El Gobierno anuló por decreto la cesión de bienes que le hizo Macri a la Ciudad de Buenos Aires
Anulan un traspaso de 31 escrituras al gobierno porteño que había firmado el ex presidente, cerca del final de su mandato
El gobierno anuló hoy por decreto la cesión de inmuebles que la Nación le otorgó a la Capital en los últimos tres meses de la presidencia de Mauricio Macri. Se trata de 31 escrituras, firmadas entre el 19 de septiembre y el 10 de diciembre de 2019, por un total de casi $16.000 millones.
La norma, aprobada esta madrugada en el Boletín Oficial, argumenta que le medida tomada por Macri "desnaturaliza la función asignada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) e implica un desprendimiento de activos insustituibles que pertenecen al Estado Nacional".
El objetivo de esa revisión es "deslindar responsabilidades administrativas, civiles o penales", ante la detección de "vicios que puedan implicar su nulidad", así como "eventuales hechos o actos ilícitos".
La cesión implicaba, entre otras, la transferencia de inmuebles, y parcelas ferroviarias en Palermo y Caballito, como forma de pago por compromisos asumidos por la Nación con la Ciudad.
El Poder Ejecutivo Nacional argumentó que la cesión de bienes a la Ciudad "hace inferir que la urgencia en el dictado de la norma que se critica estaba dada para concretar las operaciones realizadas a favor" del distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta "y no en mejorar el ejercicio de las atribuciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado en favor del interés público o en pos de cualquier otro fin que no sea de favorecer discrecionalmente a una sola jurisdicción".
Además, instruyó a la Administración de Bienes del Estado a "revisar en un plazo no mayor a sesenta días, la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales".