El Gobierno de Javier Milei aprobó el “Reglamento para la Evaluación General de Conocimientos y Competencias” que establece la realización exámenes para todos los empleados públicos de la administración nacional. 

Según Casa Rosada, se trata de evaluaciones de “idoneidad" que buscan garantizar la aptitud de los empleados y optimizar la administración estatal. Sin embargo, para los gremios es una medida que "no tiene lógica" y que solo pretende “hostigar y demonizar” a los  trabajadores públicos.

Los exámenes, de carácter obligatorio, comenzarán en todas las dependencias del Estado Nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Estas primeras evaluaciones serán a modo de prueba, aclararon desde Nación.

“La aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias es un requisito de carácter previo y obligatorio para el ingreso al régimen de empleo público conforme surge de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su Decreto Reglamentario", indica la resolución  26/2024, publicada en el Boletín Oficial. 

"Sin perjuicio de ello, podrá ser requerida para acceder a otras modalidades contractuales, conforme lo determine oportunamente la Autoridad de Aplicación”, añade el documento. 

El examen durará una hora y constará de 24 preguntas, divididas en 8 por módulo para los profesionales y 12 por módulo para administrativos y servicios generales. Habrá tres módulos generales para todas las categorías, “Razonamiento lógico y matemático”, “comprensión lectora” y “generales”, y los profesionales deberán responder un módulo más sobre “Administración Pública Nacional”.

Según el Gobierno, “esta medida marca un avance en la profesionalización del empleo público y responde a la necesidad de construir un Estado más ágil y eficiente”.

Sin embargo, ATE y UPCN critican la decisión del Ejecutivo y no sólo denuncian que se trata de una medida para hostigar a los trabajadores estatales sino que aseguran que es “improvisada” y carece criterios claros para su realización.

Los gremios señalaron que el Sistema de Evaluación Pública (SEP) es "un mecanismo improvisado que vulnera los derechos laborales” que “no contempla la especificidad de las funciones que desempeñan los trabajadores”.

"Es inaceptable que a trabajadores y trabajadoras de oficios esenciales, cuyos contratos datan de décadas atrás, se les exija conocimientos ajenos a sus funciones”, afirmaron.