Las últimas horas han sido frenéticas para el movimiento en la investigación que apunta a Alberto Fernández, y otros nombres de confianza del expresidente como el bróker Héctor Martínez Sosa, esposo de la exsecretaria de Fernández María Cantero, en la causa por los escándalos de seguros vida por los créditos de ANSES a sus afliados, que involucra al peronismo. Pero también al PRO.

El ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, junto con el actual titular de Administración Nacional de la Seguridad Social Mariano de los Heros, presentaron una denuncia ante la justicia contra el extitular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) Federico D´Angelo Campos.

Se acusa al exdirectivo albertista de fraude ante la administración pública, abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público. Otros cargos que se le imputan son haber tenido negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.   

Las investigaciones publicadas hace unos días por el diario Clarín, en las que se mencionaba que el extitular de ANSES, cesanteado por el presidente Javier Milei luego de la falta de apoyo por la Ley Ómnibus en el Congreso, Osvaldo Giordano, detectó irregularidades por 20 mil millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales.

Esto ya había tenido un primer capítulo judicial. La Justicia ya había imputado, antes de la denuncia de Pettovello, a Alberto Fernández y a toda una red de funcionarios y empresarios. Se hizo a partir de la denuncia de la abogada Silvia Martínez, interviniente en algunas de las causas más importantes contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como Hotesur y Los Sauces. La causa es investigada por el juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González.

Además de imputar en esa denuncia al extitular de Nación Seguros y amigo de Fernández, Alberto Pagliano, y al gestor bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de la exsecretaria del saliente Presidente, María Cantero, hay un nombre propio que es de la órbita cercana a Mauricio Macri y que incomoda al mundo PRO.

Se trata de Pablo Torres Garcia, bróker de seguros, pieza clave de la investigación. Este empresario también cuenta con una cartera diversificada más allá del mundo de los seguros, en la que se destaca ser el concesionario de Cerro Bayo, donde Macri y su pareja Juliana Awada pasan su tiempo durante su estadía en Villa La Angostura.

A pesar de la relación entre Torres García y Alberto Fernández y Sergio Massa, su verdadera fortuna comenzó durante la relación con el macrismo en las dos gestiones del expresidente Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

Acercado por el “amigo del alma” de Macri, el empresario Nicolás Caputo, Torres Garcia cerró contratos millonarios durante ese periodo, y se creó la Dirección de Seguros. Además tejió relaciones estrechas con la primera línea de funcionarios macristas como el recaudador de campaña del PRO Edgardo Cenzón y Diego “El Colo” Santilli.

Con la asunción de Macri en el gobierno nacional en 2015, Torres García recaló con su negocio de seguros en la Provincia de Buenos Aires, a partir de la relación con Federico Salvai, exjefe de Gabinete de María Eugenia Vidal y esposo de la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Ahora se lo acusa a Torres García de haber cobrado, durante el albertismo, y al igual que Martínez Sosa, una comisión varias veces mayor a la del mercado.

La disputa entre los brokers Martínez Sosa y Torres García llegó a un punto en el que el propio gobierno de Alberto Fernández decidió marcar un impasse y firmar los seguros de Nación con Provincia ART.

Hoy ambos aseguradores están en el ojo de la tormenta, imputados por el delito de administración fraudulenta. Tras la orden de Ercolini, la División de Delitos Federales de la Policía Federal les allanó sus casas y sus domicilios comerciales, junto con los del extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano.

Los próximos días se buscarán mayores precisiones sobre esta supuesta contratación de brokers y empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales. Mientras tanto, la “casta”, no importa su bando, quedó salpicada.