En medio de la disputa con Edesur por los cortes de luz, el Gobierno fue un paso más allá y decidió impulsar una medida cautelar para evitar la fuga de los directivos de la empresa distribuidora de energía. La acción legal es impulsada por Walter Martello, hombre del massismo y actual interventor del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad.

Asimismo, Martello lanzó el documento donde solicita que se prohíba salir del país a Juan carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovani Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro, con el objetivo de garantizar su presencia para comparecer ante la Justicia.

El documento se presenta como una ampliación de la denuncia que ya está en curso, donde se investiga a la empresa Edesur por el incumplimiento de sus funciones, en relación a la serie de apagones y cortes de luz en todo el territorio del Gran Buenos Aires durante la ola de calor extremo. Por tal motivo, el Gobierno exigió un pedido de informe sobre la operatividad de la empresa, de la que ahora se evalúa quitarle la concesión.  

“En definitiva, estamos ante una situación que, más allá de la falta  de inversión, se ha configurado un estado de déficit de la gestión operativa en términos de atención primaria de reclamos, reposición de suministro, operación de instalaciones, mantenimientos correctivos en tiempo y forma”, expresa el texto y agrega: “La desidia operativa y la falta de protocolos, procesos de buenas prácticas no se relacionan con déficits presupuestarios, sino con la clara intención de los Directivos de EDESUR de frustrar dolosamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión de distribución de energía eléctrica para su área de incumbencia en forma inexcusable”.

En su presentación, Martello sostiene que la medida cautelar persigue el objetivo de “obstaculizar cualquier intento de un individuo para lograr la impunidad” y “evitar el riesgo de que, en este caso, los denunciados puedan frustrar el accionar de la Justicia ausentándose del país”. 

“Las medidas limitativas de la libertad, sólo podrán motivarse en la existencia real de peligro de fuga u obstaculización de la investigación (peligros procesales) y ciertamente la medida solicitada entendemos que es una herramienta a ser utilizada de manera excepcional, porque sabemos que impera la regla constitucional de que toda persona es inocente hasta que se desvirtúe dicho estado mediante una sentencia condenatoria firme”, expresa el documento.