Tras más de 16 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la llamada Ley Finocciario que declara a la educación como “servicio estratégico esencial” para obligar a las escuelas a abrir en los días de paro. 

En medio de una fuerte polémica y manifestaciones afuera del Congreso para rechazar el proyecto,  la iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones. Ahora, el proyecto pasará al Senado de la Nación.

“Con la excusa de una supuesta reforma que revalorice la Educación, el proyecto tiene como pretensión final cercenar cualquier tipo de protesta de los educadores, desconociendo que el ejercicio del derecho a huelga es siempre la respuesta lógica a la falta real de inversión y abandono del Estado sobre la Educación Pública”, denunciaron desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). 

Además,  remarcaron que la educación es un derecho social garantizado por la Constitución Nacional “y, como tal, debe ser garantizada por el Estado en todas sus instancias”. El gremio docente señaló que “declararla como un servicio es intentar equipararla con cualquier otra mercancía y someterla a la lógica del mercado”. 

Por esos mismos motivos, los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa. Sin embargo, el proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo, y fue aprobado por amplia mayoría. 

FINANCIAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES 

Al mismo tiempo en el que se desarrolla un paro docente y no docente en las Universidades públicas de todo el país para reclamar por "salarios dignos", Diputados aprobó también la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención. 

El proyecto establece una actualización del presupuesto basada en la inflación del año pasado y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos.

A su vez, incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva.

La iniciativa es resistida por el gobierno de Javier Milei y no tuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, pues alegan que tiene un impacto fiscal de $ 1,4 billones y hace peligrar el “déficit cero”. Por eso, si el proyecto es aprobado en el Senado podría ser vetado por el presidente Javier Milei.