El INDEC censará por primera vez a personas en situación de calle, pero denuncian “discriminación”
Como nunca antes, el censo nacional de población contará especialmente a las personas sin techo. Sin embargo, las organizaciones que trabajan la problemática denuncian que la metodología favorecerá un “subregistro”.
Por primera vez, el INDEC incluirá particularmente a las personas en situación de calle en el censo nacional. Será a través de un “operativo especial e inédito hasta ahora”, según lo describió en diálogo con Diagonales su responsable, Pablo Ceballos: miles de censistas recorrerán las calles de los principales centros urbanos del país, planillas en mano, durante la noche de este lunes. El objetivo, afirmó el funcionario, será lograr “un buen conteo y una buena caracterización de la población” que no tiene techo, algo que, por obvias razones, no pudo lograrse en los censos anteriores.
“Nunca se había hecho de esta manera y entendemos que así, con un operativo acorde, podemos realmente llegar a captar a la totalidad de las personas en calle”, enfatizó Ceballos. El cuestionario, agregó, será el mismo que leerán los y las censistas durante el miércoles, y el operativo fue coordinado con los Ejecutivos de cada provincia. “Vamos a recorrer las calles de noche, con un jefe de equipo y dos censistas. Irán juntos e irán relevando, a bordo de una camioneta”, especificó. También habrá un censo online para quienes duermen en paradores y centros de día.
Si bien se trata de una innovación histórica para el INDEC, las organizaciones sociales que desde hace años trabajan la problemática no están para nada conformes con cómo se encaró el relevamiento. La ONG Proyecto 7, por caso, radicó una denuncia ante el INADI contra el titular del organismo, Marco Lavagna, “por discriminación hacia las personas en situación de calle dentro del Censo Nacional 2022”.
El planteo de organizaciones como Proyecto 7 tiene que ver con que la metodología que se implementará plagia casi en su totalidad al que suele utilizar el gobierno porteño todos los años, que busca obtener una “foto” de la problemática durante una sóla noche. Según pudo confirmar este medio, el INDEC trabajó en los detalles del relevamiento a la par de los funcionarios del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad. Incluso contrató personal del programa Buenos Aires Presente (BAP) a tal fin.
Para las organizaciones, este método incurre en un “subregistro”, es decir, el número final del conteo es mucho menor a la realidad. De hecho, las organizaciones sociales realizaron su propio censo durante 2017 y 2019, al que llamaron “Censo Popular”. La última vez, antes de la pandemia, contaron 7251 personas en calle, y más de 20 “en riesgo” de estarlo. Siete veces más que los que llegó a registrar la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Alarmados por la situación, desde Proyecto 7 realizaron un acampe frente al INDEC el mes pasado, y forzaron una reunión con Lavagna, pero la discusión no llegó a buen puerto. “Es preocupante que el INDEC y su titular Marco Lavagna avale y tenga alguna connivencia con la metodología y los resultados mentirosos que el gobierno de Larreta viene sosteniendo hace años, el gobierno y partido al cual Lavagna pertenece y representa han sido uno de los principales cuestionadores desde hace años de esta metodología que se inicia con el Gobierno Macrista”, dijeron desde la ONG.
Otras organizaciones, como la Asamblea de Personas en Situación de Calle, que también realizó su propio censo en algunos municipios de la zona sur del conurbano, presentó una carta ante el organismo con varios planteos. “Celebramos que el Estado incluya por primera vez a las personas en situación de calle en el censo nacional, pero nos preocupa que un censo realizado sin las especificidades que requiere una población tan compleja, incurra en un subregistro de datos”, dice el texto.
“Para nosotros el censo se tiene que hacer en una sola noche, para evitar la duplicación de datos”, respondió Ceballos ante la consulta de este medio. El argumento es el mismo que da la ministra porteña, María Migliore.
La preocupación de las organizaciones tiene que ver con que el “subregistro” que denuncian impacta más tarde en el tenor de la política pública. El Congreso sancionó a fines del año pasado la primera ley que garantiza los derechos de los sin techo e implementa una serie de programas de inclusión laboral y habitacional que todavía no fueron implementados. Uno de los artículos de esa ley, precisamente, dice que el INDEC debe hacer un censo específico, que luego servirá para medir la dimensión del problema y adjudicar los recursos correspondientes. Si se incurre en un “subregistro”, los fondos y el alcance de las políticas serán menores.
“Este censo, a priori, no va a servir para hacer política pública”, aclaró Ceballos, aunque deja la puerta abierta a que “eventualmente” eso suceda, y reconoce que el organismo no tiene por ahora fecha establecida para hacer un relevamiento más a fondo: toda la estructura está volcada al censo de población.
“El Indec nunca nos convocó a nosotros ni a ninguna de las organizaciones de compañeros en situación de calle para que tengamos una participación activa en la elaboración del censo”, denunció por su parte Horacio Ávila, referente de Proyecto 7.