Más de ocho meses después de iniciado el proceso judicial, finalmente la Justicia falló con contundencia sobre la acuciante problemática originada por el cierre de la Dirección de Asistencia Directa por Supuestos Especiales (DADSE), el organismo del ministerio de Salud encargado de distribuir medicamentos para pacientes vulnerables, y emitió un duro dictamen contra el Gobierno de Javier Milei en el que instó al Estado Nacional a entregar sin demora los remedios retenidos: “Se encuentra comprometida la vida de las personas”.

En vistas de las sucesivas omisiones de las autoridades nacionales durante el procedimiento judicial y bajo el argumento de que “se encuentra comprometida la vida y la salud de las personas” afectadas por los recortes en el programa de asistencia sanitaria, el Juzgado Civil y Comercial Federal N°2 decidió este lunes aceptar la medida cautelar solicitada por la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA) y otras organizaciones de la salud y falló contra el Gobierno de Milei en una de las áreas más sensibles de la gestión.

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En concreto, el tribunal resolvió hacer lugar al amparo presentado inicialmente a mediados de abril y ordenó al Gobierno Nacional que “en el plazo de diez días resuelva los expedientes administrativos sobre solicitudes de subsidio que tengan una demora de más de 60 días”, mientras que “en el plazo de veinte días adecúe todos los expedientes administrativos” a los procedimientos legales necesarios para su concreción, en un contexto signado por el feroz ajuste económico que, sumado a la suspensión de la DADSE, le impidió a pacientes y jubilados vulnerables acceder a sus medicamentos.

El recurso pedido por las agrupaciones se basa en una violación al derecho a la salud y a la vida de las personas que, por la inacción del ministerio de Salud, se encuentran imposibilitadas de acceder a los remedios que necesitan para continuar con los tratamientos de enfermedades graves. Al respecto, la demanda buscaba que la DADSE “retome su funcionamiento” y remarcaba que existe “gran peligro en la demora” de las medidas: “Los expedientes iniciados hace más de 60 días deben ser resueltos de forma urgente, pues cada día de demora pone en riesgo la vida de las personas que requieren las drogas para poder tratar su patología y mantenerse así con vida”.