El Gobierno prepara el “Consejo de Mayo” para reglamentar el Pacto: Mesa chica y escasos opositores
El Poder Ejecutivo dispondrá la creación de un cuerpo interjurisdiccional encargado de pasar al terreno legislativo las iniciativas simbólicas firmadas el 9 de Julio. Los detalles.
Se viene el “Consejo de Mayo”: el Gobierno de Javier Milei encamina ya el decreto que establecerá la creación de una nuevo cuerpo interjurisdiccional a cargo de reglamentar el decálogo de principios políticos firmado por 18 gobernadores el pasado 9 de Julio en Tucumán. El organismo estará conformado por cinco miembros que representarán a las provincias, al sector empresarial, al sindicalismo y a las dos Cámaras del Congreso de la Nación, en una convocatoria que contará con escasa representación opositora.
El denominado “Pacto de Mayo” fue meramente simbólico: su acto de rúbrica cobró nada más que importancia política, y nada menos, para una Casa Rosada en necesidad de cristalizar apoyo en todo espectro partidario. Mas con la iniciativa ya visible en el espejo retrovisor, el Gobierno avanza ahora en su reglamentación, que se producirá a través de un flamante Consejo de Mayo ungido por decreto. La mesa tendrá por objetivo traspasar los diez postulados del acuerdo al terreno concreto y, especialmente, legislativo.
El proyecto será promovido próximamente por el Poder Ejecutivo Nacional y dictaminará la creación de una pequeña entidad interjurisdiccional compuesta por cinco integrantes, a saber: un gobernador provincial elegido entre los 18 firmantes, un diputado y un senador escogidos por sus respectivas Cámaras, un representante del sector empresarial, y un dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT) afín al Gobierno. En tanto, deberá mirar desde afuera la oposición, alejada del Pacto de Mayo y marginada del Consejo.
El decreto fue diseñado por la Secretaría de Planeamiento Estratégico de la Nación que dirige María Ibarzabal y ya fue delegado al secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo, el funcionario al frente de la redacción y aprobación de las disposiciones del Ejecutivo. Con su publicación, la administración de La Libertad Avanza intentará socavar los interrogantes nacidos en torno a la validez legal del documento firmado el 9 de Julio, que en rigor no significó más que un decálogo de consejos políticos con su correspondiente lista de firmantes.