El macrismo ya trabajaba una explosiva denuncia penal en 2019 contra referentes sociales
Según pudo saber Diagonales, una funcionaria del gobierno anterior, relacionada con la DAIA, ya recolectaba denuncias anónimas contra referentes sociales por el manejo de planes y preparaba una denuncia penal, que quedó en la nada.
La idea de denunciar por malas prácticas de tipo clientelar a las organizaciones sociales que manejan planes sociales no es exclusiva de este Gobierno. Varios funcionarios del anterior gestión, bajo el ala de la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, ya estaban obsesionados con perseguir dirigentes de los barrios pertenecientes a distintos movimientos y agrupaciones, con ese mismo argumento. Según confiaron fuentes relacionadas al tema a Diagonales, durante el macrismo incluso se estaba preparando una denuncia penal que iba a presentarse a mediados de 2019 en base a acusaciones anónimas que se apilaban en las distintas oficinas del emblemático edificio situado en la 9 de Julio.
Una de las encargadas de esa tarea era Patricia Manusovich, entonces coordinadora del área de Control y Transparencia de la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo de Matías Kelly, otro funcionario que tuvo más de un cruce con los movimientos sociales durante el macrismo. Manusovich se ocupaba “de recibir y dar curso a las supuestas denuncias anónimas”, relatan. “Tenía entre ceja y ceja a varios referentes”, agregan. Por ese motivo tuvo más de un conflicto con Stanley, relatan en los pasillos de Desarrollo, cuando se negaba a firmar partidas presupuestarias para las organizaciones.
Con la aprobación de Kelly, Manusovich, hoy prosecretaria general de la DAIA, acumuló acusaciones “anónimas” contra referentes de distintas organizaciones sociales con asiento en el conurbano, con sus respectivos nombres y apellidos y su militancia orgánica, que repartían en Morón, La Matanza, Berazategui y José C. Paz, entre otros municipios, pero también de provincias como Salta y Jujuy y hasta la Ciudad de Buenos Aires. “Hasta pusieron un sobre en blanco en uno de los pasillos para que los beneficiarios dejaran cartas acusatorias, un disparate”, relatan.
La funcionaria incluso se planteó realizar una denuncia penal, que fue frenada por internas políticas del propio ministerio. El procedimiento era que, luego de pasar por el área de legales de Desarrollo, la denuncia recayera en Comodoro Py. Pero el proceso quedó en la nada, dado que Stanley mantenía con las organizaciones un diálogo al menos cordial. Salvo excepciones, la mayoría de los acusados tenían algún tipo de cercanía y terminaron integrando el Frente de Todos. Casi ninguno pertenecía a la izquierda.
Esta semana, luego de que Cristina Kirchner reclamara una “auditoría” sobre el cobro del programa Potenciar Trabajo (una continuidad del esquema de planes del macrismo), el actual ministro de la cartera, Juan Palbo Zabaleta, informó que “hay 7 mil denuncias concretas de irregularidades, de gente que se veía presionada por tener que movilizar o que les pedían plata”. La política de coleccionar reclamos es una continuidad de la gestión anterior.
El foco, esta vez, es el Polo Obrero. En Comodoro Py ya cursan dos causas contra la organización, una de ellas a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, por “posible conducta extorsiva”. La investigación la motivaron declaraciones del propio referente del espacio, Eduardo Belliboni, quien dijo que los inscriptos por su movimiento dejaban un 2 por ciento a voluntad para sostener los merenderos populares.
Este lunes, las organizaciones de la izquierda realizaron un acto frente a Comodoro Py para rechazar las acusaciones. “Ayer, a 20 años del aniversario del asesinato Maxi y Darío hubo cerca de 50 mil personas, que de alguna manera manifiestan una respuesta a la campaña de ataque y estigmatización del movimiento piquetero. Nos subimos a ese puente nuevamente y así como reivindicamos a Maxi y Darío, reivindicamos la lucha de hoy”, dijo Belliboni.
“El movimiento piquetero viene luchando hace años justamente contra los punteros del PJ, que amedrentan para contener al movimiento popular que quiere enfrentar las políticas que sus intendentes quieren implementar. No van a detener nuestra lucha, no pudieron cuando asesinaron a nuestros compañeros, no lo van a hacer con esta persecución”, agregó.