un escenario de fragilidad extrema. Si la inflación descontrolada es quizás el problema más palpable para la población de todos los que aquejan hoy al funcionamiento económico del país, las raquíticas reservas del Banco Central son la principal causa de la debilidad del Gobierno para enfrentarlo con una mayor potencia. Con la carta de la emisión monetaria agotada, la falta de dólares en el BCRA para afrontar las importaciones necesarias para el funcionamiento del país y la demanda de ahorro de la población y las empresas es el ancla que mantiene al oficialismo bajo el agua en situación de un ahogo permanente.

Sergio Massa llegó al centro de las decisiones económicas del Gobierno con el desafío y la tarea de supervivencia de revertir las expectativas de los agentes económicos y frenar la caída libre. Hasta ahora, a unos doce días del anuncio del Plan M, no lo ha conseguido. Desde el 27 de julio pasado, un día antes de la confirmación de que el tigrense desembarcaría como superministro de Economía, el BCRA acumula diez ruedas consecutivas de venta de reservas netas, totalizando unos USD 1.200 millones. Este martes fueron 64 millones de dólares los que salieron de las arcas del Central en un proceso de goteo que no se detiene y que ya marcó la racha negativa más larga en dos años.

Para encontrar un período similar de pérdida de reservas hay que remontarse al 19 de agosto del 2020, cuando comenzó un proceso que terminaría el 11 de septiembre y que significó una caída de USD 1.550 millones. La respuesta del Gobierno entonces fue la aplicación del recargo del 35% de anticipo por Ganancias a las compras minoristas de la moneda estadounidense como medida para desalentar la demanda.

El problema se complejiza si se tiene en cuenta que el oficialismo ya puso el freno de mano al proceso de importaciones descontroladas que se llevaba buena parte de las divisas que entraban por las exportaciones del agro. Poco hay para cortar de esa tela ya tajeada, y la principal apuesta hoy es pasar el invierno. Hoy el principal concepto en las importaciones es la energía necesaria para sostener el funcionamiento del sistema productivo y soportar las temperaturas invernales. En el BCRA esperan que el costo de la demanda energética, que en julio representó unos USD 2.200 millones, caiga en agosto a unos USD 1.800 millones y se reduzca drásticamente con la llegada de la primavera en septiembre.

Como sea, el Gobierno camina al filo de la navaja de la opción que no quiere tomar y que podría representar desde una implosión del oficialismo en el corto plazo, hasta una derrota electoral inexorable en el largo. Una devaluación brusca es la alternativa con la que presionan los mercados y la que esperan quienes tienen miles de millones de dólares en granos de soja durmiendo en silo bolsas.  La pregunta es cuánto margen tiene el Gobierno, particularmente la nueva administración económica de Sergio Massa, para evitar ese desenlace que podría resultar fatal para el FDT.

El flamante superministro ya se manifestó con contundencia sobre el tema hace una semana en su primera conferencia de prensa al frente de Economía. “Los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos” sentenció ante la consulta de periodistas por los niveles de brecha cambiaria. Las razones de semejante definición no provienen necesariamente de un altruismo en la defensa de los más humildes, sino de del más puro pragmatismo político.

Emmanuel Álvarez Agis publicó a través de su consultora PxQ un estudio en el que comparó la devaluación del 2014 con un eventual salto cambiario en 2022. Los resultados del mismo, junto con el hecho de que Álvarez Agis fuera el viceministro de Kicillof en aquel entonces y que haya sonado como posible reemplazante de Guzmán primero, y como posible vice de Massa después, permiten reconstruir la perspectiva que podría estar manejando el oficialismo en torno a las consecuencias de una decisión por la devaluación.

PxQ partió de la pregunta base sobre si una salida “a la 2014” le podría permitir al FDT llegar al 2023 en las condiciones en las que el entonces Frente para la Victoria llegó al 2015. Para responderla, determinaron una serie de variables a partir de las cuales comparar ambas situaciones: inflación acumulada 12 meses antes (29% en 2014 vs. 71% 2022), inflación mensual 1 mes antes (3% vs. 7%), nivel del tipo de cambio real ($90,9 en 2014 vs. 122,7% en 2022), brecha entre el dólar oficial y el CCL (48% vs. 117%) y las reservas netas (USD 18.000 millones vs. USD 3.000 millones), entre otras.

La consultora de Álvarez Agis consideró que el dato “más dramático” de todos es el bajo nivel de reservas, y que el peor de todos es la brecha cambiara actual. “Tomando como base de cálculo para esta variable el valor de junio 2022, lo que se observa es que la devaluación de enero 2014 tuvo lugar con un tipo de cambio real 26% más apreciado que el actual” define el informe, a partir de lo cual se pregunta: “¿Cómo estabilizaría el BCRA un mercado que en principio, esperaría sin vender dólares a que el tipo de cambio alcance un nuevo equilibrio?”

El estudio comparativo liderado por el ex vice de Kicillof estableció que, para lograr el mismo nivel de correcciones que en 2014 se consiguió con una devaluación del 23%, en 2022 ese salto cambiario debería llegar al 50%. Sin embargo, los resultados de esa devaluación, que en 2014 permitieron una estabilización económica y un 2015 de crecimiento, traerían consecuencias diferentes en el contexto actual.

La brecha cambiaria, que en 2014-2015 se redujo del 48% al 20%, hoy apenas bajaría a un 70% con la devaluación planteada. Pero la peor de las perspectivas tiene que ver con la inflación y el freno al crecimiento. Los 9 meses recesivos que comenzar con el reajuste de enero del 2014 podrían llegar a ser de más de un año en la actualidad, y la inflación de 26% de los 12 meses subsiguientes al salto cambiario implementado por Kicillof hoy alcanzaría un 113% en las estimaciones de PxQ.

Estos duros pronósticos chocan de frente con el factor tiempo. A un año de las elecciones del 2023, el FDT no tendría el tiempo necesario para recuperarse del salto devaluatorio que sí tuvo el Frente para la Victoria durante el 2015 y llegaría a los comicios en pleno impacto negativo de la medida. “Los resultados de una devaluación serían catastróficos para los objetivos políticos del FDT en 2023” concluyen en PxQ.

Es desde esa óptica que el oficialismo intentará por todas las vías posibles evitar ceder a la presión devaluatoria de los mercados y los exportadores. Los ajustes fiscales vía recortes en el gasto aparecieron como la primera medida al alcance de la mano de un Gobierno debilitado en sus posiciones frente a los tenedores de divisas en forma de granos que se resisten a liquidarlos. Sin embargo, la señal de un ordenamiento fiscal aún no seduce lo suficiente, ni tampoco lo hacen los incentivos que el Gobierno plantea para los productores agropecuarios.

En la primera semana de agosto los agroexportadores ingresaron al mercado cambiario unos 780 millones de dólares, cifra similar al mismo período de julio. El dato revela que el denominado “dólar soja”, que tanta polémica levantó en el oficialismo, no está cumpliendo el objetivo de conseguir mayores liquidaciones a las habituales. Por otro lado, se conoció el dato de que mediante la línea de Financiamiento a la Inversión productiva, que otorgó unos $2,49 billones de pesos a tasa reales negativas, las inversiones relacionadas al agro se vieron beneficiadas con $357.500 millones de ese monto total.

La tasas ofrecidas a partir de esa línea de financiamiento oscilaron entre un 21% y un 35% en momentos en que la inflación aún no se había descontrolado y un 50% actualmente, muy por debajo del índice de aumento de precios. Sin embargo, la brecha cambiaria sostiene las expectativas devaluatorias y los productores y las empresas agroexportadoras prefieren retener los granos a la espera de un salto en la cotización del dólar. Esa actitud, tan racional en términos puramente económicos como cuestionable en materia de apoyo al país en una situación de crisis, llevó a que a esta altura del 2022 se hayan liquidado unas seis millones de toneladas menos de soja que para la misma fecha del año pasado. Los productores y las empresas exportadoras tienen aún en los silo bolsas un estimado de USD 14.000 millones, al menos.

El intento de entablar un mejor diálogo con las entidades agropecuarias para acelerar liquidaciones podría ir de la mano con la decisión de suspender estos créditos baratos, que le permiten a los productores financiarse a costa del estado vendiendo la menor producción posible a la espera de una devaluación. El Gobierno evalúa la medida al mismo tiempo que es consciente que si no se concreta la llegada de esos USD 5.000 millones que Massa anunció como ya acordados por adelantamiento del pago de ganancias con distintos sectores, entre ellos el campo, la sangría de reservas puede continuar y su consecuencia final es imprevisible.

Incluso si eso se concretara en las próximas semanas (Massa habló de un plazo de 60 días en sus anuncios), difícilmente el monto alcance para la estabilización económica que el Gobierno necesita. Por eso se negocian a contrarreloj créditos con distintos organismos internacionales como el BID. Sin un fortalecimiento concreto de las reservas la opción devaluatoria se volverá cada vez más inevitable, con las consecuencias políticas para el FDT anteriormente mencionadas. El ajuste fiscal de Massa es sólo una señal, pero no será suficiente si no se consiguen dólares frescos. Allí radica el mayor desafío del nuevo superministro, para el que fue convocado y que aún, a poco más de una semana del anuncio de su llegada, todavía no consigue concretar.