Casi exactamente un mes después del 42° aniversario del golpe de Estado que catapultó al poder a la última dictadura cívico-militar en la Argentina, el gobierno nacional de Javier Milei anunció este lunes que impulsará una “auditoría integral de todos los pedidos” de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado. La decisión, que implica la suspensión de numerosas asignaciones, responde a presuntas “irregularidades” halladas en el otorgamiento de las partidas.

Mediante un comunicado difundido en horas de la noche por el ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, el Ejecutivo informó que realizará una “auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado” debido a que las autoridades detectaron “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, por lo que serán dadas de baja asignaciones otorgadas a personas por haber sufrido crímenes de lesa humanidad.

“La auditoría surge a partir del fallo del procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’” confirmado en la Cámara de Apelaciones, continuó la misiva. El caso llevó al procesamiento de “un conjunto de personas” por los delitos susodichos, a los que se añadió “falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la administración pública nacional”.

Además, “existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, por lo que el ministerio de Justicia “articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan” y “perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, concluyó el texto publicado por Cúneo Libarona.