El Gobierno oficializó los cambios en la Ley de Inteligencia y los espías ya no podrán investigar para la Justicia
Se reestructuró el órgano que rige a los espías; el manejo de fondos, el personal y las tareas de inteligencia
El presidente Alberto Fernández lo había anunciado ante la Asamblea Legislativa y cumplió. El Gobierno oficializó por decreto la modificación de la Ley de Inteligencia, y de esta manera la AFI dejará de investigar para la Justicia. Además, se decretó la desclasificación de archivos de la causa AMIA.
A través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo determinó este jueves la sustitución del artículo 4° de la ley Nº25.520 por lo que ningún organismo de inteligencia podrá: "realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal; obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
La medida se complementa con la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, ya dictada, y la eliminación de los llamados "fondos reservados". Y busca promover "avances respecto de la protección de derechos constitucionales y convencionales de los habitantes de la Nación, el resguardo del Estado de Derecho y el principio republicano de gobierno consagrados en la Constitución Nacional".
En el Decreto 214/2020 que lleva la firma del Presidente y de todo sus ministros, se aclaró que la Agencia Federal de Inteligencia no podrá "influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo".
Tampoco tendrá permitido "revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial".